METALES PESADOS

El 14 de septiembre de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió en el Centro Cultural Tlatelolco con colectivos y defensores de derechos humanos, es decir: representantes de víctimas de esta guerra, una de las causas con las que él realizó una campaña política cooptando las demandas de verdad y justicia. La expectativa y la confianza cifradas en ese primer –y último– encuentro eran altas, promisorias.
A pesar de la renuencia del equipo de AMLO, los seis ejes sobre los que los colectivos demandaron que discurriera dicha reunión para llegar a acuerdos fueron: 1) el diseño del sistema de justicia transicional; 2) la restructuración del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas; 3) el diseño de una comisión de la verdad; 4) la creación del sistema contra la impunidad con incursión de organismos internacionales; 5) la reparación integral del daño; y 6) la creación de un sistema de protección a víctimas y testigos.
La justicia transicional tiene que ver fundamentalmente con las víctimas. A decir del International Center for Transitional Justice, este proceso “se centra en sus derechos y dignidad como ciudadanos y seres humanos y busca la rendición de cuentas, el reconocimiento y la reparación de los daños sufridos. Al poner a las víctimas y su dignidad en primer lugar, la justicia transicional señala el camino a seguir para un contrato social renovado en el que se incluye a todos los ciudadanos y se protegen los derechos de todos”.
Sin embargo, contrario a la celebrada promesa central de López Obrador de impulsar un proceso de justicia transicional y devolver a los militares a sus cuarteles –tras brutales masacres extrajudiciales y desapariciones forzadas recientes en las que han participado, como Tlatlaya o Ayotzinapa–, con sus más de 100 mil efectivos patrullando el territorio mexicano, la llamada 4T ha puesto al mayor número histórico de militares en las calles para realizar labores de seguridad. El necronegocio va viento en popa.
Al día de hoy, la Guardia Nacional y el proceso de militarización de AMLO acumulan mil 912 quejas de casos de violaciones a derechos humanos de población civil. Entre ellas, ataques sexuales, abuso de la fuerza pública, tortura, tratos inhumanos y asesinatos. México ha recibido 318 recomendaciones internacionales de la ONU en contra del proceso de militarización que se ha llevado a cabo durante los últimos tres sexenios, pero que se ha recrudecido en el actual. Al conocerse que la Guardia Nacional pasaría a estar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la ONU se pronunció por considerarlo “un retroceso en seguridad pública”; resaltó, además, que las fuerzas armadas no tienen un sistema de rendición de cuentas, por lo que en los casos de abusos y ejecuciones extrajudiciales impera, invariablemente, la impunidad.
No obstante, el proceso de militarización iniciado durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, continuado en el de Enrique Peña Nieto y robustecido sin precedentes históricos por López Obrador, tendrá ahora una nueva vida. La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha enfatizado abiertamente su deseo no sólo de que continúe la injerencia de los militares en labores civiles que no les corresponden, sino de que se concrete la imposición de un mando militar para la Guardia Nacional.
Serán esas mismas tropas militares que violan cotidianamente los derechos humanos las que se perpetúen en las calles con el uniforme de Guardia Nacional, imponiendo entre la población una pedagogía de la crueldad, sembrando una didáctica cotidiana del terror para la contrainsurgencia, la desmovilización y el despojo de los recursos, los cuerpos y el territorio.
Desde aquella lejana reunión de 2018 en Tlatelolco con los colectivos de víctimas de esta guerra, ellas gritaron muy claro su rechazo al perdón incondicional para los perpetradores de los crímenes que sufrieron sus familiares y que proponía AMLO. Ellas continúan exigiendo hasta hoy verdad, memoria, reparación, no repetición y justicia. Pero han sido traicionadas una y otra vez. Tan sólo en el sexenio terminal de AMLO las cifras de horror de los crímenes consecuencia de la guerra se dispararon a niveles históricos: casi 200 mil asesinatos dolosos y poco menos que 50 mil desapariciones.
La máxima traición del primer gobierno de la 4T a las víctimas y sus familias no sólo consistió en ignorarlos por completo en cuanto tomó el poder: también empoderó como nunca a los perpetradores de esos crímenes.
Hoy, más que nunca, se vuelve vital como sociedad organizarnos, re-imaginar y desmontar los dispositivos del necropoder en los convulsos tiempos militaristas de la que se llama a sí misma “Cuarta Transformación”.