Los actos conmemorativos y de celebración con motivo del 203 aniversario de la Independencia mostraron un gobierno consolidado y en su papel de conductor indudable, genuino y fuerte de los destinos nacionales, no solamente por la muestra de organización, disciplina, participación y compromiso de las fuerzas armadas del país, sino con la promulgación de las reformas constitucionales al poder judicial de la federación.
El desfile militar fue una contundente demostración de que el Ejército y la Marina están activos e integrados a todas las actividades productivas del país. Miles y miles de miembros del llamado por el presidente López Obrador “pueblo uniformado”, desfilaron en todas las capitales de la República mexicana, pero principalmente en la ciudad de México, en la que pudo sentirse la fortaleza institucional de las fuerzas armadas.
Ya desde la noche del 15, en el Zócalo de la Cdmx, López Obrador se mostró nuevamente como el político y el mandatario que rompe moldes, estructuras, y dio el tradicional grito de Independencia con arengas de “vivas” y “mueras” con los principales héroes y causas sociales personales y de su administración, como el convencido “muera la corrupción”, la desigualdad y la injusticia, así como vivas a la democracia, la reforma al poder judicial y a la 4ta Transformación.
Pero quizá el hecho más significativo de los últimos días de su gobierno y de cómo concluye su mandato de forma totalmente diferente a sus antecesores que salieron debilitados y desgastados, es la promulgación de las reformas constitucionales para renovar al poder judicial, y llevar a las urnas como parte de la democracia mexicana la elección de ministros, jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el último mes del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lapso en el que cualquier mandatario común está haciendo maletas y revisando últimos pendientes, un nuevo Congreso, fortalecido por el voto popular de junio pasado, ha llevado adelante uno de los más emblemáticos proyectos de la 4T, la reforma judicial.
Esta reforma constituye una auténtica mutación de una de las estructuras pilares del Estado mexicano, en un ámbito sensible como es el tema de la justicia, pese a lo cual el sistema permanecía intocado e intocable desde el siglo pasado. Desde siempre la sabiduría popular ha sentenciado que en la cárcel no están los verdaderos delincuentes, sino que los reclusorios se llenan de pobres y de tontos. Y así en el resto de los espacios donde tiene lugar la actuación de un juez.
Ahora, mientras el país se transforma y el gobierno se pone al servicio del pueblo, el Poder Judicial se había mantenido como siempre, un coto cerrado, donde por décadas han florecido influyentismo y nepotismo, los privilegios y la corrupción.
La férrea resistencia que el proceso de reforma ha encontrado a su paso, es sólo muestra de la magnitud de los intereses afectados, desde una burocracia dorada y una judicatura al servicio de los poderosos, hasta los grandes grupos trasnacionales y los gobiernos más poderosos del mundo, que siempre han visto a México como un traspatio susceptible de saqueo y de negocios jugosos, por supuesto con el concurso de jueces dóciles y manejables en caso de conflictos.
Nada de eso arredró ni al Presidente ni al movimiento que él ha encabezado, de manera que en estos días de conmemoración de la Independencia y la fundación de la Patria, la reforma está hecha, y sólo falta su implementación en los meses y años siguientes. Se ha introducido el principio democrático, vigente desde la formación de la República para el Ejecutivo y el Legislativo, de que a las cabezas de un poder los elija el pueblo.
En este caso en particular, en una reforma que realmente pocos han estudiado a fondo, se establecen mecanismos para la participación de los otros dos poderes en la selección de candidatos a los que finalmente la ciudadanía elegirá con su voto. Por otro lado, se establecen mecanismos de revisión y control, para que las decisiones de los jueces y magistrados estén sujetos a derecho, y no haya lugar a actuaciones y sentencias amañadas, contrarias a la justicia.
Con ello se cierra el ciclo de un gobierno que transformó las estructuras de poder y le dio la vuelta a la manera de ejercer el mando, invertir los dineros del pueblo y señalar prioridades en la intervención del Estado. Así, se han sentado las bases para que el próximo gobierno, el de la doctora Claudia Sheinbaum, tenga los márgenes de maniobra necesarios y los instrumentos jurídicos para llevar adelante el proceso de transformación, que por supuesto no puede culminarse en el corto tiempo de un sexenio, sino que requiere un horizonte de largo plazo.
Donde la justicia tampoco llega, por cierto, es en Guerrero, donde están por cumplirse diez años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en los trágicos hechos ocurridos en Iguala. Como era de esperarse, las protestas de los jóvenes han ido subiendo de tono a medida que la fecha se aproxima, hasta que el fin de semana previo a las Fiestas Patrias llevaron a cabo ataques vandálicos a la sede del Congreso estatal, donde quemaron vehículos y perpetraron daños al inmueble.
Las protestas crecerán, en tanto las autoridades estatales y las federales se han enredado con el paso del tiempo en un verdadero galimatías del que, por lo que se aprecia, ya no saldrán. Veremos qué pasa en los siguientes días, mientras el país se prepara para inaugurar un nuevo gobierno, con toda la expectativa que ello implica.
Por lo pronto hay motivos y deseos para aclamar ¡Viva México!