Dijo Lao Tse que “sólo zarpas y espinos nacen en el lugar donde acampan los ejércitos”.
Actualmente existe una impresión de que en América Latina está ocurriendo una ola de gobiernos progresistas. En esta corriente pretende incrustarse el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero basta mirar un poco más a fondo para encontrar con que, en la práctica, estos gobiernos suelen ser de corte esencialmente capitalista, promotores del despojo de los territorios indígenas, antimigrantes, contrainsurgentes y, como en el caso de México, militaristas.
Aunque una agenda progresista obligaría a la paulatina separación de las fuerzas armadas y los órganos civiles de seguridad pública, el gobierno de la así llamada Cuarta Transformación no ha hecho sino acrecentar la estrategia iniciada por Felipe Calderón: multiplicar la injerencia de los militares en la vida pública de México.
Ni siquiera la que se presumía como la ciudad de derechos y libertades, la Ciudad de México, se ha salvado de este proceso imparable de militarización: 6 mil 60 militares pertenecientes a la Guardia Nacio-nal fueron desplegados desde la semana pasada exclusivamente en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que da servicio a la clase trabajadora de la urbe y las periferias.
Esta cantidad de militares desplegada contra los más pobres se antoja totalmente desproporcionada. En contraste, algunas de las entidades que padecen los más altos índices de violencia y criminalidad del país, por ejemplo, cuentan tan sólo con los siguientes elementos castrenses: Michoacán, 4 mil 640; Zacatecas, mil 420; Tamaulipas, 2 mil 656. Sinaloa, donde se vivió recientemente un infierno por el operativo para la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán –hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán–, cuenta con 3 mil 989, apenas más de la mitad de los elementos activos de la Guardia Nacional que tiene ahora el Metro de Cdmx. Y todo el estado de Guanajuato, asolado por la violencia, a duras penas puede compararse en el número de efectivos militares desplegados en vagones y andenes del transporte público capitalino donde viajan los más pobres: cuenta con 6 mil 644.
Sabemos bien que seguridad y militarización no son sinónimos. La historia reciente de México nos lo ha enseñado hasta el cansancio. Militarización y seguridad son, más bien, un oxímoron. Una contradicción. Un coctel explosivo. Por no hablar de la simbiosis que han conformado militares y crimen organizado en los casos más emblemáticos de abusos a los derechos humanos en las últimas décadas.
Antes que una garantía de seguridad en todos los territorios del país, la presencia militar le garantiza a los gobiernos el amedrentamiento de la población, el sometimiento y la contrainsurgencia de los pueblos organizados. Las quejas por las violaciones a los derechos humanos ejercidas por la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional durante el gobierno de López Obrador hablan por sí mismas: están documentados al menos 2 mil 723 abusos graves, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
No obstante, contrario a una de sus mayores promesas de campaña de regresar a los militares a sus cuarteles, la tozudez de este presidente en entregarle más y más responsabilidades dentro del gobierno a las fuerzas armadas –Ejército, Marina, Guardia Nacional– es cada vez mayor. Este lunes, AMLO anunció que un militar será el nuevo subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Luis Rodríguez Bucio, ex comandante de la GN.
Para tener claras las proporciones de esta designación, hay que recordar que el último militar en ser nombrado secretario de Gober-nación fue ni más ni menos que Fernando Gutiérrez Barrios –con el más oscuro de los pasados en la Dirección Federal de Seguridad y a cargo del nefario Batallón Olimpia– en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Un militar anterior en una subsecretaría fue Jorge Carrillo Olea, con Miguel de la Madrid como subsecretario de Gobernación (cuando Manuel Bartlett, hoy miembro del gabinete de la 4T, era el secretario).
La desesperada narrativa de sabotaje sin pruebas en su contra que ha adoptado la 4T en recientes días es una copia del típico discurso de la Homeland Security de Estados Unidos para justificar la militarización de la seguridad y la vida públicas internas. Díaz Ordaz la adoptó. Calderón la adoptó e inició el Operativo Conjunto Michoacán. Las consecuencias del baño de sangre iniciado por los militares que vive México las siguen padeciendo, sobre todo, las y los más pobres. O, en palabras de León Tolstoi: “Los Estados necesitan ejércitos para protegerse de sus súbditos esclavizados y oprimidos.”