El rezago agrario es la acumulación de problemas y gestiones diversas que no se han realizado en los núcleos agrarios durante muchos años.
En 1992, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari reformó el Artículo 27 Constitucional y promulgó una nueva Ley Agraria para abrir la puerta a la privatización de la propiedad social de la tierra. Los cambios, se decía, eran “para dar certidumbre jurídica a la propiedad de la tierra de los campesinos”, pero en realidad tenían el propósito de impulsar su privatización. Para justificar esta acción se declaró el “fin del reparto agrario”.
La nueva legislación dio pie a que se promoviera el cambio del sistema de propiedad social por el de “dominio pleno”; ya con títulos de propiedad privada, se tenía la “libertad” de vender las parcelas. Como resultado, la propiedad social se redujo al 50.7% del territorio nacional; se privatizaron más de 4 millones de hectáreas, surgieron además nuevas formas de rentismo en más de 10 millones de hectáreas. Aparecieron nuevos terratenientes y grandes conflictos originados por los vacíos legislativos y la corrupción.
Para operar esta política privatizadora se instituyó a la Procuraduría Agraria (PA) con la misión de defender los derechos agrarios. Se crearon los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) cuyo propósito era administrar la justicia agraria. Y el Registro Agrario Nacional (RAN) para brindar la seguridad documental derivada de la aplicación de la Ley Agraria.
No obstante, durante más de tres décadas, los ejidos y las comunidades sufrieron procesos de desarticulación de su vida orgánica, a causa de la descoordinación institucional, apatía de los servidores públicos, desinformación de los sujetos agrarios, falta de presupuesto al sector, burocratismo y corrupción, intermediarismo agrario y marginación de los comisariados.
A pesar de que la atención de estos problemas constituye la esencia de las instituciones agrarias, año con año, aún en tiempos de la Cuarta Transformación (4T), el rezago agrario sigue creciendo como una inmensa masa de material radioactivo.

Los comisariados, actores emergentes

Durante la primera etapa de la 4T, empezaron a soplar nuevos aires en el sector agrario. El proceso comenzó en Guerrero y poco a poco se fue extendiendo como una chispa a todo el país. En 2021 en una convención agrarista realizada en Zumpango del Río, a la que acudieron poco más del 80% de los núcleos agrarios, se constituyó la Coordinadora de Comisariados de Guerrero; dos años después, el 10 de abril del 2023, se constituyó la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades (CNEC) en el marco de la primera Convención Nacional Agrarista que concentró en la Ciudad de México a más de 5 mil representantes agrarios. Se cristalizó así un modelo organizativo innovador que bajo la bandera de “nuevo agrarismo y gobernanza a ras de tierra” propicia la coordinación de los comisariados a escala municipal, regional, estatal y nacional.
Con estos instrumentos de coordinación, los comisariados comenzaron a incidir en los programas productivos federales (Fertilizante, Precios de Garantía, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar). A pesar de los vicios prevalecientes en las instituciones agrarias, mediante el diálogo, y en ocasiones con la presión social, se han empezado a revertir algunos problemas crónicos del campo.

El rezago agrario en la segunda etapa de la 4T

En octubre del año pasado, una vez iniciado el gobierno de Claudia Sheinbaum, la CNEC logró un acuerdo con los nuevos titulares de las instituciones para que retomaran las gestiones contra el rezago agrario. En este sentido, en mayo del presente año, se cristaliza el “Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para los servicios que se realizan ante la PA”, y el pasado 11 de septiembre se firman las “Bases de Colaboración 2025/30 entre la PA y el RAN”, para abatir el rezago agrario. Con estos compromisos, el RAN y la PA reconocen que el rezago agrario afecta a los 32 mil 266 núcleos agrarios que hay en el país en donde viven alrededor de 5.5 millones de sujetos agrarios.
Las cuatro principales gestiones que se podrán atender mediante la suma de esfuerzos de las instituciones del sector agrario y los comisariados, son las siguientes:
Actualización de órganos de representación. Solo el 48% de los núcleos agrarios tienen autoridades vigentes.
Actualización de padrones. De las 8 mil 764 solicitudes de depuración de padrones que ha recibido el RAN (27%), solamente se han actualizado el 4.9%.
Elaboración o actualización del reglamento interno. Se cuenta con 8 mil 220 reglamentos inscritos en el RAN, el 25% del total. Y de éstos la mayoría no están actualizados.
Depósito de la lista de sucesión. A la fecha 3.5 millones de sujetos agrarios han depositado su lista, lo que representa el 64% del total.
Mediante la coordinación de los comisariados, que organizan la demanda, se realizan “jornadas itinerantes” en donde la PA y RAN acuden a atender las gestiones. Para complementar estas acciones, la PA ha venido habilitando Centros de Atención Agraria (CDAA) en ciertos municipios y microrregiones, para mejorar los servicios agrarios. En estos centros (serán 1,000 en todo el país y en Guerrero 51) se brindará atención expedita a los núcleos agrarios, se facilitará la organización de los comisariados, así como los trámites por internet.
No obstante estas nuevas medidas, la historia reciente enseña que el combate al rezago agrario solo será posible con una auténtica coordinación interinstitucional del sector agrario federal y con la intervención organizada de los comisariados ejidales y comunales.
Empezando a resolver el rezago agrario, se podrá avanzar con más fuerza en los pendientes de producción, medio ambiente y pacificación del campo; y de esta forma construiremos al sujeto social que garantice la transformación.