La doctora Margarita Ríos-Farjat, poeta que actualmente dirige el Sistema de Administración Tributaria, informó que se ha detectado a ocho mil 204 empresas que se dedican a simular operaciones mercantiles, para lo cual expiden facturas falsas que suponen una evasión fiscal por 354 mil millones de pesos, pues quienes las adquieren aumentan en forma ficticia sus gastos y de ese modo pagan menos impuestos.
Se estima que el monto de esa facturación, de 2014 a la fecha, asciende a 1.6 billones de pesos que han permitido la evasión fiscal a múltiples empresas, esas sí formalmente establecidas, las que operan en la ciudad de México, Jalisco, Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato y Puebla, entidades que concentran la mayor parte de la economía nacional.
Lo más grave es que funcionarios del SAT están involucrados en la creación de las llamadas factureras, que no en todos los casos son firmas fantasmales, aunque aclaró la funcionaria que eso “es presuntivo” (presumible), pero que se está preparando el siguiente paso. Por lo pronto “alrededor de una media docena de servidores públicos” fueron separados de sus cargos y Hacienda ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Para colmo, el “huachicoleo en las facturas” (AMLO dixit) no sólo es causa de evasión en el impuesto sobre la renta, sino que además, al generarse saldos a favor del causante, se compensan con la devolución del IVA o con el abono del mismo saldo a la declaración anual, por lo cual se incurre en fraude al fisco y en lavado de dinero, lo que debería ameritar cárcel.
Andrés Manuel López Obrador anunció que terminará con “la gran transa” que daña al fisco en gran escala, pues ya hay una iniciativa de ley que convertirá en delito grave la simulación de operaciones, la emisión de facturas apócrifas y suponemos que también la recepción o compra de tales documentos, lo que se castigará con cárcel y sin derecho a fianza.
Generosa, Ríos-Farjat hizo un llamado a quienes incurrieron en falta, ya sea vendiendo o comprando facturas falsas, para que corrijan su situación, porque cualquier contribuyente –dice la funcionaria—“por error o lo que sea”, puede tener uno de esos papeles fraudulentos, hecho que lo obliga a regularizar su situación, reconocer que se equivocó y que dedujo una factura falsa “por error”. El exhorto de doña Margarita es para que los contribuyentes corrijan los aspectos delictivos de su contabilidad “antes de que lleguemos nosotros”, dijo en plan de advertencia.
Sorprende que en sexenios anteriores no se haya perseguido esta facturación apócrifa, pese a que las autoridades estaban enteradas del ilícito y el Servicio de Administración Tributaria debió detectar no pocas operaciones realizadas al margen de la ley. Sin embargo, no se sabe que los responsables del SAT hayan mostrado interés en la persecución y captura de los responsables.
Al respecto, podría preguntarse si se pretendía amparar de facto a los delincuentes, si algunos altos funcionarios se hallaban involucrados, si se optó por la pasividad debido a la indolencia burocrática o si simplemente les ganó la abulia. En cualquier caso, valientes funcionarios fiscales, que se muestran muy enérgicos y legalistas con los pequeños causantes y en cambio se agachan ante los poderosos.
Hoy, como ocurre con los huachicoleros y otros delincuentes, nuevamente hay una estentórea denuncia, pero no se sabe de órdenes de aprehensión ni que se hayan producido detenciones. Es más: desde el primer momento, Hacienda pudo conocer los nombres de las firmas factureras y, con nombre y apellidos, de los compradores de sus papeles falsos. Sin embargo, no hay culpables en la cárcel, no se sabe que algunos estén procesados ni que se hubiera recuperado dinero, pese a que se le quitan al Estado recursos que sirven para resolver problemas sociales.
Es gravísimo que se incurra en ese fraude fiscal maquinado, pero ya que se dio a conocer el asunto, sería imperdonable que otra vez todo quedara como antes con el argumento de que el actual gobierno no es represor. Una función inherente al Estado es la represión del delito y la delincuencia. Lo menos que los ciudadanos podemos pedir es que se proceda como dicta la ley. Lo demás es demagogia.