México ocupa el segundo lugar mundial en índice de desapariciones. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador una persona es desaparecida cada hora.
Dentro de este contexto, Jalisco se ha convertido en el mayor infierno de desapariciones. En esa entidad, como en casi todo el país, han sido las familias de los desaparecidos quienes han corrido con la responsabilidad de las búsquedas frente a la oprobiosa ausencia del Estado mexicano, que ha abdicado en esta materia. Eso siempre a riesgo de ser revictimizadas y, en muchos casos, de sus propias vidas. Familiares se han organizado por todo el territorio, de norte a sur, para realizar con dignidad ingratas labores que no tendrían por qué existir.
Tan sólo el pasado 30 de mayo, el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco dio con el hallazgo de un punto de Tlajomulco donde un tumulto de cadáveres se encontraba enterrado y esparcido en 27 bolsas de plástico. Por medio de llamadas anónimas y sin apoyo de las autoridades es como se han enterado de éste y otros puntos.
Ante la falta de seguridad que el Estado no les provee en sus pesquisas autogestivas y dada la magnitud del hallazgo, las Madres Buscadoras optaron por dar parte a las autoridades y abandonar el punto para evitar ponerse en peligro. Al cabo de 15 días de su aviso, el pasado 15 de junio las madres volvieron al lugar. Para su asombro e indignación, los cadáveres seguían enterrados en el predio tal como los habían encontrado. Y más: ninguna autoridad a las que dieron alerta se había parado por allí en todo ese tiempo. Pero aún más: las Madres Buscadoras descubrieron otra fosa clandestina en el mismo lugar. La magnitud del hallazgo y el número de los nuevos cadáveres rebasaban por mucho a los primeros.
El colectivo jalisciense ha confirmado el rescate de al menos 32 cuerpos. Calculan que, entre las dos fosas, serán bastante más los que se exhumen.
Tan sólo siguiendo las conservadoras cifras oficiales, Jalisco ocupa el primer lugar en casos de desapariciones del país: cerca de 15 mil desaparecidos del universo también oficial y conservador de los más de 112 mil en total (de los cuáles sólo 35, para no creerse, han recibido sentencia). Además, 50 mil cuerpos están a la espera de ser identificados por falta de recursos debido a una paralela crisis forense.
Ante estas cifras de desapariciones que se han rasurado en cada nuevo sexenio y en vista de que los gobiernos federales han hecho todo por manipular, escamotear el tema y evadir las audiencias con las familias de las víctimas, hoy más que nunca parece urgente una depuración y reelaboración de un censo nacional de desaparecidos.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el especialista en justicia transicional y derechos humanos Jacobo Dayán explicó que el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas –instaurado durante de la administración de AMLO– de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se ve desbordado ante la crisis de desapariciones y su anquilosado método de carga de casos desde las fiscalías estatales. Dicho registro refleja, para algunas entidades, datos de hace cinco años. Dayán pone un ejemplo alarmante: las cifras de desapariciones durante la administración de Miguel Ángel Mancera en Ciudad de México aparecen prácticamente en ceros.
Ante la arbitrariedad y opacidad de las fiscalías para rendir cuentas ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, colectivos de familiares han demandado que la base de datos sobre la que se sustenta el registro de la CNB se haga pública, que se transparente. La cifra negra que ellos han recabado es por lo menos el doble de la oficial.
AMLO se comprometió a exigirles a las fiscalías locales un censo en todo México para la depuración de la cifra de desapariciones en el lapso del mes que corre ya. Ésta, como muchas más de sus ocurrencias, se antoja una labor titánica. Aparte, como acostumbra, se ha saltado el propio proceso de censo de la CNB en su propuesta. ¿No sería mejor llevar a cabo un auténtico proceso de justicia transicional mediante una fiscalía extraordinaria como ha ocurrido en otras experiencias internacionales, o se trata únicamente de maquillar las cifras, de mantener las apariencias?
Parecería que después de negarse sistemáticamente a recibir a las familias de los desaparecidos durante todo su sexenio para “no manchar la investidura presidencial”, la prisa por modificar esta cifra negra tiene una urgencia y un interés meramente electorales. Eso sí, a diferencia de la brutal escalada de desapariciones durante su gobierno –más de 42 mil, según la propia CNB–, es algo que le quita el sueño al señor presidente.