Andrés Manuel López Obrador es un hombre de poder. Parece obvio en quien aspiró durante 18 años a la Presidencia de la República, que una abrumadora mayoría del sufragio le ha otorgado, pero no lo es. López Obrador se ha propuesto alcanzar una dimensión heroica: llevar a México a una cuarta etapa histórica, comparable a la Independencia, la Reforma y la Revolución. Sus paradigmas son Hidalgo, Juárez y Madero.
Se ha trazado la ejecución de un proyecto que sólo se alcanza a ver en los bordes. La hiperactividad realizada en estos escasos días se refiere principalmente a políticas de reordenamiento administrativo y descentralización del aparato burocrático con el personal designado para ejecutarlo en su momento.
Combatir la corrupción, ahorrar en el gasto y eficientar al gobierno, son tareas plausibles. Es indispensable que el gobierno “no se administre para sí mismo”, y que la distribución de los recursos llegue a sus destinatarios en obras o apoyos sociales. Siendo necesarias estas políticas, no son suficientes para convertirlas en una plataforma que despegue en el sentido de formular una nueva etapa histórica.
Lo que se puede advertir como un nuevo proyecto de nación es un par de asuntos que ha planteado: la designación de un coordinador por estado, en remplazo de todos los delegados federales; y la asignación directa de recursos a los municipios. Varios analistas ya han señalado que estas acciones violarían preceptos constitucionales, pero la Constitución es reformable.
A lo largo de nuestro proceso histórico, las pugnas fueron entre federalistas/liberales contra centralistas/conservadores. Hoy somos una república federal, que en los hechos ha sido una república central; y cuando pudo tener vigencia el federalismo (2000-2012), el país se balcanizó fortaleciendo el poder caciquil en las regiones.
México es uno el país legal y otro el país real. No creo, entonces, que manejar el presupuesto desde el centro evite la corrupción, por ejemplo. Si verdaderamente queremos cambiar, la tarea es hacer del Estado mexicano un Estado de derecho, un país de leyes. La ilegalidad crece en donde la impunidad abona.
El tema de los coordinadores federales por entidad va más allá de una simple medida administrativa. El poder es centrífugo y al asentarse el nuevo gobierno en los estados, va a atraer a fuerzas políticas y sociales para generar un apoyo más amplio a partir del reparto de recursos y oportunidades. No se trata de actos de fe, sino de proyectar el resultado de tales medidas.
Enrique González Pedrero, tabasqueño ilustre, dedicó muchos años de su vida a documentar el México de Antonio López de Santana. En dos voluminosos textos (FCE), se publicó México. País de un solo hombre. Para trascender en la historia ahí está la historia, la que una y otra vez enseña que el poder centraliza para expanderse. Está en su naturaleza.
Los padres fundadores de Estados Unidos consignaron en su Constitución los contrapesos entre poderes, a fin de evitar el colapso de un sistema federal y democrático por la imposición de un Ejecutivo sin límites. De eso se trata, que el nuevo gobierno explique su proyecto de la cuarta etapa histórica y llame a los mexicanos a construirla si es para atender el bienestar general.
No voté por Andrés Manuel López Obrador, pero es deseable que, con su liderazgo institucional, México logre hacer cumplir la ley, abatir la desigualdad, crear oportunidades para la inversión y la formación de capital humano; que al fin seamos el país que se mire en el espejo del desarrollo con rostro humano.
Se puede lograr a través de una revolución pacífica. Revolución, pero pacífica. Pacífica, pero revolución.

* El autor es secretario general de Gobierno. Entregará una colaboración semanal con sus opiniones personales sobre la inédita situación política abierta por los resultados de la elección presidencial.