Han pasado 23 años desde que autoridades y habitantes de la comunidad nahua San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, construyeran dos aulas de la Secundaria Técnica 229 Roberto Mejía Guzmán, para que estudiaran sus hijas e hijos.
Marcados por el olvido de las autoridades estatales y educativas, se organizaron para velar por el derecho de la educación de sus hijos. Después de varios años solicitando infraestructura para la escuela, en una asamblea del año 2000 decidieron cooperar mil pesos por persona mayor de edad, para la compra de materiales. El logro fue de la comunidad, sin la intervención de las autoridades que siempre estuvieron ausentes.
De acuerdo con las autoridades comunitarias, la comunidad nahua se fundó en 1650. Desde el dominio colonial ha estado marginada. El poblado se encuentra a una hora de Tlapa. De un total de 741 habitantes, 193 son niños y niñas, de 6 a 17 años; 18 tienen computadoras, 29 internet y línea telefónica, y 159 saben leer y escribir, es decir, el 21.5 por ciento. Menos de la mitad de las personas que viven en ese lugar tiene vivienda con piso de cemento, luz eléctrica, agua entubada, refrigerador y algunos electrodomésticos. Se cuenta con un preescolar, una primaria y una secundaria.
El 13 de febrero de 2024, el comité de padres de familia, integrado por el presidente Antonio Reyes, vicepresidente Aurelio Calleja, secretaria Leticia Méndez, tesorera Lucía Estrada y las vocales Antonia Rodríguez, María Guadalupe, Marcelina Gálvez, Eufemia Gálvez, Conrada Rojas y Enahu Martínez, presentó una demanda de amparo ante el juez de distrito en Chilpancingo. Fue admitido con el número 236/2024 el 16 de febrero, “en forma colectiva, contra actos de la gobernadora constitucional del estado de Guerrero y otras autoridades responsables”, al afectar el derecho de la educación de 51 estudiantes.
El 22 de febrero de este año, un juez negó a los padres de familia la medida cautelar, de contratar con urgencia a los maestros que impartan las materias de educación física, historia, geografía, formación cívica y ética, “para que nuestros hijos no sigan perdiendo clases”, así como que las autoridades a la brevedad realicen un estudio técnico y un proyecto de seis aulas, una cancha de usos múltiples, una cancha de futbol y un centro de cómputo con internet.
Sin embargo, el 27 de febrero otro juez concedió la medida cautelar, porque al negarse estaría afectando el derecho a la educación de los niños indígenas, pero las autoridades educativas a la fecha no han acatado la sentencia.
En 1997 se fundó la Secundaria Técnica 229 Roberto Mejía Guzmán, con clave 12DST0249D. Las primeras generaciones de estudiantes tomaron clases en las oficinas del comisariado de Bienes Comunales, la comisaría municipal y la tienda Conasupo. Los pizarrones y gises los puso la comunidad, mientras las sillas y las mesas corrieron a cuenta de los alumnos. A pesar de que las autoridades comunitarias realizaron múltiples solicitudes, en la oficina del gobernador, para aulas y muebles, nunca los atendieron.
Ante la desatención sistemática de las autoridades, las familias se organizaron en 2000 y 2001 para construir dos aulas, aun así, un grupo de alumnos siguió recibiendo clases en la comisaria municipal. Cada año se les solicitaba a las autoridades educativas que construyeran un aula, pero prevaleció la inacción. “Nuevamente nos cooperamos económicamente para comprar materiales, para la construcción de dos aulas más sobre las que ya estaban”. Un aula es al mismo tiempo bodega, sala de juntas, biblioteca escolar y oficina de dirección. Otra se usa para comedor del albergue y también sirve para reunión de padres de familia.
En 2013 se gestionó con el presidente municipal de Tlapa la construcción de dos aulas más para la Secundaria Técnica, pero sólo se comprometió con una, argumentando que la obligación les corresponde a las autoridades educativas. Al no quedarles alternativa, volvieron a cooperar para hacer una mezcla de recursos con el presidente municipal y sólo así se construyeron otras dos aulas.
En la actualidad, “el primer edificio, que construimos en 2001 para la escuela, se encuentra en muy mal estado y representa un peligro para las niñas y niños, así como la plantilla docente. Hay fisuras muy pronunciadas en sus paredes a consecuencia de los temblores en el estado. Hay goteras y hundimiento significativo en el techo de concreto. Se desprenden pequeños trozos de concreto que se desmoronan y genera polvo blanco que inhalan los niños y niñas”.
El 27 de septiembre de 2023 el comisario municipal, el comité de padres de familia y la directora de la secundaria realizaron una solicitud oficial, con número 15/2023-2024, a Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación, para que les asignaran dos maestros de geografía, historia y formación cívica y ética, así como la construcción de tres aulas, una dirección, 15 computadoras e internet; 12 tambores y 12 cornetas para la banda de guerra, cinco escritorios y sillas para maestros, tres pizarrones blancos, 12 mesas binarias, 24 sillas didácticas, material para oficina y para el aseo, así como uniformes escolares. No hubo respuesta.
También dirigieron un oficio a Benjamín Guinto Nava, director general del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), para solicitar la construcción de tres aulas y una dirección, la realización de un dictamen para que certifique el estado real del edificio, constituir el expediente y atender de manera urgente las necesidades de infraestructura de la escuela.
El funcionario les pidió un acta de asamblea general de comuneros, que le fue entregada para iniciar los trabajos. Personal del IGIFE fue en junio de este año, pero no volvieron para darle seguimiento.
Las autoridades del estado y la misma SEG violan el artículo tercero constitucional, donde se señala que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado debe garantizarlo. “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. Este principio constitucional obliga a las autoridades a trazar políticas públicas que garanticen el acceso a la educación, sin que las madres y padres tengan que gastar para que sus hijos estudien. Las niñas y niños deben tener suficientes maestros, aulas adecuadas y en buenas condiciones, becas, alimentos y todo lo necesario para su aprendizaje.
Las madres y padres de familia tienen la esperanza de que sus hijos continúen estudiando, pero las autoridades educativas los tienen en el abandono. La gobernadora Evelyn Salgado y otras autoridades permanecen ausentes. Lejos de proteger el derecho superior de la niñez ponen trabas para garantizarlo. Es lamentable que a las autoridades no les interesa la educación de las niñas y niños indígenas de la Montaña.