Es excesivo el empeño con que el actual gobierno combate al Instituto Nacional Electoral, en especial a dos consejeros, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes ya estaban en esos cargos cuando Morena ganó la elección de 2018 y Andrés Manuel López Obrador pudo llegar a la Presidencia de la República.
Resulta desmesurada la embestida porque varios de los consejeros lo son a propuesta de AMLO y, más todavía, si se piensa que Córdova y Murayama terminan su gestión en seis meses y el Ejecutivo podrá colocar a otros de sus seguidores en el órgano rector del INE.
Pero el encono presidencial no está dirigido únicamente a los dos consejeros citados, sino que se despliega en contra de toda la institución. Por ejemplo, se critica lo elevado de los sueldos, pero se olvida que no fueron esos consejeros quienes los establecieron, sino que fue el Congreso de la Unión el que resolvió cuánto debían ganar y reducir hoy sus percepciones sería anticonstitucional
Pero nada de eso ha impedido una intensa campaña de descalificaciones a la que contribuyen los errores y excesos de los propios consejeros, como el pagar una encuesta para conocer el grado de popularidad de Córdova o la erogación de 300 millones de pesos por seguros médicos, cuando los funcionarios públicos disponen del ISSSTE.
Como está dicho, AMLO ha podido colocar a varios de los actuales consejeros y al irse Córdova y Murayama podrá contar con mayoría dentro del Consejo del Instituto. Pero al plantear la elección de consejeros por voto universal, el partido con mayoría tendrá un órgano comicial a su gusto y conveniencia, mero instrumento presidencial, como en los viejos tiempos del PRI y de la Comisión Electoral Federal que encabezaba el secretario de Gobernación en turno y era manejada a conveniencia del Ejecutivo y su partido.
Hace unos días se dio a conocer una encuesta del INE según la cual 78 por ciento de los ciudadanos estarían en favor de elegir por voto universal a los consejeros y en sustituir al actual órgano electoral con un Instituto Nacional de Encuestas y Consultas. Por supuesto, el trabajo dado a conocer por el INE fue muy mal planeado y peor ejecutado, pues otros resultados del propio estudio lo revelan.
Por ejemplo, la misma encuesta señala que 42 por ciento tienen una opinión “muy buena” del INE, 14 por ciento la tienen “buena” y 18 por ciento dijeron tener una opinión “regular”, nada mal para un organismo sometido a la implacable descalificación de un presidente como AMLO, cuya popularidad, según la encuesta de octubre de El Financiero anda en 56 por ciento.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer datos de una encuesta propia, según la cual 73 por ciento considera al INE como una “autoridad favorable para la ciudadanía”, mientras que 59 por ciento sostienen que el INE y el Tribunal Electoral vigilan bien los procesos para que se cumpla la ley. Pero ese estudio demoscópico no lo mencionan los propagandistas de la 4T.
Así, mientras la tropa morenista y sus generales se empeñan en desprestigiar al INE y a sus consejeros, crece la convicción de que cualquier cambio debe acordarse y realizarse después de las elecciones de 2024. Hacerlo antes implicaría poner la mesa para el triunfo de Morena y servir en ella el menú que elabore el que manda, pero nada más lejos de la democracia.
Como es obvio, la cruzada en contra del INE no ha fortalecido al Presidente ni a la cuarta transformación (cualquier cosa que eso signifique), pues crece el rechazo a esa reforma que será un traje sobre medida y esa repulsa beneficia especialmente a los partidos de oposición y otros representantes de los intereses neoliberales y conservadores que tanto parecen preocupar a López Obrador, cuyos enemigos, como es lógico, no perderán ocasión para capitalizar sus errores.