La semana pasada se cumplieron 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esos días transcurrieron entre protestas, reuniones y confrontaciones políticas. Las madres y padres de los 43, las normales rurales y organizaciones sociales exigen documentación faltante relacionada con el paradero de los jóvenes que está en los archivos militares. Exigieron ver al presidente para solicitarle que como comandante de las fuerzas armadas intercediera para que obtuvieran la documentación que pueda dar luces sobre el paradero de sus hijos.
Las madres y padres recuerdan cuando los recibió en Iguala y condenó la falta de verdad, de justicia y el trato que las madres y padres habían recibido del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se comprometió que cuando fuera presidente haría justicia y encontraría a los jóvenes. Cansados de tantas mentiras, maltrato y discriminación de aquel gobierno, las palabras del candidato les devolvió la esperanza. Varios bajaron llorando del templete. Por fin alguien los había escuchado y les daba la razón.
Ya como presidente se realizaron varias reuniones. Las madres y padres siempre mostraban optimismo y esperanzas. Nos recuerda lo que dijo alguna vez en una de esas reuniones: “la Secretaría de Gobernación, es la Secretaría de Ayotzinapa. Se debe trabajar con prontitud para tener resultados a la brevedad”. Instruyó que las órdenes de aprehensión contra funcionarios federales se deberían librar de inmediato. En un mes a más tardar dijo. Incluso aquella ocasión llamó la atención a Alejandro Encinas para que agilizara los trabajos. Las madres y padres se sentían respaldados por el presidente.
Por eso esta vez ante el hermetismo y hostilidad del Ejército mexicano contra las familias, esperaban que el presidente se pusiera de su lado y pidiera al instituto armado que entregara la información faltante. Al fin de cuentas no se está pidiendo nada ilegal y el mismo presidente ha dicho que juzgando algunos militares la institución no se debilita, se fortalece.
Pero en la reunión del día 20 de septiembre, el presidente fue enfático. No hay información, todo ya se entregó. En seguida pasó a las descalificaciones contra las organizaciones que asesoran y acompañan a las madres y padres de los 43, éstos no se desviaron, insistieron poniendo el tema en el centro: había información faltante en los archivos militares. Finalmente, el presidente tuvo que admitir que buscarían más información y el día 25 de septiembre respondería a través de las Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública. En esta reunión no hubo nada. Sólo una carta donde el secretario de la Defensa Nacional refrenda su postura negando la información. Cuando le cuestionan una comunicación que ellos intervinieron a el Gil y Francisco Salgado Valladares y que habla de 17 estudiantes, dice: pregúntenle al Gil él debe saber. Por si fuera poco leyeron una narrativa más cercana a la verdad histórica que a las nuevas investigaciones. Era diametralmente opuesta a la información que les había dado Alejandro Encinas el día 19 de septiembre. Esto terminó por indignar a las madres y padres que se pararon de la reunión.
La palabra firme de las madres y padres, su tesón y su dignidad los mantuvo a flote de esta confrontación e hicieron trastabillar al presidente acostumbrado a patear le mesa y azotar el sombrero en el estrado de las mañaneras. Las madres y padres con visibilidad mediática y movilizados en las calles mantuvieron en todo lo alto su exigencia legítima y clara. Al presidente acorralado no le quedó más que admitir. Tuvo que salir Encinas a rectificar: el Ejército mexicano no ha entregado toda la información, se va a buscar y entregar ya se dio una instrucción presidencial, dijo el subsecretario.
Ha quedado claro con la investigación que los militares dieron seguimiento a los estudiantes desde que salieron de la Normal de Ayotzinapa hasta el momento de su desaparición, tienen esa información en sus archivos, por lo tanto, es muy probable que sepan dónde están los jóvenes, pero han ocultado y negado esa información. Además, estaban coludidos hasta la médula con el grupo delictivo que operaba en Iguala.
El presidente sigue defendiendo a ultranza al Ejército. Con sendas contradicciones intenta exonerarlos, pero termina aceptando que incurrieron en irregularidades y omisiones. Pretende minimizar el nivel de podredumbre que había en el 27 y 41 Batallón con sede en Iguala, sin embargo, las indagatorias dicen que estaban al servicio de Guerreros Unidos, recibían dinero, hacían reuniones y les facilitaban el trasiego de drogas y no eran simples soldados, estamos hablando de capitanes, coroneles, generales y el propio comandante del 27 Batallón de Infantería.
También hacían tareas de contrainsurgencia, por ello el 50 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo tenía soldados infiltrados en Ayotzinapa, por eso desde que los estudiantes salieron de la Normal el día 26 de septiembre el Ejército ya sabía a dónde se dirigían.
El día 26 de septiembre los estudiantes de Ayotzinapa enfrentaron a la maquinaria delictiva de Iguala que tenía el Ejército de su lado y que además considera a Ayotzinapa como su férreo enemigo. En esas condiciones los estudiantes difícilmente iban a recibir apoyo del Ejército, porque éste le cuidaba la espalda al grupo delictivo. El “pueblo uniformado” realizando tareas de espionaje contra los que luchan por un mañana mejor, ese es el Ejército que defiende el gobierno federal.
Por lo demás, las investigaciones establecen que el ex presidente Enrique Peña Nieto participó en la junta de autoridades de alto nivel donde se construyó la verdad histórica. El ex procurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón no actuaron solos, necesariamente tuvieron el aval del presidente, por ello Zerón siendo un alto funcionario directamente realizó los actos de tortura y manipulación de pruebas en escenarios criminales. Es difícil pensar que un funcionario de este nivel se arriesgase y colocase en la línea de fuego sólo para cuidar los intereses de un grupo delictivo de Iguala. Claro que no era así, él contaba con luz verde de Los Pinos por eso fue a dirigir directamente los interrogatorios ilegales y a manipular pruebas. Sin embargo, de nueva cuenta el presidente intenta exonerar a Peña Nieto diciendo que sólo estuvo en una reunión, pero no hizo nada indebido.
Para alcanzar verdad y justicia es menester que el gobierno se ponga del lado de las víctimas y que rompa sus pactos políticos. El presidente AMLO tiene que actuar contra quienes desaparecieron a los estudiantes, contra los que ayudaron a los perpetradores, contra los que omitieron actuar para prevenir la desaparición, contra los que tenían información privilegiada de donde se estaban llevando a por lo menos 17 estudiantes y han ocultado por nueve años la información y contra los que construyeron la verdad histórica para ocultar el paradero y encubrir a los culpables.
El caso no amerita medias tintas, o se está del lado de la verdad y la justicia o del lado de los perpetradores.