Si hablamos del México de 2024 hablaremos prácticamente de un país donde defender el territorio equivalía lo mismo que a una sentencia escrita de muerte. Y hasta la fecha, aunque 2024 fue uno de los años más violentos para las personas defensoras del territorio. Crimen organizado, gobierno y empresas son los responsables de estas agresiones.
En 2023, Voces silenciadas, el más reciente informe de Global Witness, señalaba a México como el cuarto lugar del mundo en asesinatos a personas defensoras del medio ambiente. De acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 138 personas defensoras y periodistas fueron víctimas de asesinato en el país entre 2019 y 2023.
Con cifras de 2024, el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentado hace unas semanas es contundente: Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz –donde el CNI ha plantado resistencia desde hace décadas– son hoy los estados más peligrosos para defender la tierra.
Pero no son casos aislados los que recopila Cemda. Se trata de 25 asesinatos políticos, 25 respuestas del capitalismo depredador abrigado por el actual necrogobierno contra quienes se atrevieron a decir “ya basta”. Entre ellos, personas defensoras que el Congreso Nacional Indígena (CNI) no olvida: luchadores y luchadoras que caminaron bajo la consigna zapatista del “mandar obedeciendo”.
El informe detalla que 21 fueron homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas: Carmen López Lugo (Chiapas, CNI, 12/01); Javier Ochoa Tejeda (Veracruz, opositor a un relleno sanitario, 13/02); los guardabosques José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro (Puebla, 25/02); la familia López: Ignacio, Isidra Sosme, Rosalinda, Alfonso, Teresita, Yohari y Dolores (Chicomuselo, 12/05); Minerva Pérez Castro (Baja California, pesca sustentable, 08/07); Antonio Regis Nicolás (Michoacán, Santa María Ostula, 07/05); Marcelo Pérez Pérez (Chiapas, sacerdote tzotzil, 20/10); Abraham Alejandro Gobel Gómez (Jalisco, calidad del aire, 04/11); Marcos Sánchez Perea (Puebla, comisario ejidal, 27/11); los hermanos Alberto y Jorge Cortina (Veracruz, defensores del agua, 20/06); las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García (Oaxaca, movimiento triqui, 06/11); Ricardo Lagunes Gasca (Colima, abogado nahua); Silvia López Méndez (Yucatán, antiporcicultura); Fernando Torres García (Baja California, kumiai) y Carmen Mendoza Bautista (Guerrero, antiminería).
Del total de 236 agresiones perpetradas el año pasado, los tipos más documentados fueron la intimidación (27), el homicidio (21), hostigamiento (23), criminalizaciones (20) y difamaciones (19).
Cemda documentó que el Estado mexicano fue el principal agresor. Su responsabilidad ocurrió en 62 eventos de agresión de un total de 94. Es decir: 65.9 por ciento de las agresiones contra defensores del territorio en el país. Este porcentaje aumentó drásticamente, considerando que en 2023 la cifra fue 49.5 por ciento. El informe hace hincapié en el incremento de la cantidad de agresiones en las que participaron empresas privadas y grupos del cimen organizado: un total de 25 y 17 eventos de agresión, respectivamente.
Según las conclusiones publicadas por la organización oaxaqueña Educa, Oaxaca es la entidad que encabeza la lista de agresiones contra personas defensoras, con 15 casos, Chiapas, 9; Michoacán, 9; Puebla, 9; Veracruz, 8. “En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados en el país”, lo cual equivale a 53.1 por ciento. En estos estados se documentaron 127 agresiones específicas de un total de 236, lo cual representa 53.8 por ciento. “Otros estados con un número alto de eventos de agresiones fueron Quintana Roo (7), Ciudad de México (7), Sonora (5) y Baja California Sur (5)”, señala Educa.
La misma organización, a través de su conteo sobre agresiones a personas defensoras, ha documentado que el sur-sureste del país es la región más peligrosa para la defensa comunitaria. En los últimos seis años solamente, Oaxaca registró 58 personas defensoras asesinadas. Le siguen Guerrero, con 39, y Chiapas, con 17. Estos 114 homicidios de personas defensoras en el sur-sureste representan 51 por ciento de todos los casos en México.
El CNI lo ha dicho desde 1996: “No queremos desarrollo, queremos vida”. Pero el Estado insiste en traducir vida como mercancía. AMLO dejó un infierno de agresiones a defensores ambientales, y el gobierno entrante sigue el mismo libreto: megaproyectos con disfraz de progreso; balas para quien se oponga. El crimen organizado opera como ejército irregular de este despojo, pero los mandatos vienen de arriba.
La ONU-DH señala que 90 por ciento de estos crímenes nunca se investigan. Es la ley no escrita del capital: si matas al defensor, matas la resistencia. Pero los pueblos en resistencia saben que la memoria es semilla.