CANAL PRIVADO

Tiene razon el alcalde Alberto López Rosas cuando dice que el transporte es la principal debilidad del municipio de Acapulco. Y no es que descubra el hilo negro –pregúntenle a cualquier sufrido cristiano en la calle–, pero se agradece que al menos lo reconozca públicamente, después de todo no es algo a lo que nuestros gobernantes nos tengan acostumbrados.

Lo malo es que no estoy seguro de que el alcalde recuerde –o si es así, que lo acepte– que el verdadero problema del transporte público se esconde detrás de toda la estridencia, caos, desorden, impunidad y corrupción que lo caracterizan.

El tema no aparece en la retórica de sus actores; ni de los concesionarios, ni de las autoridades… peor aún, ni en las quejas de los ciudadanos.

Y es que resulta muy fácil engancharse en el jaloneo del conflicto en turno, en la denuncia y la acusación, vengan de donde vengan. El martes vivimos tan sólo un episodio más de la anarquía permanente del transporte que, como siempre, provoca un debate coyuntural, meramente incidental y estéril, por más intenso que pueda llegar a parecer.

Por un lado, los transportistas todos: urbaneros y urvaneros reclaman, disputan, acusan, amenazan y protestan para defender sus intereses particulares. Unos, oponiéndose a lo que sienten una invasión ilegal de su territorio; los otros, argumentando su derecho a ampliar su ruta transmunicipal.

Y como siempre, en el golpeteo que sigue la que se lleva la peor parte es la sociedad, obligada a padecer no sólo un pésimo servicio de manera cotidiana, sino para colmo, el secuestro de las calles.

Por el otro, las autoridades: aunque, sobre todo a partir de los gobiernos perredistas, reaccionando paulatinamente con más firmeza a la hora de castigar excesos, siguen tan indecisos y cuidadosos como sus antecesores a la hora de resolver el problema de fondo y no nada más las crisis recurrentes.

Unos y otros entienden, hasta eso, que no es posible ya ignorar el cansancio y la irritación ciudadana por el abuso de los primeros y la negligencia de los segundos.

Por eso los líderes ahora piden perdón y se disculpan con la gente, aunque sigan atentando contra la armonía urbana.

Por eso los gobernantes desalojan, detienen y castigan, aunque sigan tolerando irregularidades de manera cotidiana.

Alguna vez entrevisté en la televisión de RTG a un par de líderes transportistas; muy pronto en el programa el teléfono se llenó de llamadas para denunciar infracciones y agresiones de choferes de camiones urbanos.

Una y otra vez, los transportistas respondían igual: “Que nos apliquen la ley”. No pude más y les pregunté que si solamente la cumplían cuando los obligaban a hacerlo. Los entiendo, aunque no comparto su posición. Una enorme parte de la dinámica del transporte se ha movido en el filo de la ilegalidad; desde la entrega de permisos, hasta el mal estado de las unidades vehiculares.

Así ha sido y hasta ahora nadie les ha dicho lo contrario.

“Si no se quitan en media hora, vamos a actuar”, dijo Armando Chavarría el miércoles pasado, ante el nuevo bloqueo de los transportistas. “Esa será siempre la respuesta cuando se quebrante el Estado de derecho, cuando se lesionen los intereses de los usuarios”, coincidieron el gobernador y el alcalde de Acapulco.

Qué bueno que la autoridad se imponga y defienda los derechos de la sociedad. Pero ¿por qué regularmente no es así, si están realmente tan comprometidos con el cumplimiento de la ley?

Porque ahora actuaron y se agradece, pero sinceramente lo hicieron en mucho obligados por las circunstancias y la presión de la gente. Si se trata de cumplir de veras con su responsabilidad, todos los días tendrían chamba de sobra.

Todos los días muchos camiones –y taxis–se pasan el alto, dan vueltas prohibidas, exceden la velocidad límite, recogen y dejan pasaje en cualquier lado y agreden a los automovilistas sin que nada les pase.

Todos los días muchos choferes conducen autobuses a pesar de ser menores de edad, o no tener licencia, o no haber recibido capacitación, son acompañados por chalanes cuya función básica es echar desmadre con el chofer y obligan al pasaje a escuchar su música a todo volúmen, sin que la autoridad intervenga.

Todos los días circulan muchísimos camiones en mal estado, con vidrios, ventanas y luces rotas, con motores que contaminan, con llantas lisas, con una sola placa –a veces ni una–, con permisos vencidos, con asientos sucios y sin la mínima inspección, sin que nadie se atreva a impedirlo.

Esa es la tragedia fundamental del transporte. No las riñas y momentos críticos, sino el desastre diario que la autoridad permite, tolera, alienta; la agresión verdadera a los usuarios se da todos los días y a nadie parece importarle.

Porque no deben olvidar, aunque lo hacen, que el transporte es un servicio público y que por lo tanto debe servir para satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad.

El transporte es una con-ce-sión, o sea que corresponde al gobierno la facultad y la responsabilidad de conceder el derecho a operar, ofrecer y, obviamente, lucrar con el transporte, sólo a quienes garanticen el cumplimiento del objetivo primordial: servir al público.

Por eso es secundario e irrelevante entonces exigir territorios exclusivos y protección a intereses privados, por encima del derecho del usuario a un servicio digno, seguro, barato, suficiente y ordenado.

Por eso no es suficiente ufanarse por hacer cumplir la ley y por proteger los derechos de la gente, si habitualmente se hace lo contrario.

Habrá que ver hasta cuándo.

 

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