Ha sido la antigua dirigente sindical del sector Salud en el estado, ahora diputada local, Beatriz Velez Núñez la que ha presentado una solicitud para que el Congreso inscriba en letras doradas el nombre del gobernador José Francisco Ruiz Massieu en el muro de honor del Salón de Sesiones por “su compromiso con el servicio público y su influencia en la construcción de la democracia en México”.
Y aunque los demás diputados priístas y representantes de los partidos políticos han permanecido callados, vale la pena levantar la voz antes de que la iniciativa prospere, dada la juventud y posiblemente corta memoria de los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política que no vivieron ni sufrieron las consecuencias del desempeño de este personaje en su cargo de gobernador.
El propio hecho de que quien promueve la iniciativa sea una persona representativa del más viejo y antidemocrático modelo sindical, conocido en el lenguaje de los trabajadores como charrismo sindical, indica lo contradictorio de la propuesta, en el caso de que fuera cierta su afirmación de que quien gobernó del primero de abril de 1987 al 31 de marzo de 1993, “mostró su compromiso con el servicio público” no tuvo nada positivo para Guerrero, fuera de su partido y del gobierno.
Su “influencia en la construcción de la democracia en México”, como dice la diputada, fue que no le tembló la mano para ahogar a sangre y fuego las protestas de la oposición opuesta al fraude electoral que hasta entonces era el sello del régimen antidemocrático del imbatible PRI.
Para quienes no lo vivieron, el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu fue uno de los más represivos y antidemocráticos, incluso comparado con el sombrío desempeño del figueroísmo. El resultado de la gestión del acapulqueño no significó ningún avance para la sociedad guerrerense del que los priístas puedan presumir, y menos la oposición política de entonces que pagó su cuota de sangre y muertos para llegar al sistema democrático del que hoy disfrutamos.
Ruiz Massieu en su papel de gobernador y Rubén Figueroa Alcocer como dirigente estatal del PRI ahogaron en sangre las protestas de los pueblos que cívicamente se opusieron al fraude electoral del partido de Estado en 1989. El gobierno de Ruiz Massieu nunca reconoció que la izquierda partidista hubiera concretado la hazaña de atraer a la vía pacífica a los núcleos guerrilleros que habían tomado el monte en respuesta a la persecución. Al contrario, en un gesto del más puro cinismo fue capaz de calificar al PRD como el partido de “la sangre y la violencia” a sabiendas de que el partido ponía la sangre y su gobierno la violencia.
Aunque se definía como un gobierno de “ideas y hechos”, Ruiz Massieu nunca discutió con la izquierda, su odio era visceral y su ego tan desproporcionado que ni siquiera se ocupó de negociar una salida democrática para los 24 ayuntamientos en disputa. Ruiz Massieu no entendía de iguales, se sentía superior a todos. No era un demócrata, por eso dejó en manos de Figueroa y de Rubén Robles Catalán la solución del conflicto, al más viejo estilo cavernícola.
Su encumbramiento como gobernador sin haber pasado nunca antes por otro cargo de elección popular lo perjudicó porque en vez de reconocer que llegó al poder gracias a que emparentó con Carlos Salinas, creyó que todo le estaba permitido, hasta que la realidad se encargó de ponerlo en su lugar.
Quienes han estudiado su paso por el servicio público afirman que Ruiz Massieu no quería interlocutores sino subordinados. Su fama de intelectual brillante le servía para menospreciar a los demás, no importa que fueran de su propio partido. A los diputados que su asesinato le impidió coordinar les decía “fordcitos de los sesentas” porque comentaba que intelectualmente se habían quedado en el pasado.
Haber sido lector de muchos libros no le ayudó ni para entender la realidad del estado ni para evitar coludirse con el asesino clan de los Salinas. El político de altos vuelos bañó en sangre al estado y creo que en mal momento se le ocurrió a la diputada priísta proponer su reconocimiento por el “compromiso con el servicio público” porque en todo caso sería el compromiso consigo mismo y a lo sumo con su partido.
Pero como la propuesta de ser reconocido con su nombre en letras de oro en el Congreso del estado, conviene volver a lo más relevante que tuvo en su gestión como gobernador desdeñando las negociaciones con el doctor Rosalío Wences Reza para alcanzar una salida política al conflicto post electoral.
El método ideado por el “demócrata” para enfrentar el conflicto en Guerrero fue la aplicación de la llamada Operación Relámpago que se ejecutó el 6 de marzo de 1990 entre las 3 y 6 de la mañana por 800 policías antimotines y judiciales al mando de los directores de Seguridad Pública y del jefe de la Policía Judicial. La orden era recuperar los palacios municipales a como diera lugar, y en todos los casos la violencia campeó con su secuela de muertos, heridos y desaparecidos.
Uno de los casos notables de esa acción represiva fue la detención y tortura del líder costachiquense Eloy Cisneros Guillén quien ganó la Presidencia Municipal de Ometepec y formó el ayuntamiento popular. Detenido, encarcelado y torturado en el penal de Acapulco, acusado de usurpación de funciones se le fijó una fianza de 50 millones de pesos para continuar su juicio en libertad.
Ángel Aguirre Rivero que en aquel año se desempeñó como coordinador de la campaña priísta en la Costa Chica se ha de acordar muy bien de esos hechos sucedidos en su natal Ometepec, porque Eloy es su paisano.
El historiador Abel López Rosas cuenta en una entrevista para este periódico que fueron 21 los ciudadanos asesinados, cuatrodesaparecidos y cientos de golpeados durante el conflicto.
Pero en Zihuatanejo la violencia post electoral nos alcanzó antes de aquella operación relámpago. Fue el 27 de febrero de 1990 día en que en el PRD se impuso la idea de tomar los aeropuertos internacionales de Acapulco y Zihuatanejo. Los policías antimotines que impidieron la llegada de los contingentes perredistas hasta el aeropuerto, mantuvieron bloqueada la carretera en un lugar de imposible maniobra para que los autobuses pudieran moverse. Todo el día estuvieron los perredistas en espera de una solución y sin acceso a los alimentos que solo de manera clandestina se les hicieron llegar, hasta que ya en la tarde con la llegada del procurador Rubén Robles Catalán se corrió la versión de que se dejaría vía libre a los autobuses para que pudieran regresar, pero cuando ya todos habían subido empezó la acometida de los policías lanzando bombas lacrimógenas dentro de los camiones, obligando a todos a bajarse, indefensos y enceguecidos para volver a ser víctimas de la agresión salvaje de los policías antimotines que los golpeaban.
Esos son los “méritos” que Ruiz Massieu tuvo en el “servicio público” porque su “compromiso en la construcción de la democracia en México” no alcanzó a desarrollarlo porque fue víctima temprana del clan familiar al que sirvió y de los intereses criminales del partido en el que militó. Por eso en vez de letras doradas su nombre debe llevar el color de la sangre.