De acuerdo con la UNESCO, de los 235 millones de estudiantes que cursan la educación superior, seis millones están matriculados fuera de su país. La cifra parece enorme, pero resulta mezquina si recordamos que actualmente el mundo está poblado por ocho mil millones de seres humanos.
Se estima que en América Latina, la matrícula en la educación superior absorbe entre 40 y 50 por ciento de los jóvenes en edad de cursarla, lo que se ve bien, sobre todo si consideramos que el África subsahariana, de su población en edad de cursar estudios superiores, sólo tiene matriculado al 9 por ciento. Sin embargo, México está lejos del rango que ocupan Estados Unidos, Europa u Oceanía.
Entre los años 2000 y 2022, la inscripción de los jóvenes en estudios superiores pasó de 23.1 a 54.1 por ciento, lo que “representa un aumento de 155 por ciento”, según el informe titulado El derecho a la educación superior en América Latina y el Caribe (citado por Laura Poy Solano, La Jornada, 3/I/24). Pero el entusiasmo que puede despertar el dato se apaga ante otra realidad contundente, pues los jóvenes de las familias más pudientes tienen seis veces más inscritos que quienes provienen del quintil más bajo de ingresos.
En países como México, donde se ha trabajado para ampliar la matrícula, es un hecho la caída del nivel académico, pues basta ver la deplorable situación del magisterio universitario, del cual 80 a 85 por ciento no dispone de seguridad en el empleo, lo que se traduce en bajos ingresos, carencia de seguridad social y otras prestaciones, situación que incide en un bajo nivel académico.
De ahí que, mientras en la década de los sesenta la matrícula en universidades privadas era de apenas poco más de tres por ciento, hoy pasa de 40 por ciento, pues las familias que pueden pagar educación en instituciones particulares no dudan en llevar ahí a sus hijos, e incluso las que no tienen una situación boyante realizan grandes esfuerzos para cumplir con las colegiaturas y otros gastos, todo en aras de dar a los jóvenes una mejor formación.
Hoy existen en México diversas vías para quienes desean estudiar en el extranjero. Hay varios sistemas de becas y concursar por ellas está al alcance de quienes tengan calificaciones aceptables. Por supuesto, no han faltado problemas, pues durante los gobiernos panistas se negaba beca a los aspirantes a ciertas maestrías con los pretextos más absurdos. Hubo un alto funcionario que justificaba esa discriminación diciendo que “no hay becas para maestrías en ciencias sociales”, pero lo decía cuando el caso a discusión era una maestría en estudios sobre China (mandarín incluido), precisamente cuando China estaba desplazando a México a un segundo lugar como abastecedor de Estados Unidos y Canadá, pese a que para entonces ya existía el Tratado de Libre Comercio con esos dos países de Norteamérica.
Ese funcionario tenía una mísera comprensión de lo que México necesitaba, de los cuadros que debía preparar para el futuro y aún para el presente. Pero el asunto iba más lejos, pues era la política oficial de organismos como el Conacyt, hoy en guerra contra nuestros científicos.
Pese a todo, según el Institute for International Education, antes de la pandemia eran alrededor de 16 mil mexicanos los que estudiaban en universidades de Estados Unidos. Lo lamentable es que para esos paisanos no es fácil reintegrarse a su país de origen.
Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, declaró recientemente que un millón 600 mil profesionistas mexicanos viven en el extranjero. De ellos la cuarta parte tienen estudios de posgrado y viven en 55 países, lo que significa que sus posgrados, en muchos casos obtenidos gracias al dinero público, no han servido a su país de origen.
La inmensa mayoría ha intentado volver y ocuparse aquí, pero las oportunidades son pocas y los ingresos ínfimos. En el mejor de los casos, cuando la oferta de empleo en este país incluye un cargo ejecutivo, el estipendio no llega siquiera a la mitad del que se tiene en Estados Unidos por puestos de menor responsabilidad, como el ejercicio magisterial.
México no cuenta con una política eficaz de repatriación de talentos. ¿La tendremos en el próximo sexenio?