Guerrero se ubica entre las entidades del sur del país cuya oleada migratoria hacia Estados Unidos comenzó a finales de los setenta y se intensificó una década después. Aunque no se cuentan con datos precisos sobre la población de origen guerrerense radicada en el vecino país, de forma conservadora puede estimarse en millón y medio a la que se suma casi otro millón compuesta por descendientes, hijos y nietos nacidos allá, la segunda y tercera generación.
Las migraciones de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y Michoacán están documentadas desde el periodo postrevolucionario; se consideran territorios binacionales porque el número de connacionales fuera se equipara al de sus residentes. La antiquísima tradición de movilidad generó redes, vínculos sociales, económicos e identitarios estrechísimos con sus lugares de origen, aunque sin derecho a la representación política.
Guerrero siguió la estela de entidades que incorporaron en su marco normativo local la representación migrante o binacional en el Poder Legislativo que, en detrimento al propósito inicial de dar voz y visibilizar a esa población, ha tenido efectos perniciosos y amargos. Todo terminó en cuotas y cuates de los partidos políticos, indiferentes por completo de las sensibilidades de quienes viven en el exterior.
En un país de naturaleza migrante, sólo seis estados cuentan con una figura pensada para posicionar a ese sector. Zacatecas (desde 2003), Chiapas (2015), Ciudad de México, (2021), Oaxaca (2024), Guerrero (2024) y Jalisco (2024). En los dos primeros la experiencia resultó fallida y contraria a los intereses de quienes decían representar.
Por citar solo un par de antecedentes, el diputado migrante electo en Chiapas en 2015 por el Partido Verde fue acusado de falsificar el voto por correo electrónico; en Zacatecas el actual legislador renunció en mayo al PRI porque el partido no apoyó su reelección (luego buscaría acomodo en Morena). En todos los casos analizados, quienes llegaron por acción afirmativa migrante no emanaron de organizaciones afines o lo que es peor, resultaron completamente desconocidos y ajenos a sus demandas.
En el plano federal la cosa no es distinta. Para acreditar su carácter de migrante o residir en el extranjero, numerosos candidatos registrados que contendieron en las recientes elecciones por una diputación federal plurinominal presentaron como pruebas, licencias de manejo expedidas en algún estado de la Unión Americana.
Aliadas fundamentalmente con la academia y algunos actores sociales comprometidos con su causa, las organizaciones de migrantes de esos estados persistieron durante años en convencer a la clase política de su importancia, presencia e influencia y tener representación en los Congresos locales; al lograr esa conquista los resultados fueron indeseados.
Para infortunio de nuestros paisanos, Guerrero corrió la misma suerte. La reforma integral a la Constitución impulsada durante el gobierno de Ángel Aguirre en abril de 2014 promovió la figura de diputado migrante pese a la oposición de partidos políticos que la consideraban una prerrogativa innecesaria. El artículo 45 de la renovada Constitución dispone que un diputado de representación proporcional en el Congreso del Estado tendrá el carácter de migrante o binacional, por su parte, el artículo vigésimo transitorio indicaba que la ley electoral del estado definiría el procedimiento para el registro y designación de dicho legislador.
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guerrero publicada dos meses después, dispone en su artículo 17 que la asignación del diputado migrante o binacional corresponderá al partido político que obtenga el mayor número de escaños de representación proporcional, mientras que el numeral 18 lista los requisitos que acreditarán una candidatura con ese carácter: tener residencia binacional; membresía activa en clubes o asociaciones de migrantes o que haya realizado actividades comunitarias entre la comunidad migrante; determinaba asimismo, que la figura sería aplicada en el proceso electoral local de 2018.
Mediante esos cambios se sentaban las bases para una mayor participación y representatividad en el proceso democrático del estado, pero las resistencias y la desafección de la clase política continuarían a lo largo de una década.
Bajo la excusa de una contradicción en dos artículos de la Constitución (19 y 45), el 31 de mayo de 2017 el Congreso del Estado aprobó “postergar las normas que establecen la figura del Diputado migrante o binacional para el proceso electoral de 2021, para generar un escenario favorable a los connacionales guerrerenses que residen legalmente en el extranjero”. Escasas voces desde el exterior reprocharon el desdén.
Al no resolverse la antinomia, el 1° de junio de 2020 el Poder legislativo pospuso una vez más la elección a dicho cargo para los comicios de 2024; casi nadie objetó la medida.
En el fragor de las campañas de este año, el Tribunal Electoral del Estado revocó los registros de las candidaturas migrantes de Morena en respuesta a juicios promovidos por la Asociación Civil Fuerza Migrante; se trataba de la presidenta del Consejo Estatal de ese partido y del hijo del extinto político Luis Walton. El fallo del Tribunal señalaba que el Instituto Electoral no sólo hizo una verificación incompleta de los requisitos para ser diputado migrante, tampoco había realizado un estudio puntual sobre la certeza e idoneidad de los documentos que acreditaran la calidad de migrante o binacional, la residencia o la vinculación con la comunidad guerrerense en el exterior y el impulso de los derechos de los migrantes.
Una semana después el entonces candidato pluri de Morena por la cuota migrante, Lloyd Walton, se dijo confiado en su registro porque cumplía con las reglas y aseguraba que su postulación estaba muy firme. Razonaba a su favor, que tenía una abuela nacida en Estados Unidos, mamá norteamericana y empresas en Estados Unidos que generaban empleos, tal como consignó El Sur el 9 de mayo. Y aportaba elementos adicionales a la opinión pública que no le conocía para sostener su candidatura: haber estudiado en la Universidad de Pensilvania y tener vínculos con los norteamericanos.
En la asignación de diputados de representación proporcional que hizo el Instituto Electoral el 9 de junio, Lloyd Walton obtuvo un escaño en la próxima legislatura porque fue Morena el partido más votado. Consciente debe estar de la magnitud de su responsabilidad un personaje desvinculado de las numerosas comunidades de guerrerenses en territorio estadunidense que es la de amplificar su voz, hacer notar su relevancia y dar cauce a sus demandas.
La migración es forzada o voluntaria. La primera es la que se han visto obligados a seguir miles de paisanos los últimos cincuenta años ante la falta de oportunidades laborales, de futuro educativo, de acceso a servicios básicos y últimamente, por la inseguridad enquistada en toda la geografía suriana. Optan por la segunda aquellos que han logrado asegurarse un empleo o continuar sus estudios superiores.
Resulta que la amplia comunidad migrante guerrerense radicada en Estados Unidos no tiene un perfil siquiera aproximado a la del diputado migrante electo. Jóvenes y adolescentes, mujeres y hombres, cruzaron sin documentos la frontera, consiguieron un empleo, formaron familias; con esfuerzo, sudor, perseverancia y mucha disciplina lograron un patrimonio y en muchos casos, han dado a sus hijos educación en las más prestigiosas universidades norteamericanas.
No existe una tipología del migrante guerrerense. Por falta de espacio no puedo enumerar decenas de ejemplos de talentosos empresarios, managers, empleados de fábricas, oficinas, el sector de los servicios o chefs reconocidos globalmente que tuvieron literalmente, que hacer la larga travesía por el desierto para labrarse una carrera no exenta nunca de obstáculos. Que además contribuyen de diversas formas con sus pueblos mediante obras comunitarias y apoyos sociales.
Como el dinero que envían a sus familias que dinamiza la economía de las 6 mil 400 comunidades que tiene la entidad según el Inegi; ¿qué dimensión tendría la pobreza y marginación en el estado sin las remesas?, hace falta contar con estudios que profundicen al respecto. En los últimos cinco años el monto de remesas enviadas a los familiares que se quedaron alcanzó los 12 mil 664 millones de dólares, casi tres veces el presupuesto total que ejerce este año el gobierno estatal (80 mil millones de pesos).
A contracorriente de los partidos de todo el arco ideológico, los guerrerenses radicados en la Unión Americana pueden decir que ya cuentan con un diputado afín, en reconocimiento a su aporte y a su presencia binacional, aunque de origen este sea ajeno al espíritu que impulsó esa figura y a las causas más sensibles de esas comunidades. Al final todo quedó como lo pensaron los partidos.
Guerrero les cumplió a medias.

* El autor fue secretario de los Migrantes y Asuntos Internaciona-les del gobierno de Guerrero entre 2012 y 2015.