El viernes pasado, el presidente brasileño Michel Temer anunció que el ejército brasileño tendrá los plenos poderes para sustituir a los cuerpos policiacos existentes en el estado de Río de Janeiro, que vive un clima de inseguridad creciente desde hace ya algunos años. Esta “intervención”, como fue denominada por la prensa de aquel país, no tiene precedentes desde la dictadura militar, que dejó el poder a mediados de los años 1980, y se da en un contexto turbulento para la democracia brasileña.
Desde la destitución ilegítima de Dilma Rousseff, fruto de un golpe parlamentario, a mediados de 2016, las instituciones brasileñas viven un proceso de desestabilización que se traduce por una fragilidad cada vez mayor de los equilibrios entre los poderes, en beneficio casi siempre del Poder Judicial. Este último ha venido asumiendo funciones que no le corresponderían, como cesar sumariamente al presidente del Senado, como pasó el año pasado, o impedir el nombramiento de un ministro del presidente, que es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo en una democracia en la cual existe una verdadera división de poderes.
Este desequilibrio institucional acaba de profundizarse con la medida anunciada, esta vez por el jefe del Ejecutivo, que se encuentra cada vez más frágil. Durante el año pasado, Temer tuvo que enfrentar en el Congreso dos pedidos de destitución, emanados de las bancadas de la oposición pero que tuvieron el respaldo de buena parte de la llamada “base aliada” del presidente, que buscaba de esta manera aumentar su espacio de poder dentro del gobierno. A raíz de esto, la voluntad política del gobierno de continuar con una agenda ambiciosa de reformas legislativas, en particular sobre el tema polémico de las pensiones, disminuyó considerablemente. Por ende, con los días crece la sospecha de que Michel Temer y su equipo decidieron evitar que el gobierno colapse políticamente al continuar insistiendo en reformas impopulares que no tienen el respaldo de la clase política, y reemplazar esta agenda negativa por otra mucho más ligada a las demandas de la población, como es la lucha contra la inseguridad. El objetivo, claro, es político: se trata de aprovechar a corto plazo el posible repunte en las encuestas del gobierno federal y del propio Temer de cara a las elecciones presidenciales, estatales y legislativas, que se llevarán a cabo a principios de octubre de este año. El problema es que esta estrategia es muy riesgosa: de manera general, uno sabe cuándo los militares salen de sus cuarteles, pero rara vez sabemos cuándo regresarán a su punto de partida. La experiencia mexicana de lucha contra el crimen organizado es aleccionadora: las fuerzas militares no han sido entrenadas para llevar a cabo tareas policiacas, de tal manera que rápidamente, después de un inicio en el cual la incidencia delictiva disminuye, los problemas ligados a las violaciones de los derechos humanos y de infiltración del crimen organizado en el ejército aparecen. Poco a poco, el remedio que se quería temporal se vuelve permanente, y la presencia de las fuerzas castrenses dificulta el regreso a la normalidad. El gobierno federal brasileño, en vez de reformar el marco legal de lucha contra el crimen organizado, para hacer que su combate funcione de manera más eficaz al integrar las policías municipales, estatales y federales, aumentar su capacidad de inteligencia y promover el desarrollo social en los territorios para evitar que los cárteles se apoderen de los barrios, está llevando a cabo una iniciativa peligrosa, que podría a posteriori generar más muertos y más violencia. De hecho, algunas voces autorizadas dentro del ejército brasileño han pedido de antemano que la justicia les garantice una inmunidad total ante las posibles violaciones de derechos humanos que podrían ocurrir en el futuro. Esperemos que no suceda, y que la historia no se repita.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en Paris.

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