Como si se necesitaran evidencias más claras y datos más duros para demostrar el fracaso rotundo de la política de seguridad y el combate al crimen organizado del gobierno federal, el pasado fin de semana fueron asesinadas en distintos hechos, 105 personas en 17 estados del país.
Aunque poco más del 10 por ciento de esos crímenes se cometieron en Guerrero, desde el lunes temprano no pocos feisbuqueros compartieron el conteo anual actualizado de víctimas de la violencia, como principal argumento para criticar al gobierno “de la paz y el orden” de Héctor Astudillo Flores; entre ellos, seguramente varios aludidos o molestos por el comunicado del secretario Florencio Salazar Adame, en el que señaló que “los actos delictivos en el estado tienen origen en los gobiernos del PRD”.
No es mi intención defender la posición de Salazar Adame, o minimizar la obligación del gobierno de Héctor Astudillo de enfrentar y resolver la crisis de violencia que recibió en su administración.
Para empezar, ¿porque quién, en su sano e imparcial juicio, puede exigirle buenas cuentas al gobernador Astudillo en este tema, a menos de un año del arranque de su administración, y siendo tan evidentes las desventajas y limitaciones para un desempeño eficaz y de corto plazo?
Y principalmente, porque creo que además del fracaso federal, el alarmante saldo del fin de semana pasado demuestra claramente que el problema (y su solución) no depende exclusivamente del gobierno estatal, que no se restringe a su territorio, y que tampoco se resolverá con estrategias y acciones policiacas.
Por el contrario, si esas 105 personas fueron asesinadas en hechos violentos sucedidos en 17 estados del país, es una prueba indiscutible de que la violencia es un problema nacional, por ende de competencia federal, y que exige respuestas mucho más amplias y profundas que enviar más policías y soldados mejor armados.
Desde hace ya mucho tiempo, cuando las cifras de muertos comenzaron a escandalizar a la opinión pública nacional, no pocos mexicanos, notables y comunes, alzaron sus voces para exigir cambios en las políticas oficiales ante la crisis de violencia, y reaccionar de manera paralela para tratarla como un problema de salud pública y justicia social.
Hace unos días, un respetado, reflexivo y bien informado amigo, comentó en su muro de Facebook: “A ver: los países con menor coeficiente de Gini (medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini, que normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país) registran escasos problemas de inseguridad pública. Algunos, como Suecia, están cerrando sus penitenciarías por falta de reclusos. A menor desigualdad económica y mayores niveles de ingreso, mayor seguridad pública, es una relación directa. La delincuencia es entonces un problema de falta de desarrollo, de desequilibrio social en otras palabras. Y aquí haciéndole al cuentachiles, programas y programas de ‘seguridad’, pero ninguna acción para promover efectivamente el equilibrio social”.
En este sentido, si pensamos en Guerrero, el olvido del gobierno federal y la urgencia de su apoyo decidido con mucho, mucho más que policías y soldados, resulta obvio y evidente.

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