El presente título nos recuerda la triste frase célebre de Don Porfirio Díaz, al caracterizar a su gobierno como uno de “poca política y mucha administración”, frase que presagiaba la entrada al país de las compañías deslindadoras y empresas extranjeras, que por cierto también se decía que traían desarrollo, y ahora ya todos sabemos que lo que obtuvimos al final fue el despojo flagrante de las tierras a los campesinos, la esclavización de los obreros y peones, fenómeno oprobioso del que dan testimonio las obras de México bárbaro de John Kennet Turner y Ki: el drama de un pueblo y una planta, de Fernando Benítez.

Una de las primeras tareas de todos los gobiernos democráticos cuando llegan al poder es la revisión exhaustiva de los vicios, irregularidades, injusticias y crímenes cometidos por los regímenes autoritarios que los precedieron. Es impensable condensar la democracia si no se hace esta tarea; es más, a la postre puede resultar doloroso y desastroso para la sociedad. Recordemos lo que le ocurrió a Francisco I. Madero, quien decidió mantener al mando del Ejército a Victoriano Huerta, personaje que respondía a los intereses del depuesto régimen; lo mismo ocurrió en Chile cuando Augusto Pinochet dio un golpe de Estado derrocando al gobierno socialista de Salvador Allende.

Circunstancia similar ocurre en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, pues desde que asumió el poder no se ha abocado a realizar una revisión exhaustiva de situaciones que laceraron la vida de los guerrerenses en las administraciones priístas del pasado, y por el contrario permanecen enquistados en su administración personajes claves que ejercieron el poder con violencia en el anterior régimen. En la Procuraduría General de Justicia siguen los mismos comandantes que tienen recomendaciones por desapariciones forzadas de personas, cuyos nombres aparecen en la recomendación 019/2001 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos; asimismo, no se han establecido mecanismos para conocer la verdad de lo acontecido en la guerra sucia de los años setentas y tampoco se ha continuado con la investigación para esclarecer los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Aguas Blancas y El Charco.

Estos temas han sido omitidos por el gobierno en turno, con el argumento de que son cosas del pasado. Sin embargo la legislación internacional de los derechos humanos obliga a los gobiernos a la búsqueda de la verdad y a la sanción a los responsables.

El actual gobierno se ha desempeñado con una serie de desaciertos que lo presentan no como un gobierno de izquierda sino de derecha, con una clara predilección por el libre mercado en detrimento de los derechos sociales, olvidándose que somos el estado más pobre del país y que tenemos el municipio, cuyo nivel económico es análogo a los más pobres del mundo.

Esta política de privilegio al libre mercado se ve claramente reflejada en el presupuesto para el 2006, en el que los montos más altos de recursos serán destinados a carreteras y a seguridad pública. Obviamente no se pone énfasis en carreteras que beneficiarán a La Montaña de Guerrero u otras regiones marginadas, sino que se habla de “cuatro grandes ejes detonadores del desarrollo de Guerrero”: el corredor turístico de la Costa Grande; los municipios que serán afectados por la construcción de la presa La Parota; el desarrollo minero de la Zona Norte y Tierra Caliente; y el desarrollo conurbado de La Unión-Lázaro Cárdenas. Es evidente que se está apostando a la iniciativa privada, es decir, la falsa idea de que si abrimos el estado para que empresas extranjeras vengan a invertir se logrará el desarrollo.

Mucho se ha hablado de este tema de que la política del libre mercado en América Latina no está dando resultados; al contrario, la pobreza se acentúa, pues la riqueza se concentra en las manos de los inversionistas y nosotros seguimos siendo los peones pobres de siempre, peor aún con un medio ambiente contaminado y dilapidado por las voraces empresas extranjeras.

No se está poniendo atención en los derechos sociales de los pueblos. Es impostergable una reforma de Estado para dar cumplimiento cabal a todos estos derechos sociales negados a los pueblos. Lamentablemente en el presupuesto no se asignó ningún recurso para este rubro.

Destaca en el presupuesto también que se destinen 450 millones de pesos para la apertura de ocho cuarteles de policía, cuando los problemas de seguridad pública difícilmente se resolverán con policías, pues es un asunto que tiene que ver con la procuración y administración de justicia y con la ejecución de sanciones en los centros de readaptación social, así como con otros problemas de orden social, los cuales deben ser analizados en su justa dimensión. No es plausible que se pretenda construir ocho cuarteles de policía, cuando no se destina un solo recurso para los Centros de Readaptación Social, siendo estas instituciones las responsables de reencauzar la conducta de los delincuentes. Obviamente si no se logra la readaptación social la espiral de hechos delictivos seguirá en ascenso.

Es iluso creer que con más policías incluso capacitados se logrará tener un estado más seguro, por el contrario se corre el riesgo de que los cuerpos policiacos sean coptados por la delincuencia organizada, como ya sucedió con Los Zetas, fenómeno de reclutamiento por el narcotráfico de militares altamente adiestrados que comenzó en Tamaulipas. Con esta visión de seguridad pública se vislumbra un preocupación del estado más por las corporaciones que por los ciudadanos.

Creemos importante poner énfasis en la seguridad ciudadana, lo cual implica que la                                                   función policial debe proveer un servicio a la gente, que debe haber un diálogo entre funcionarios del estado y una mayor participación de los ciudadanos en la definición del bien que se pretende proteger.

El gobierno deberá hacer a un lado la soberbia y abrir el debate a los diversos actores sociales, para ii definiendo prioridades. Reiteramos que la reforma del Estado es impostergable o de lo contrario no habrá democracia, la pobreza cada día se acentuará más y seguiremos siendo testigos del viacrucis de los jornaleros agrícolas y de los que emigran a Estados Unidos, y los policías solo servirán para contener la protesta social.

* El autor es abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.