El miércoles subiendo a la sierra, fuimos detenidos por un retén policiaco-militar. Un soldado me marcó el alto. Al detenerme el militar amablemente me informó: “Estamos realizando una revisión en base a la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos”. Molesto, bajé de la camioneta y le advertí que la referida ley en ninguno de sus artículos faculta ni al ejército ni a ninguna corporación de seguridad a efectuar revisiones aleatorias.

El militar me miró confundido y fue entonces cuando un policía estatal me preguntó que quién era y a dónde me dirigía. Le contesté que ese no era un asunto que le incumbiera y que si querían revisar el auto podían hacerlo, pero que de ninguna manera me sometería a interrogatorio alguno. Un policía judicial del estado me comunicó que era por mi propio bien, y dijo: “¿Se imagina que lo secuestraran con una pistola en la cabeza?” Le contesté que las bandas de secuestradores no operaban en la sierra y que en todo caso, ellos deberían de saber quiénes las integraban y dónde trabajaban. El policía desconcertado llamó entonces a su jefe, que se encontraba en una casa a unos cincuenta metros del retén. El “jefe” que dijo ser Ministerio Público, jamás se identificó y llegó a preguntar cuál era el problema. Nosotros le contestamos que no había problema alguno, que yo me oponía a que me detuvieran argumentando facultades que no les otorgaba ninguna ley, pero que no me estaba resistiendo a que revisaran.

Entonces el policía, sospechando lo peor, me preguntó si era funcionario público, diputado o “del gobierno”. Le dije que no, que era un simple ciudadano que aspiraba a transitar por una carretera federal disfrutando de los derechos que me otorgaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los policías, al borde de la histeria, no entendían ya nada. Los militares hacía tiempo que se habían retirado discretamente y únicamente observaban.

Finalmente el Ministerio Público “permitió” que continuara mi camino, no sin antes recordarme que el Presidente de la República era el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Le pregunté entonces que si me estaba deteniendo por órdenes del Presidente y ya francamente no supo que responder.

El día anterior, una magistrada había resuelto que ni Luis Echeverría ni Moya Palencia eran responsables por la matanza del 10 de junio de 1971. Ahora va a resultar que los muertos en esa y tantas y tantas masacras perpetradas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado se autoinmolaron o cometieron suicidio colectivo.

La magistrada y los jurisconsultos famosos y defensores de delincuentes de altos vuelos, de cuello blanco o blanqueado, viven en una realidad que nada tiene que ver con la que sufrimos los guerrerenses todos y cada uno de los días.

Tengo 31 años. Nací el 9 de julio de 1974. Los guerrerenses de mi generación hemos crecido con la falsa idea de que la militarización es cosa común. Los retenes militares, policiacos y su nueva modalidad, los militares-policiacos, son parte del paisaje de la Costa Grande y de la Sierra. Es “natural” que a uno lo detengan y le pregunten cosas que a nadie le debieran de importar. Es “natural” que a uno le pregunten a dónde viene y de dónde va. Es “natural” que cualquier persona le exija a uno identificarse, como si hubiera de por medio orden de averiguación, de aprehensión o de presentación. Sin embargo esto no debería de ser así.

De ninguna manera debemos acostumbrarnos al atropello. La presencia policiaca y militar cada vez es mayor y la incidencia delictiva aumenta de manera proporcional. ¿Coincidencia? Los comandantes son los mismos que hace unos años eran los caciques y represores de la sierra.

La ratificación de los jefes policiacos es una burla ante el reclamo por una justicia justa. Los desaparecidos en la guerra sucia suman centenas sólo en Atoyac. Las masacres de Cívicos en Chilpancingo (1960), e Iguala (1962); las de Copreros en Acapulco (1967); las matanzas de Atoyac (1967), de Aguas Blancas (1995) y El Charco (1998) permanecen impunes. Los esfuerzos por buscar responsables parecen desvanecerse ante la burla de los asesinos que festejan las resoluciones de los jueces y las torpezas del fiscal.

En la ciudad de México, Fox festeja (aunque con un puñado raquítico de invitados) la avenida del régimen democrático que a partir del 2 de julio del 2000 “transforma” a la nación. Qué lejos estamos de esa realidad. La justicia justa y el castigo a los responsables de tanta sangre mexicana derramada, no llegará de la mano de los mismos que jalaron los gatillos o que desde sus escritorios oficiales giraron las respectivas órdenes. Sería como darse un balazo en el pie.

Los magistrados han resuelto que no se ha cometido genocidio. Esta resolución es tan artificial como sentenciar que en México existe la libertad de transito. En Guerrero, Chiapas y Oaxaca no hay patrullaje militar de manera cotidiana. Las corporaciones policiacas están saneadas y no cuentan entre sus filas con delincuentes y represores. Los retenes no son parte de una campaña de intimidación y en cambio han contribuido notablemente a la disminución de la violencia en Guerrero. La vida cotidiana del país y del estado mejora día con día y en pocos meses las matanzas de campesinos, de ecologistas y de defensores de los derechos humanos serán cosa del pasado. Cada quién que se quede con sus mentiras. La verdad histórica será la única que trascienda.

 

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