La denuncia formal de hechos que el señor Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República contra actores políticos de primer nivel, hecha pública esta semana, es solo un botón de muestra del sistema político mexicano, que está mostrando su agotamiento porque ya no soporta más. La propia corrupción está socavando la manera de hacer política y el manejo del poder en este país. Al ir leyendo, una a una, las 60 páginas que contiene este documento, la pestilencia expuesta en él me ha revuelto el estómago, porque da cuenta con datos precisos de acciones de corrupción ejercidas desde la cúpula del poder en México. No estamos ante un diagnóstico genérico de la corrupción sino ante hechos consumados y expuestos de manera muy precisa. Ahora se espera la investigación eficiente de dichos hechos denunciados por parte de las autoridades competentes.
Hay preguntas que surgen, de manera espontánea, ante los hechos señalados. ¿Cómo es que los mexicanos hemos permitido aberraciones públicas tan graves como las que se han señalado en esta denuncia? ¿Por qué hemos aguantado tanto? ¿Por qué aún no ha habido un levantamiento ciudadano para generar respuestas proporcionales al maloliente sistema político que nos tiene prisioneros? Si el caso del señor Lozoya es solo uno entre miles de casos, ¿acaso no alcanzamos a divisar el alcance de este cáncer nacional?
Hay que recordar que una de las banderas más visibles del actual gobierno federal ha sido el combate a la corrupción, cosa que ha abierto algunas puertas para afrontar este aspecto trágico de la vida nacional. Esperamos que no haya circo en el manejo de este caso ni en ninguno más, como se ha acostumbrado desde sexenios anteriores. Y también deseamos que en este caso no prevalezcan las causas políticas ni de los gobiernos ni de otros actores, sino el Estado de derecho. Por eso, me parece sin sentido eso de la consulta para proceder contra los ex presidentes de la República, ya que no le toca al Ejecutivo proceder en estos casos sino a las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia, como la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Así que no queremos circo sino justicia.
¿Cuál tendría que ser el horizonte del combate a la corrupción, que ayude a disminuir al máximo este nocivo fenómeno de la vida pública? A mi juicio, se requieren algunas cosas fundamentales.
Lo primero e inmediato es la justicia. Hay que procesar debidamente y conforme a derecho a todos los implicados en actos de corrupción. Y no solo aquéllos que corresponden a esta denuncia específica, sino de todos los que se vayan conociendo. Que reparen los daños y regresen lo robado, que tengan procesos justos y paguen las penas merecidas por sus crímenes. Y que se sepa la verdad en cada caso. La justicia es necesaria para sanar esta profunda herida que agobia al país y para ir reconstruyendo la confianza en las instituciones públicas. Hay que descartar las posibles venganzas políticas, así como los favores en este asunto. Se trata de justicia y no de venganza.
Lo que sigue es desmontar todos los andamiajes que existen de facto para promover y ocultar la corrupción desde la administración pública. Es necesario que haya condiciones de no repetición de los daños generados por la corrupción en todos los espacios de la administración pública. Lo que ahora estamos viendo con el caso Lozoya es uno, de miles más, que por algunas causas ha pasado a primer plano. Pero hay que reconocer que las estructuras de corrupción están arraigadas en los gobiernos federal, estatales y municipales, lo mismo que en los tres poderes. Así que es una tarea mayúscula que el actual gobierno no va a resolver, pero puede avanzar mucho poniendo las bases legislativas, institucionales y culturales que sean necesarias. Si no se desmonta la corrupción estructurada en la vida pública, todo seguirá siendo una mera simulación.
Si la corrupción es un fenómeno estructural, que ha permeado al sistema político, también es un problema cultural que ha permeado a la sociedad misma, lo que ha contribuido a su invisibilización. Ha sido ya parte del funcionamiento de la sociedad en la que hay cierto consenso que la permite, la tolera y hasta la estimula. Vamos, es parte de nuestra “normalidad” social y amenaza con seguir siendo parte de la así llamada “nueva normalidad”, después de la pandemia. Los ciudadanos somos parte del problema, en cuanto que la corrupción es vista como un recurso para resolver problemas cotidianos. Nos prestamos a las extorsiones que vienen desde el poder público o también recurrimos a ella cuando nos conviene.
Nunca será suficiente el esfuerzo para hacer eficaz la administración de la justicia a los corruptos del pasado y del presente, ni seguirá siendo suficiente el desmontar la corrupción del sistema político y de la administración pública si no construimos la cultura de la honestidad y de la transparencia, porque la corrupción tiene también un factor personal. Es consecuencia de factores personales y de decisiones de conciencia.
En este contexto, la educación ha de ser el mejor método de prevención. Cuánta falta le ha hecho al país un sistema educativo que funcione para el bien de todos, transformando a las personas equipándolas con principios, valores y conductas cívicas. Hablar de “ciudadanos”, de “patria”, de “servicio público” ha sido tan estéril. Muchos corruptos hacen honores a la bandera y rinden protesta sin escrúpulos, como rituales vacíos. Algo que me llama la atención es el hecho de que se sigue desperdiciando el muy alto potencial del sistema educativo para educar en la ciudadanía y aún no se aprovecha. Tiene que haber un cambio en el mismo modelo educativo para que esté en condiciones de formar personas capaces de amar al país en la vida cotidiana. Sin educación, la lucha contra la corrupción se queda a la mitad del camino y se revierte. Y el circo seguirá dando funciones.