Humberto Musacchio
Julio 27, 2023
El 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial, para entrar en vigor al día siguiente, la reforma electoral que transformó al IFE en INE, estableció la reelección de diputados y senadores, aumentó a los partidos de 2 a 3 por ciento el mínimo de votación necesario para seguir con vida, dispuso la paridad de género en los comicios legislativos federales y locales y, entre otras cosas, adelantó un mes la votación (del primer domingo de julio al de junio) y otro tanto la toma de posesión del Presidente, del primero de septiembre al primero de agosto, fecha en que deben instalarse las cámaras de Diputados y Senadores.
Se puede discutir si cada una de las reformas era procedente, pues, por ejemplo, lo referente a la reelección de diputados y senadores contraviene el principio de no reelección, que fue una de las principales banderas de la revolución y del Constituyente de Querétaro, lo que no impidió la reforma ejecutada en el cuatrienio de Plutarco Elías Calles, destinada a propiciar el retorno de Álvaro Obregón a la Presidencia, en 1928, lo que impidió José de León Toral mediante el recursos de darle seis balazos al reelecto.
Ante lo ocurrido, se eliminó de nuevo la reelección y Calles impuso su maximato para seguir reinando, por lo cual las fuerzas políticas lo reconocieron como quien tenía la última palabra y con frecuencia la primera en la toma de decisiones. Así funcionó el gobierno mexicano desde el asesinato de Obregón hasta que Lázaro Cárdenas echó del país al llamado “Jefe Máximo”, después de que tres presidentes (Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez) aceptaran someterse a Calles.
Con Cárdenas se inicia un proceso menos grosero, que fue la llamada monarquía sexenal, en la que el presidente en turno disfrutaba de un poder casi omnímodo –a veces sin el casi–, pero que al final de su gestión debía entregar sin remilgos el poder a quien fuera su sucesor. Con el tiempo, el candidato del partido oficial fue ganando poder desde el momento mismo de su nominación, como probablemente ocurrirá ahora si se cumple lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que en septiembre, la corcholata que sea destapada asumirá funciones que rebasan por mucho la mera candidatura, lo que constituye una forma de priismo sin el PRI.
Otro punto discutible es el referente a la votación mínima para conservar el registro, tener diputados plurinominales, disfrutar de tiempos en radio y televisión y recibir los dinerales de las prerrogativas. Para la chiquillada resulta difícil contar con el 3 por ciento de los votos para conservar su registro, pues por citar un caso, el PRD ya lo perdió en varios estados.
Pero hay un asunto que estuvo mal legislado y del que, al parecer, hasta ahora se dan cuenta partidos y diputados, y es que la actual Legislatura acaba el último día de agosto de 2024, en tanto que la próxima deberá instalarse e iniciar sus tareas el día primero del mismo mes. Si esto no se resuelve, durante todo agosto del año próximo México tendrá sesionando dos legislaturas simultáneamente.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista, informó que desde marzo hay una iniciativa de la coalición Va por Mexico para destrabar el asunto, pero la Comisión de Puntos Constitucionales la mantiene congelada. Ahora, con el tiempo encima, algo tendrán qué hacer para darle una salida más o menos aceptable al caso.
Para los actuales levantadedos, sería más que aceptable irse a su casa un mes antes, recibir por adelantado las dietas de un mes, su pago de marcha y otros dineros que suelen repartirse con largueza a esos legisladores que no legislan, sino que simplemente acatan la voz del amo.
Pero habrá conflicto si la oposición en su conjunto se niega a aceptar un acuerdo como el citado, pues los mexicanos los elegimos para un periodo de tres años, no de 35 meses. Podría llegarse a un acuerdo, pero no se ajustaría a los mandatos constitucionales. Por si hiciera falta, con la polarización presente cualquier cosa puede pasar. Y todo porque los integrantes de la LXII Legislatura, encabezada por Emilio Gamboa Patrón, no leyeron el texto que se votaba, pero cobraron como si de veras les interesaran su trabajo y su función.