El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos guerrilleros más grandes y antiguos que aún operan en Colombia, acordaron implementar un alto al fuego bilateral de seis meses a partir del 3 de agosto próximo. El Presidente Gustavo Petro prometió durante su campaña luchar por una plataforma de “paz total” mediante la búsqueda de un alto al fuego con los grupos armados que continúan operando en Colombia. Considerado como el primer presidente de izquierda del país, Petro ha buscado distanciarse de las tácticas más agresivas de sus predecesores.
El acuerdo surge luego de meses de negociaciones secretas en Cuba, México y Venezuela, y fue ratificado el viernes durante una ceremonia en La Habana presidida por Gustavo Petro, su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel y el comandante en jefe del ELN, conocido por su nombre de guerra, Antonio García. Ambas partes también se comprometieron a realizar más negociaciones en Venezuela a partir de agosto. Cuba, México, Noruega y Venezuela han actuado como “garantes” de los diálogos de paz, así como las Naciones Unidas y la iglesia católica colombiana.
El gobierno colombiano y el ELN han estado involucrados en negociaciones de paz desde al menos 2012, pero el alto al fuego de seis meses acordado el viernes es el más extenso desde que se formó el grupo guerrillero en 1963. En enero de 2019, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, suspendió las conversaciones de paz después de que el ELN matara a 22 cadetes en un ataque contra la academia nacional de policía en Bogotá, Colombia.
En este sentido, el acuerdo del viernes pasado es diferente al de 2016, histórico, entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otro grupo guerrillero que opera en el país desde la década de 1960 y fue disuelto en 2017, aunque todavía existan disidencias activas en algunas partes del país. Considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, el ELN está acusado de estar involucrado en la producción y tráfico de cocaína para financiar sus operaciones. El ELN todavía está presente en grandes extensiones del campo colombiano y opera una fuerza militar de varios miles de hombres según analistas militares y el ejército colombiano.
Para el gobierno de Gustavo Petro, este acuerdo se produce en un momento crucial para su gobierno, que se encuentra inmerso en una serie de escándalos. El más importante de todos está ligado al conflicto, ya descrito en esta columna en una edición anterior, entre la ex jefa de gabinete del Presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, y el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Tras acusaciones mutuas de escuchas telefónicas ilegales, así como filtraciones de supuestos abusos de autoridad de parte de ambos funcionarios, los dos tuvieron que renunciar a sus cargos mientras la justicia dirime las acusaciones correspondientes.
Por otro lado, la búsqueda de Petro de la “paz total” ha experimentado altibajos: a fines de diciembre, el presidente de Colombia anunció prematuramente un alto al fuego de Año Nuevo con el ELN que luego tuvo que retirar.
Las conversaciones con otros grupos armados se han interrumpido en medio de oleadas de violencia. Por ejemplo, en mayo, el gobierno suspendió un alto al fuego en ciertas partes del país con un grupo armado, el Estado Mayor Central (EMC), luego de que el grupo matara a varios adolescentes indígenas. Por su parte, la Cruz Roja ha informado a principios de este año que si bien la violencia entre militares y organizaciones rebeldes disminuyó en 2022 tras su llegada al poder, los colombianos continúan siendo desplazados y mutilados mientras los grupos armados luchan por el control del territorio y los recursos. En este sentido, el anuncio del cese al fuego entre el Gobierno y el ELN es una buena noticia. Pero no será suficiente, per se, para traer la “paz total” que Colombia anhela.

* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

Twitter: @Gaspard_Estrada