Finalmente, después de una transición de casi seis meses, Bernardo Arévalo asumió como nuevo Presidente de la República de Guatemala.
A semejanza de lo que fue el proceso electoral que condujo a su victoria, en junio del año pasado, la mayor parte de las élites políticas y económicas de ese país actuó por “vías legales” e ilegales para impedir la asunción del nuevo jefe del ejecutivo: los congresistas de las bancadas de los partidos más conservadores, en particular los del partido Vamos, encabezado políticamente por el ex presidente Alejandro Giammattei, intentaron desaparecer jurídicamente a los diputados electos del partido de Arévalo, Movimiento Semilla, al catalogarlos como “independientes”, para evitar que uno de ellos pueda ser electo como Presidente del Congreso, y esté en capacidad de conducir tanto la toma de posesión de Bernardo Arévalo como los trabajos legislativos durante la legislatura que comienza.
Sin embargo, la reacción inmediata de una parte considerable de la propia clase política, así como de la sociedad civil (en particular, de los movimientos indígenas) y de buena parte de la comunidad internacional permitió que esta jugada política fuera desactivada el mismo día. Desde la clase política, la mayoría de los diputados decidió respaldar una iniciativa del nuevo partido oficialista para restablecer los derechos políticos del Movimiento Semilla en la Cámara de Diputados.
Los movimientos sociales, por su lado, multiplicaron las manifestaciones y los actos fuera de la Cámara de Diputados, para exigir que la ceremonia de transmisión de mando se realice conforme a derecho.
Y finalmente, las delegaciones extranjeras presentes en Guatemala, que incluyeron al Rey de España, Felipe VI, así como los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Chile, Gabriel Boric; Costa Rica, Rodrigo Chaves; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin; los cancilleres de México, Alicia Bárcena; España, Manuel Albares; el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el alto representante para la política exterior de la Comisión Europea, José Manuel Albares, entre otros. Todos ellos firmaron un documento público en respaldo a la democracia guatemalteca y la toma de posesión de Bernardo Arévalo.
Si bien las cosas terminaron bien en esta ocasión, queda claro que solo un respaldo de estos tres actores en el largo plazo permitirá desactivar cualquier tentativa de retroceso autoritario –el problema es que nadie dice que esto pueda prolongarse mucho tiempo.
Guatemala comparte con Haití y algunos países centroamericanos el triste récord de menor recaudación de impuestos con proporción al PIB de Latinoamérica (menos del 15 por ciento). Por ello, es extremadamente complicado llevar a cabo políticas públicas redistributivas que permitan reducir la pobreza y la desigualdad sin que se lleve a cabo una profunda reforma impositiva, que aumente la fiscalidad de los hogares más ricos, y que permita al mismo tiempo reducir la evasión fiscal existente. Está claro que una reforma de este tipo no es del interés de las élites políticas y económicas, que controlan buena parte de los congresistas. Si bien el Movimiento Semilla obtuvo la presidencia de la Cámara de Diputados, se trata sólo del tercer grupo parlamentario.
Para Arévalo, que fue electo con una ambiciosa agenda reformista, en particular en materia de lucha contra la corrupción y de establecimiento de una serie de programas de desarrollo social, no será fácil obtener los votos necesarios para sacar adelante estas reformas. Sobre todo cuando los movimientos sociales y políticos que lo han respaldado desde la campaña electoral esperan resultados rápidos de parte de este gobierno, originado desde la sociedad civil en 2015 durante las grandes marchas contra la corrupción. En este sentido, si el gobierno de Arévalo no consigue el respaldo parlamentario para aprobar su agenda legislativa, no será fácil cumplir sus promesas de campaña, y por ende, dar respuesta a los anhelos de cambio de la población guatemalteca.
Sin duda, para poder llevar a cabo estas transformaciones, el respaldo de la comunidad internacional será determinante. No solo para evitar que se produzca un golpe de Estado contra Bernardo Arévalo y su gobierno, sino para poder financiar los proyectos prioritarios de la nueva administración. En este sentido, el apoyo de las instituciones multilaterales regionales de crédito, como el BID y la CAF, serán claves.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

X: @Gaspard_Estrada