El pasado domingo, los chilenos fueron a las urnas para responder a una pregunta a la vez simple y fundamental para el futuro del país: ¿Chile debe tener una nueva constitución? La respuesta, por segunda vez en menos de dos años, fue contundente: más del 55 por ciento de los electores que fueron a las urnas (el voto es obligatorio en Chile para las personas empadronadas) respondieron que no. Lo interesante del caso es que la propuesta Constitucional presentada a los electores es diametralmente inversa a la primera opción: en un caso (la primera Convención Constituyente), la filosofía del texto era marcadamente de izquierda, con propuestas legales inspiradas por los movimientos sociales que tuvieron buena parte de la representación en ese proceso (movimientos feministas, dirigentes de la causa ambiental y del movimiento indígena). En el otro, las fuerzas de derecha radical y de extrema derecha, representadas por los líderes del Partido Republicano (encabezado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast), tampoco fueron capaces de construir una mayoría política en torno a su proyecto constitucional.
De manera que la Constitución instaurada en 1980, es decir, durante el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, seguirá vigente por varios años más. La paradoja de este resultado es que, desde hace ya varias décadas, Chile reclama cambios profundos, en particular en lo relativo a la relación entre el Estado y la sociedad. Y cuando finalmente la ciudadanía y las instituciones deciden abrir la posibilidad de un cambio, ya sea a la izquierda o a la derecha, las divisiones y la polarización política y social de los chilenos pueden más que la voluntad de cambio y de transformación del orden constitucional. Para entender mejor el porqué de este bloqueo, es necesario ir hacia atrás.
Con el fin de la dictadura militar, buena parte de los analistas políticos y de la propia clase política estimaban que una reforma progresiva de las instituciones sería posible. En este sentido, durante los gobiernos de la llamada “Concertación”, es decir, los gobiernos de centro izquierda de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet, no fue una sorpresa que varias voces dentro de la politica –así como en el seno de la sociedad civil y de los movimientos sociales– reclamaran cambios institucionales de fondo. Si bien Lagos y Bachelet lograron llevar a cabo algunas reformas legales (en particular, en materia tributaria, educativa e institucional), la verdad es que estas evoluciones no colmaron las expectativas de cambio de la propia base política y social de la izquierda: de hecho, el nacimiento político de la actual generación dirigente de Chile, encabezada por Gabriel Boric, se llevó a cabo en respuesta a la incapacidad de la “Concertación” a llevar a cabo las reformas de fondo prometidas.
Cuando la derecha regresó al poder en 2018, de la mano del empresario Sebastián Piñera, la tensión social aumentó, a pesar de que los indicadores macroeconómicos daban cuenta de un país relativamente próspero y tranquilo, comparado a sus vecinos (Argentina, Perú o Bolivia). Pocos meses después de su toma de posesión, en 2019, la región comenzó a ser sacudida por una serie de manifestaciones. Chile no fue la excepción. Lo que pasó a llamarse la “primavera chilena” le dio un nuevo impulso a la voluntad de cambio radical de las instituciones chilenas, en particular a la demanda de una nueva Constitución.
Así, a pesar de su relativo aislamiento frente a la élite política tradicional, Gabriel Boric logró construir una narrativa de campaña convincente, que le permitió rebasar las candidaturas de los partidos políticos tradicionales del centro izquierda. De esta manera, parecía que el horizonte natural para su presidencia sería la aprobación de una nueva Constitución, lo que coronaría su ambición reformista y la de su generación. No fue el caso.
En este sentido, Gabriel Boric se encuentra frente al desafío de darle un nuevo significado a su mandato para evitar que, de la misma manera que sus antecesores de izquierda como de derecha, su presidencia sea recordada como una más.
* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en Paris

Twitter: @Gaspard_Estrada