Cuando el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo responde o descalifica a quienes critican a su gobierno, recurre generalmente a argumentos que tienen que ver con la eficiencia administrativa y financiera del aparato burocrático estatal. Para que cualquier organización opere adecuadamente, explica él –palabras más, palabras menos–, primero se deben sanear y optimizar los recursos humanos y financieros.
Es una razón de peso, el problema es que los desacuerdos de la enorme mayoría de de sus críticos tienen un carácter político y social, no administrativo.
El fin de semana un amigo me reprochaba la línea editorial de El Sur “en contra del gobernador. No se puede juzgar con esa dureza el desempeño de Zeferino, a menos de dos años de su gobierno”, señaló. “No me parece justo. Habrá que evaluarlo hasta que termine su sexenio”.
–Estoy de acuerdo, le dije. Pero ya no le pude explicar que buena parte del desencanto de muchos con este gobierno nada tiene que ver con sus resultados contables, sino con un sentimiento de frustración por la enorme expectativa que generó su llegada a la gubernatura, por la promesa incumplida de que encabezaría un verdadero cambio político, luego de ganar la elección como candidato de un partido de izquierda.
Son dos cosas distintas ser un buen gobierno y ser un gobierno democrático.
No dudo de que Zeferino terminará su sexenio haciendo mucha obra pública y rindiendo buenas cuentas presupuestales; creo que son indiscutibles sus cualidades administrativas y empresariales, y confío en sus convicciones éticas. También estoy de acuerdo en que debemos juzgar sus resultados en este renglón hasta 2011.
Pero lo que sí es posible calificar ya –de hecho, desde el primer día de su gobierno- es la inclinación política e ideológica que demuestra con sus posiciones, ideas y decisiones.
Los ciudadanos que votaron por Zeferino Torreblanca para gobernador de Guerrero no esperaban solamente un buen gobierno; se atrevieron a derrotar al PRI, en primer lugar, para clausurar un régimen hegemónico, antidemocrático y autoritario.
La esencia de la democracia consiste en gobernar escuchando, obedeciendo, respetando y beneficiando al pueblo. Esa es su principal promesa. Por que ni siquiera en la democracia hay garantías de tener gobiernos que sean buenos administradores. En la democracia hay gobierno buenos, malos y regulares, así como hubo buenos, malos y regulares gobiernos priístas.
Es muy simplista etiquetar los reclamos democráticos de “populistas”, “rojillos”, “izquierdosos” o “anacrónicos”, para tratar de descalificarlos. O calificar a quienes reclaman como “enemigos del progreso”, “medradores de la pobreza” o “obstáculos del crecimiento”.
Por eso transcribo las cinco normas que estableció el gobierno más capitalista y anticomunista del mundo, concretamente la administración de George Bush, como guías del ejercicio de un buen gobierno, para determinar la elegibilidad de los países recipientes de asistencia para el desarrollo, en conformidad con la Cuenta del Reto del Milenio (CRM): elecciones libres y justas, sistema judicial independiente e imperio de la ley, libertad de expresión y prensa, ausencia de corrupción e inversión del gobierno en servicios sociales básicos.
La práctica de estas normas –“que guían un gobierno justo y bueno”, señala el documento disponible en el portal de Internet de la CRM–, “resulta en una sociedad libre y abierta en la que la gente puede ir en pos de sus esperanzas y sueños. Ello facilita la creación de economías robustas y libres que cuentan con la confianza de los inversionistas e instituciones financieras”.
De acuerdo con la subsecretaria de Estado para Asuntos Mundiales del gobierno estadunidense –y encargada de evaluar el cumplimiento de esas normas en la CRM–, Paula Dobriansky, “el desarrollo no puede prosperar allí donde no se escucha la voz del pueblo, donde no se respetan los derechos humanos, donde no fluye la información, y donde la sociedad civil y el sistema judicial son débiles”,
Estos, dice Dobriansky, “constituyen los fundamentos de una democracia moderna, establecen la base para la creación de mercados de capital, y estimulan la inversión extranjera e interna”.
Vale la pena revisar con mayor detalle el contenido de esas normas, que van más allá de la mera definición convencional de los derechos democráticos, ya que ponen especial énfasis en la necesidad de su plena aplicación, para no limitarse a la simulación política.

Elecciones libres y justas. “El ejercicio de un buen gobierno requiere que en una democracia operante estén presentes salvaguardias y derechos legales. Por ejemplo, es indispensable que las elecciones de la nación se celebren justa y libremente. Ello significa que los electores ejercerán su opción entre los candidatos y su derecho de acceso a información sobre los programas de esos candidatos. Además, las elecciones establecen la base para una mayor inversión interna y menos fuga de capital nacional.
“Sin embargo, las elecciones no son la única piedra angular de la democracia. El liderazgo responsable y la realización de la voluntad del pueblo son asimismo esenciales para asegurar que las elecciones sean un medio y no el fin de una sociedad democrática”.

Sistema judicial independiente y el imperio de la ley. “Otro principio de un gobierno democrático y justo es la presencia en la constitución de limitaciones al poder del gobierno. Dichas limitaciones incluyen elecciones en intervalos periódicos, la garantía de los derechos civiles y un sistema judicial independiente al cual los ciudadanos puedan recurrir para su protección y para la reparación de agravios por el gobierno.
“Hace falta más que tribunales bien establecidos para asegurar la ejecución constante y equitativa de las leyes de una nación. Todas las ramas del gobierno deberán adherirse al imperio del derecho. El imperio de la ley es asimismo la base para la creación de empresas y para el establecimiento de los mercados de capital que apuntalan el desarrollo económico. Los ciudadanos o sus representantes elegidos deberán tomar parte en todas las etapas de elaboración de las leyes, lo que le da una participación en el proceso y la confianza de que esa ley preservará sus derechos individuales y sus derechos de propiedad.
“Los tribunales de la nación no estarán únicamente accesibles a unos cuantos escogidos. Los organismos públicos deberán posibilitar las apelaciones sobre regulaciones, así como la participación de los ciudadanos en el proceso de adopción de decisiones, y se deberá dar acceso a los ciudadanos a estos organismos de manera pertinente y oportuna”.

El combate contra la corrupción. “Para preservar la integridad de la democracia, los gobiernos deberán esforzarse por liberarse del cohecho y el soborno. La corrupción perjudica el desarrollo y las reformas económicas, impide la capacidad de los países en desarrollo de atraer la inversión extranjera, entorpece el crecimiento de las instituciones democráticas y concentra el poder en manos de unos pocos. La mejor manera de combatir la corrupción es mediante la apertura y la transparencia del gobierno. Las leyes firmes contra la corrupción y la presencia de organismos de aplicación de la ley que trabajan contra la corrupción demuestran el compromiso de un gobierno con ese principio”.

La inversión en el pueblo. “El ejercicio de un buen gobierno requiere que los gobiernos inviertan en el pueblo y trabajen para preservar el bienestar de sus ciudadanos independientemente de sexo, raza o etnia. Los gobiernos deberán dedicar recursos a la atención de salud, a la educación y a combatir la pobreza. Deberán emprender esfuerzos para crear un clima económico en el que la gente encuentre puestos de trabajo y se establezcan empresas. Junto con otras medidas, la capacidad del gobierno de mantener a su gente es una de las consideraciones de la CRM en la determinación de la efectividad de un gobierno”.
Y para explicar a mi amigo el trabajo periodístico de El Sur, transcribo la descripción de la última norma –last but not least–:

Libertad de expresión y prensa. “Para poder funcionar como es debido, una sociedad justa y democrática debe tener un flujo libre de información e ideas. Una prensa libre proporciona información necesaria a los votantes para adoptar decisiones bien fundamentadas. Facilita el discurso político, crea un ‘mercado de ideas’ donde no se sofoca ninguna opinión y se eligen las mejores. Una prensa libre puede también actuar como limitación al poder del gobierno que asegura que los funcionarios e instituciones del gobierno rindan constantemente cuenta a los electores. La capacidad de los medios de informar sobre el comercio y la economía es también importante para la preservación de la confianza del público en los mercados, y para atraer la inversión extranjera e interna.
“El derecho de la prensa de publicar, opinar, criticar e informar libremente es un principio fundamental de la democracia”.
Por su parte, el Banco Mundial –otro representante indiscutible de la economía de mercado– también se ha dado cuenta de que la asistencia al desarrollo fracasa si se centra la atención únicamente en el régimen económico a expensas del gobierno democrático.
Las cifras comprueban este hecho: 42 de las 49 naciones de alto desarrollo humano, incluidas en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, son democráticas. Salvo dos excepciones, todos los países más ricos del mundo tienen los regímenes más democráticos del mundo.
Y nadie en su sano juicio acusaría al Banco Mundial de comunistoide.
Tampoco a Enrique Dans, quien es profesor de Sistemas y Tecnologías de Información, en el Instituto de Empresa de España, graduado en la School of Management de la Universidad de Los Ángeles California (UCLA), y doctorado en estudios empresariales en la Harvard Business School.
Enrique Dans sostiene que todos los partidos emiten un mismo mensaje electoral: “Una vez que tengo tu voto, ya tengo todo lo que quería de tí. Ahora, cállate y no molestes”.

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