Humberto Musacchio
Noviembre 23, 2007
El nombramiento de seis miembros del próximo gabinete confirma que México seguirá por la ruta que transita desde hace un cuarto de siglo. Ratifica también que la alternancia política no ha significado cambio alguno en la esfera económica y, por si hiciera falta, ofrece una nueva muestra de respeto por lo más sombrío del viejo régimen.
Se ha señalado repetidamente que la política económica de los últimos 25 años es la dictada por los organismos financieros internacionales. Lo confirma ahora el nombramiento de Agustín Carstens como secretario de Hacienda, pues se trata de un hombre que ha servido con plena convicción al Fondo Monetario Internacional, organismo que ha impuesto sus políticas de ajuste que han llevado a la miseria a millones de seres humanos.
Carstens, discípulo de Francisco Gil Díaz, no parece la persona idónea para hacerle frente al fraude monumental de ISOSA y los fideicomisos aduaneros creados por su maestro, mediante los cuales se han escamoteado al erario decenas de miles de millones de pesos, con la bendición –por supuesto—de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera que una empresa es privada aunque su capital se integre en 99.9 por ciento con dineros públicos (véase ISOSA. Fraude transexenal a la nación, de Miguel Badillo, Ed. Grijalbo, 2006).
Su ausencia del país durante varios años no le ha impedido a Carstens elaborar desde su escritorio un diagnóstico en el que basará su actuación. Por supuesto, en su análisis no se tomarán en cuenta la historia, los esfuerzos y el sufrimiento de los mexicanos, de los que sesenta por ciento vive con menos de un dólar al día, de acuerdo con el dato revelado, no por el PRD o algún otro peligro para México, sino por el INEGI.
Luis Téllez Kuenzler, un decantado producto del salinismo, ocupará la cartera de Comunicaciones y Transportes donde tiene varios favores que pagar, pues en su época de sequía le dieron asilo en empresas que ahora querrán cobrar su “generosidad”. Por ejemplo, como miembro del consejo de administración de Grupo México estará comprometido para apoyar los intereses de esa corporación en los ramos ferrocarrilero y de automotores. Igualmente, tendrá que corresponder a la chamba que le dieron en el Grupo Carlyle, que opera en el sector de telecomunicaciones.
Téllez es, para decirlo en términos gratos al foxismo, un caso elocuente de empresario que por posición y convicción debe formar parte de un gobierno de y para empresarios. Él, como pocos, garantiza no la armonía de los intereses públicos y privados, sino la continuidad de un proyecto adverso al patrimonio social y a la soberanía nacional.
Eduardo Sojo, inminente titular de Economía, y Rodolfo Elizondo, quien repite en Turismo, son parte de la herencia que deja Vicente Fox a su sucesor –otros legados son la inseguridad, el desgarriate político y el desempleo–. El segundo ha tenido la virtud de mantener un bajo perfil y resolvió a medias el desastre ocasionado por un huracán en Cancún. Por su parte, Sojo, quien trabajó a la sombra de Fox dentro de Los Pinos, fracasó en su principal encomienda, que era la coordinación del gabinete económico. Su nombramiento premia la ineficiencia.
Georgina Kessel viene de la más rígida tecnocracia, pues en algún tiempo le tocó evaluar en la Secretaría de Hacienda los proyectos de inversión, que, como se sabe, tienen varios sexenios de no pasar del papel. Ex directora de la Casa de Moneda, en el próximo sexenio será la secretaria de Energía, cargo en el que habría adquirido el necesario conocimiento cuando presidió la Comisión Reguladora de Energía. Tal vez.
En lo que ni siquiera sus más acérrimos defensores le reconocen capacidad es en el terreno de la política, lo que algunos quieren presentar como un mérito, pues “no se presta a la grilla”, dicen sus hagiógrafos. Tecnócrata fría e insensible ante los problemas sociales, se sabe que es poco dada a escuchar argumentos y menos todavía a aceptarlos. Su misión principal, según todos los indicios, será desmantelar la secretaría a su cargo.
El caso más controvertido es el de Javier Lozano, abogado de la Escuela Libre de Derecho, donde estudió también Felipe Calderón. Con cierta ingenuidad se especulaba que Lozano, quien estuvo al frente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sería el titular de la SCT, pues con plausible firmeza aportó argumentos contra la Ley Televisa y más de una vez ha mostrado su oposición a la hegemonía cuasimonopólica de Telmex.
Pero precisamente esa valiente actitud lo hacía inelegible para la cartera de Comunicaciones y Transportes y aun para la de Trabajo, como lo evidencian las críticas interesadas de sus malquerientes, que no le ven aptitud para aplicar una política de empleo –¿con un presupuesto público que fomenta el desempleo?– ni tener una relación inteligente con los sindicatos, como si el apapacho foxista a lo más sucio del charrismo gangsteril fuera lo deseable y como si los dos titulares de la STPS en este sexenio fueran unas lumbreras. ¡Por favor!