En los últimos días el gobierno y la derecha han desplegado acciones que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas: La contrarreforma al artículo 14 de la Constitución Política de Guerrero y a la Ley 701 en materia de reconocimiento derechos y Cultura de los Pueblos indígenas y la criminalización que sufren los defensores comunitarios por el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus bienes naturales.
La lucha de los pueblos indígenas y tribales en el mundo redundó en el reconocimiento de sus derechos en instrumentos internacionales que van desde el Convenio 169 de la OIT hasta la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, seguida de un reconocimiento de jure en las Constituciones progresistas como Bolivia y Ecuador.
México no fue ajeno a esta lucha. Desde 1990 inició una oleada de movilizaciones por el reconocimiento de los derechos de los Pueblos indígenas negados históricamente. El Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena y la CRAC fueron protagonistas importantes en el concierto nacional en estas justas populares. Estos procesos y la lucha del EZLN obligaron al Estado Mexicano a la reforma del artículo 2 constitucional parcialmente las exigencias de los pueblos indígenas.
No obstante, los gobiernos se niegan a reconocer de jure los derechos de los pueblos originarios en tres niveles: a) el derecho a sus propias formas de organización social y a crear sus sistemas de seguridad y justicia; b) el derecho a su autogobierno y c) el derecho al uso, disfrute, cuidado y preservación de los bienes naturales que existen en sus territorios.
En el primer nivel el gobierno de Guerrero ha pisoteado de la peor forma estos derechos al encarcelar a más de 60 autoridades comunitarias en el año 2013, de los cuales Gonzalo Molina permanece en prisión. En el contexto de la contienda electoral por la Presidencia, el PRI desplegó una campaña infame en contra de Nestora Salgado acusándola de secuestradora, cuando jueces federales han establecido que las autoridades de la CRAC no cometen delitos porque las tareas de seguridad y justicia son facultades que les da la Constitución, los tratados internacionales y la Leyes. Sin embargo, la cúpula priista nada dice de Manuel Sánchez Rosendo quien fue presidente municipal de Olinalá por dos ocasiones a quien los jueces sí encontraron culpable de secuestro y delincuencia organizada y actualmente purga una condena de 47 años de en el penal del Altiplano. De igual forma previo a que los diputados de Morena tomaran posesión del Congreso del Estado, con una mayoría a modo el gobernador presentó un decreto de reforma del artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y de la Ley 701 y la mayoría de los diputados de todos los Partidos excepto Morena lo aprobaron en sus términos. Se trata de una reforma sumamente regresiva, inconstitucional e inconvencional que desaparece del texto constitucional a la CRAC y en la Ley le quita facultades para realizar tareas de seguridad y justicia.
En el segundo nivel tampoco se permite que los pueblos tengan su propio gobierno y forma de organización política. Si bien es cierto en nuestro estado no tenemos una experiencia de esta naturaleza pero sí es interesante el proceso que iniciaron los pueblos indígenas de Ayutla quienes exigieron que se eligiera las autoridades por usos y costumbres y se formara un gobierno de acuerdo a sus instituciones y sistemas normativos. La clase política y los cacicazgos regionales impidieron y obstaculizaron el gobierno comunitario, incluso el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) resolvió improcedente la elección por usos y costumbres. Tuvo que ser el Tribunal Federal Electoral el que resolvió su procedencia y obligó al IEPC a operar este proceso.
En lo que se refiere a la tierra y territorio de los Pueblos la situación es todavía más difícil. En nuestro Estado la actividad minera es intensa las empresas extraen minerales en condiciones desventajosas para los Pueblos el pago por metro cuadrado es irrisorio y la destrucción del territorio es devastadora con la extracción a cielo abierto. En la Montaña el extractivismo minero ha sido rechazado por los Pueblos. De igual manera los comuneros del Cecop en Cacahuatepec, Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma dieron una lucha sin cuartel ni tregua y descarrilaron el proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota, circunstancia que el gobierno no les perdona y hoy con pruebas extraídas de manera ilegal los mantiene en prisión.
Por el contrario, los gobiernos de todos los partidos en Guerrero han impulsado el extractivismo pisoteando los derechos que los pueblos tienen a que se les respete sus territorios y a ser consultados. Esto se pudo constatar con los gobiernos del PRI y PRD que trataron de imponer a sangre y fuego el proyecto hidroeléctrico Presa La Parota recurriendo a procesos fraudulentos y violatorios de la Ley que más tarde los tribunales federales declararon ilegal. En Carrizalillo el gobierno del estado y la Procuraduría Agraria se pusieron del lado de la empresa autorizando convenios desventajosos para los ejidatarios y violatorios de la Ley.
Estos tres niveles de derechos (seguridad y justicia, autogobierno y tierra y territorio) no son reconocidos de facto a favor de los pueblos originarios.
En Guerrero los gobiernos de todos los Partidos han arremetido contra los derechos de los pueblos indígenas. Los golpes al derecho a realizar tareas de seguridad y justicia de acuerdo a los sistemas normativos propios han sido demoledores. Primeramente, Ángel Aguirre y su fiscal en una interpretación y aplicación torcida de la ley penal acusaron de secuestro a más de 60 autoridades y representantes de la CRAC, sin embargo, los jueces federales declararon ilegales esas acciones penales y ordenaron la libertad de casi todas las autoridades comunitarias. En un segundo momento el actual gobernador reformó el artículo 14 de la Constitución local quitando de un plumazo del texto constitucional a la CRAC y reformando los artículos 30 a 37 de la Ley 701 que reconoce y faculta a la CRAC para realizar tareas de seguridad y justicia. Esta reforma ha sido impugnada con sendas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y corresponderá a la Suprema Corte resolver, pero también el Congreso de la Unión con una mayoría de Morena puede ir formulando una Ley General de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Por lo demás es imprescindible rearticular el movimiento indígena en Guerrero, convocar a una magna reunión estatal en la que concretemos una agenda política centrada en los tres ejes referidos: seguridad y justicia, tierra y territorio y gobierno indígena, así como diseñar un plan de lucha Estatal para dar una respuesta a la derecha que está pisoteando los derechos ganados y presionar a la Suprema Corte a declarar ilegal la contrarreforma en Guerrero.