Con la extinción de 13 fideicomisos, se consumó en el Congreso el golpe al Poder Judicial de la Federación. Los legisladores, actuando como meros guaruras del Ejecutivo, cumplieron las órdenes sin mayor discusión, pese a saber que los sexenios duran seis años, pero que el desprestigio se queda como mancha en el rostro, seña de identidad de quienes traicionan los principios (cuando los tienen), muestra de su desprecio por la Constitución y la vida republicana.
No es poca cosa que una figura de nuestra vida pública, como Olga Sánchez Cordero, repruebe de manera directa e inequívoca el despojo. La intervención de la senadora de Morena fue contundente, al señalar que el hecho de que “dos poderes de la Unión se coaliguen para intervenir directamente en la administración interna de un tercer Poder, no es un ejercicio republicano”.
La ex presidenta de la Suprema Corte fue más lejos, pues dijo que al extinguir los fideicomisos, los legisladores estarían “validando la disposición de un dinero que no fue brindado únicamente por el prespuesto federal, sino que contiene recursos aportados por las servidoras y servidores públicos”, sí, porque ahí se incluyen fondos de ahorro de los trabajadores y reservas destinadas a prestaciones de orden laboral, como es el Fideicomiso de Mantenimiento de Casas Habitación de Magistrados y Jueces, creado para su protección, pues con frecuencia sus fallos concitan el odio y las venganzas de los delincuentes.
Sobra decir que la intervención de la ex ministra Sánchez Cordero puede ser causa de su muerte civil, pues en Palacio no se perdona a quienes piensan con cabeza propia, y aunque formalmente los legisladores de Morena no son criados del Presidente, en su mayoría suelen asumirse como tales, lo que muestra la vigencia de los usos y costumbres heredados del priismo absolutista y depredador.
Otro senador del partido guinda que mostró dignidad fue Alejandro Rojas Díaz Durán, quien se negó a convalidar el atraco, pues dijo que él estaba ahí para defender la Constitución, la justicia y la verdad: “Yo milito en Morena y Morena también tiene que respetar la Constitución”, dijo contundente.
Pese a la importancia de las intervenciones disidentes de esos morenistas, el mayor costo de este despojo ya lo empezaron a cobrar los trabajadores del Poder Judicial, quienes han salido a la calle en defensa de sus derechos y su patrimonio, aunque, desde luego, no es esperable que el gobierno se vaya a mostrar solidario con sus demandas, pues ya el presidente López Obrador se atrevió a decir que la manifestación del lunes fue “una marcha del bloque conservador”, con lo cual metió a esos trabajadores en el saco donde acomoda a quienes tilda de enemigos.
Los afectados son 50 mil empleados en las nóminas del Poder Judicial, así como sus familias. Ellos, sus parientes, vecinos y otras personas entenderán que los mexicanos estamos ante una ruptura del orden constitucional, violación cometida desde el poder.
Por supuesto, la actual administración federal no simpatiza con los trabajadores, como lo evidencia la destrucción del sindicato de Notimex, la indiferencia ante los problemas planteados por diversos núcleos de mineros o la luna de miel que vive el gobierno con los líderes charros, los que incluso han estado en Palacio como invitados de honor.
La embestida contra el Poder Judicial continuará sin tregua, porque se trata de doblegar a los ministros, en especial a doña Norma Piña, actual presidenta de la Suprema Corte. Podemos esperar aún peores barbaridades, pero al llegar a tales extremos la megalomanía del que manda, se echan nuevas paletadas de tierra sobre las promesas de campaña y encima de las expectativas que despertó en la sociedad. Los costos del desaguisado serán muy altos para Morena y los pagará con votos y un desprestigio que crece entre los sectores mejor informados, como lo constataremos el año próximo, pese al triunfalismo morenista.
Es del todo reprobable la agresión de Hamas (Jamás) contra civiles israelíes, pero eso no justifica que por órdenes del nazi Netanyahu se asesine a miles de palestinos. Urge la intervención de China, la India y otras naciones para imponer un cese al fuego y sentar a las partes a negociar.