He estado leyendo los diferentes análisis que se han publicado respecto a la jornada electoral del pasado 2 de junio, en donde resultó ganadora en la elección presidencial la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y los partidos de la coalición que la respaldó, quienes –de acuerdo al último conteo preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Institutos Electorales Locales–, obtienen la mayoría calificada en la Cámara Federal de Diputados, están muy cerca de lograr esa misma mayoría en la Cámara de Senadores, ganaron la mayoría de gubernaturas: Chiapas, Morelos, Tabasco, Veracruz, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y por primera vez Yucatán, que había sido gobernado por el PAN y en Jalisco el partido Movimiento Ciudadano retuvo la gubernatura, y lograron el triunfo en la mayoría de los Congresos Locales, en donde hubo elecciones.
Quienes cuestionan el proceso electoral en su conjunto, argumentan que se trató de una “Elección de Estado”. La caracterización teórica de este concepto, se sustenta fundamentalmente en que las elecciones están absolutamente bajo el control del gobierno y que este utilizan todos los recursos públicos a su alcance para ganar una elección, marginando a la oposición en una contienda inequitativa ¿ocurrió esto en el reciente proceso electoral en México?
Veamos los hechos. Quien organizó el proceso electoral en el ámbito nacional fue el INE, que es una institución que se creó para sustituir al gobierno que organizaba las elecciones hasta 1988 y su composición se ha integrado por acuerdos entre los partidos políticos.
Lo relevante a destacar es que no fue el gobierno quien organizó las elecciones, en realidad el INE siguió algunas reglas generales de control, como la publicidad equitativa para candidatas/os y partidos, la organización de los debates, pero la elección fue organizada principalmente por las y los ciudadanos en las mesas directivas de casilla.
Respecto del uso de recursos públicos, particularmente dinero, a diferencia de lo que ocurría en el régimen autoritario del pasado, en donde de manera abierta se usaba dinero público o ilegal para tener una ventaja en la contienda –como pasó con las aportaciones millonarias del sindicato de Pemex en apoyo a Francisco Labastida Ochoa candidato del PRI en la elección presidencial del 2000, la de los amigos de Fox, la entrega de dádivas en las elecciones presidenciales del 2006 y del 2012. En este proceso electoral no hay ninguna evidencia de que esto haya ocurrido, tampoco el uso de dinero ilegal para comprar el voto de las y los ciudadanos.
Respecto del acceso equitativo a medios de comunicación, de manera formal se mantuvo la equidad por parte del INE en cuanto a la publicidad institucional –número de spots para cada candidatura–, pero no ocurrió así con los medios convencionales, con los grandes consorcios de la radio, televisión y sus editorialistas, quienes en su inmensa mayoría respaldaron la candidatura presidencial de la coalición opositora.
En este tema, se ha cuestionado la injerencia del presidente AMLO a través de las conferencias matutinas. En este aspecto los críticos entraron en una contradicción insalvable, puesto que por un lado arguyeron que el gobierno de AMLO tenía muy malos resultados, y claro si eso fuese cierto, sus conferencias matutinas con su derecho de réplica, se contrastarían con la realidad de los electores para castigarlo en las urnas y por otro, exigieron suspender las conferencias matutinas, lo que el INE y el Tribunal Electoral Federal rechazaron.
Refutados de manera muy argumentativa, los alegatos de los ideólogos, editorialistas de la oposición, quienes incluso antes de conocer el resultado real de las elecciones, escribieron que era una jornada ejemplar, con una gran participación ciudadana, avizoraban el triunfo de la candidata opositora, ahora se dicen sorprendidos y no saben explicar qué pasó. Ahora cuestionan que el pueblo le haya delegado un cheque en blanco, poderes populares a la nueva presidenta de México y recriminan que eso es fortalecer el presidencialismo mexicanos, sin contrapesos.
En cualquier régimen democrático donde hay elecciones libres, los electores evalúan a su gobierno, esto es porque no se puede desligar la acción del gobierno en turno del voto ciudadano. Esto ocurre así, en las democracias consolidades de los países nórdicos, europeos, de América del Norte –Canadá y Estados Unidos– y algunas de Centro América y América Latina. Los programas sociales de AMLO, están en la Constitución, en la ley, y es claro que si los electores se sienten favorecidos por su gobierno, es normal que voten por las y los candidatos que se identifican con ese gobierno.
Antes, en el régimen autoritario, sólo se apoyaba con los programas sociales a los afiliados al partido en el gobierno, se les condicionaba su voto, ahora los programas sociales son constitucionales, universales, no existe ninguna coacción al voto.
El debate fundamental en este proceso electoral consiste discernir si esta elección es no democrática. Para los ideólogos, críticos y editorialistas de la oposición, no lo es, pero la realidad es que el pueblo –los ciudadanos– acudieron sin coacción a ejercer su derecho al sufragio.
No existe democracia perfecta en el mundo, pero lo que ocurrió el pasado 2 de junio, después del primero de julio del 2018 –a pesar de la injerencia del poder público y los poderes facticos– es que nuestro país, por voluntad libre soberana, está arribando a una era de consolidación democrática, como ha ocurrido en las democracias en donde se realizan procesos electorales en libertad y en donde el pueblo decide su destino.

FB: Marcial Rodriguez Saldaña