Este domingo 24 de abril del 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rindió su segundo informe de trabajo, relativo a la investigación de las seis personas asesinadas –entre ellas tres estudiantes– de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa, perteneciente al municipio de Tixtla, y la desaparición de 43 normalistas de esa institución educativa, perpetrada el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
1.- El II informe del GIEI, contiene aspectos muy novedosos y determinantes para el esclarecimiento de este acto de barbarie que ha sido una de las más graves violaciones a los derechos humanos en México, entre ellos el que Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) y responsable directo de la investigación, estuvo en el río San Juan de Cocula el 28 de octubre del 2014, un día antes de que supuestamente ahí se encontraran restos calcinados en bolsas, los cuales fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria, para saber si eran de alguno de los normalistas desaparecidos.
El problema que aquí reside consiste en que los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no estuvieron presentes en esa diligencia, por lo que no se sabe si ahí fueron encontrados los restos o cuándo fueron depositados en el río, además de que esta actividad de Tomás Zerón no fue registrada en el expediente, por lo que oficial y legalmente no se sabe tampoco qué fue lo que hizo, por lo que dicha actuación no tiene ninguna validez.
2.- Otras de las conclusiones relevantes de este informe consiste en que se trató de una acción concertada entre policías municipales de Iguala y de Huitzuco y de policías federales con la delincuencia organizada, ya que pusieron tres cercos de control en un perímetro de 80 kilómetros de distancia en torno de la ciudad de Iguala en donde se encontraban los estudiantes, con el objetivo de que no pudiesen huir y protegerse; que los alumnos estuvieron siendo monitoreados desde su salida de Chilpancingo, por policías estatales y federales y que durante su estancia en Iguala en el tiempo que ocurrieron los crímenes y las desapariciones, estuvieron al tanto de todos sus movimientos y de las violaciones a sus derechos humanos, elementos del Ejército que vigilaron sus actos y observaron cuándo eran atacados a balazos, cuándo estuvieron en los hospitales, cuándo fueron entregados a grupos de delincuentes y cuándo los sometieron para trasladarlos a distintos puntos –no solo al basurero de Cocula– sino a otros lugares como el municipio Huitzuco de los Figueroa, lo que hace falta investigar y confirmar.
3.- El trabajo de un organismo internacional como el GIEI de la CIDH fue obstruido por el gobierno de Peña Nieto. El hecho de que haya aprobado su colaboración en la investigación de los asesinatos y desaparecidos de Ayotzinapa fue en reacción ante la inmensa presión internacional, ante la falta de credibilidad en la procuración e impartición de justicia, para tener un manto temporal de protección; pero una vez que el GIEI divulgó la verdad de los hechos que derrumbaron la supuesta verdad histórica, Peña Nieto desplegó una campaña mediática para desacreditar su trabajo, de tal forma que su aparente verdad histórica siguiera siendo la versión oficial.
Así, la postura gubernamental se ha enfocado en olvidar, en superar la tragedia, en confirmar la impunidad de un régimen proclive a la violación a los derechos humanos.
4.- Los crímenes de los estudiantes de Ayotzinapa, del joven futbolista de los Avispones de Chilpancingo y el chofer, de las ciudadanas indefensas y la desaparición de los 43 alumnos normalistas es una replica del asesinato de Vicente Guerrero Saldaña, de la matanza de los mártires del 60 y de los copreros, de la persecución, secuestro, desaparición forzada y asesinatos de líderes populares y universitarios en la década de los años setenta, de todas las agresiones a los movimientos populares en los últimos decenios. Es el patrón de comportamiento de las instituciones del Estado mexicano, que no tolera la discrepancia ideológica y política, que tiene como principio el exterminio de la disidencia, que se muestra como un Estado totalitario y en decadencia, como lo acaba de afirmar el notabilísimo escritor Fernando del Paso, en la Universidad de Henares en España al recibir el premio Cervantes.
5.- El GIEI en los hechos ha sido expulsado de México por Peña Nieto porque ya le ha resultado incómodo a su estrategia en el caso de los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, puesto que con evidencias científicas han derrumbado su aparente verdad histórica: han probado que al menos 17 prisioneros testigos del basurero de Cocula y del río San Juan fueron torturados, de tal manera que sus declaraciones no tienen ninguna validez, en consecuencia la investigación de la PGR es una simulación.
Sin la presencia del GIEI, ahora Peña Nieto ya no tiene ninguna credibilidad. Su gobierno está y estará marcado en este caso por la incredulidad, por la impunidad, toda vez que ha protegido a los miembros de la policía federal, a los militares y no ha detenido a ninguno de los autores intelectuales. Tarde o temprano el caso llegará a los organismos internacionales que enjuiciarán y condenarán a Peña Nieto.

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