“Si el próximo gobierno estatal no responde a los reclamos y demandas de la gente, y no reivindica el valor político de la democracia, el riesgo de un estallido social en Guerrero será enorme”, advirtió en un desayuno con el Grupo Cuicalli, el 16 de junio de 2015, Florencio Salazar Adame.
Menos de seis meses más tarde, el chilpancingueño se convirtió en secretario general del gobierno electo de Héctor Astudillo Flores; es decir, en el principal operador de la política interna guerrerense.
Ignoro si ponderó desde entonces regresar a la política activa, particularmente si su ex colaborador y amigo ganaba la elección como posible y ya muy probable candidato a la gubernatura del PRI.
Pensando mal, diría que sí (ningún político da paso deshuarachado, dicen los mal pensados), sobre todo porque estoy seguro que sabía que sería invitado, más temprano que tarde, por Héctor Astudillo a su campaña primero, y a su gabiente por añadidura.
Pensando bien, diría que no, o que al menos creía que el PRD conservaría el poder, porque de lo contrario dudo quién habría declarado lo declarado, a sabiendas que pasaría tan pronto de emisor de tamaño desafío a destinatario implícito del mismo.
En cualquier caso, quiero pensar que con semejante franqueza y gravedad, compartió sus preocupaciones con el gobernador Astudillo, al momento de proponer las prioridades políticas más urgentes e ineludibles; y que su electo interlocutor coincidió con ellas, al momento de definirlas y acordarlas oficialmente.
Quiero pensarlo, porque aunque la advertencia pudo interpretarse como exagerada seis meses antes, dependiendo del cristal con que se mirara, lo cierto es que Salazar Adame no la planteó huérfana de argumentos y sustento, tan claros y evidentes como la realidad social que padecíamos y padecemos todos, más los muchos y menos los pocos, pero todos.
En ese sentido, argumentó que para la mayoría de los guerrerenses, sobre todo los más pobres y vulnerables, la libertad tiene un carácter negativo, pues sólo “se les permite” ejercer su voluntad; en cambio, agregó, la libertad positiva se refiere a que los ciudadanos “pueden ejercerla”, al contar con el necesario conocimiento de sí mismos y la capacidad para hacerlo.
Es decir, que la libertad que supone un sistema democrático de poco o nada sirve a los ciudadanos si éstos no pueden, aunque se les permita, por ejemplo, elegir la escuela de sus hijos, comprar una casa, viajar, o decidir el empleo que más les conviene.
Sin embargo, si compartieron en sus preocupaciones y coincidieron en las prioridades el gobernador Héctor Astudillo y el secretario general Florencio Salazar, aún parece temprano para juzgar avances o retrocesos en esas ta-reas. La nueva escalada de violencia que recibió al flamante gobierno basta y sobra para preocupar y ocupar el tiempo completo de ambos.
Por lo pronto, tienen el consuelo de contar con el apoyo político y presupuestal del presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete federal de seguridad. Pero de los resultados que arroje pronto la estrategia de la Policía Estatal Única, al menos en la percepción de los ciudadanos, dependerá en mucho el respaldo y la credibilidad que tenga el gobierno estatal para intentar superar el desafío lanzado por Florencio Salazar en junio del año pasado, y para convocar a la participación de la gente en sus empeños.
Sin embargo, preocupa el silencio indiferente que mereció de los principales políticos del gobierno estatal (y de toda la clase política local), el artículo que el senador Armando Ríos Piter escribió en El Sur el 7 de enero de este año.
Aunque los destinatarios directos de su mensaje fueron los perredistas guerrerenses (“cambiar la vida cotidiana, las formas de hacer política y, sobre todo, las formas de ser sociedad”), en la última línea de su artículo, Ríos Piter convocó a todos sin exepción: “es tiempo de construir una nueva historia de quienes somos. Estoy convencido de que es hora de despertar”.

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