Gran desconcierto ha causado el asesinato del diputado José Jorge Bajos Valverde, reconocido como un honorable ciudadano que cumplía cabalmente sus tareas en el Congreso local. Pero más desconcierto ha causado el manejo que la Procuraduría de Justicia del Estado ha hecho de la investigación, la que ya da por concluida. Hay una serie de elementos que dan pie a serias dudas sobre la legalidad y la legitimidad de las acciones que las autoridades estatales han estado desarrollando para esclarecer el asesinato y dar con los culpables.
Lo primero que se deja ver es la celeridad de esta investigación, que se presume como ya resuelta, cuando tenemos en los últimos años un largo historial de asesinatos y ejecuciones a lo largo y ancho del estado de Guerrero sin que tengamos al menos adelantos ciertos de las investigaciones. Los guerrerenses ya nos acostumbramos a la regla de que los crímenes no se resuelvan y queden en el olvido pues reconocemos que, en muchos casos, quienes tienen a su cargo la procuración y la impartición de la justicia, carecen de profesionalismo y del sentido de la justicia, lo que no les permite hacer bien su trabajo para bien de la sociedad y de quienes son atropellados en sus derechos.
Otro elemento extraño es el modo como se han conducido las autoridades ministeriales. Montar operaciones aparatosas para aprehender a personas como hicieron con los señores Ángel Pasta y Aldy Manuel González, y perseguir al señor Ramiro Arteaga apoyándose en un mensaje de correo electrónico anónimo y en la supuesta confesión de quien presentan como el autor material del crimen, parece un exceso y una irresponsabilidad. Tal parece que más que apegarse a la verdad de los hechos, quieren demostrar a la opinión pública que sí dan buenos resultados en la procuración de justicia.
Por otra parte, las comunicaciones oficiales dan como resuelto el caso sin que la opinión pública haya podido escuchar a los acusados para que den su versión de los hechos. Dan la impresión de que construyen todo un montaje para inducir las investigaciones y para fabricar culpables. La Procuraduría de Justicia puede resultar muy dañada si éste fuera realmente un montaje hecho para inculpar a inocentes con tal de lograr resultados ajenos a la realidad de los hechos. Su credibilidad, ya de por sí deteriorada, puede irse por los suelos si no se conduce esta investigación con apego a la ley. Y este es un mal mayor que debe evitarse.
Quienes conocen a algunos de los implicados en este crimen no dejan de sentirse perplejos por lo que está sucediendo. Mucha gente reconoce en ellos a personas de solvencia moral, dedicadas a su trabajo y a las actividades políticas de manera honorable y exige que el apego a la verdad sea la norma para resolver este caso.
Con todo, en el curso de esta investigación hay algo que no huele bien. La desconfianza campea en la sociedad ante los procedimientos ordinarios de las oficinas del Ministerio Público y de la Policía Ministerial, donde lo último que interesa es la justicia. Hay una exigencia moral para que este caso no se politice ni se maneje para fines ajenos a la justicia. Queremos la verdad y sabemos que, después de todo, ésta siempre prevalece.