Desde hace una semana, los jalisquillos andan muy sácale punta y festivos, a su más pura usanza, casi con el atavío y también el brío de sus mejores charros: traje de lujo, con estoperoles de plata y botonaduras de oro, botas de piel de cocodrilo, campanera repujada, cinturón bordado, una hebillota degolladora de panza, y echando por doquier los tradicionales y estridentes ajúúúúaaa, intercalados con clásicos del chauvinismo vernáculo, como “¡ay Jalisco no te rajes!”, y “¡Jalisco nunca pierde, y si pierde arrebata!”, por mencionar los más populares.
Si perciben sarcasmo en lo anterior, queridos lectores, están en lo cierto. Un poco por envidia de la mala, la única que hay, aunque digan que la buena existe, pero también un poco para subestimar el motivo de la contagiosa euforia jalisciense, aclarando que lo hago sin pretensiones de aguafiestas y, but of course, con harto respeto a los aludidos.
Me explico.
El pasado 14 de julio, los diputados del Congreso de Jalisco aprobaron por unanimidad la eliminación del fuero a funcionarios del estado. La iniciativa la presentó el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, que andaba rete enchilado por la versión rasurada de la ley 3 de 3 aprobada por el Congreso federal, y propuso modificaciones a tres leyes para la eliminación del fuero y la integración de juicios ciudadanos, con el fin de acabar con los privilegios políticos. En pocas palabras, la iniciativa plantea quitar la inmunidad procesal penal mediante reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Congreso del Estado y la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos de Jalisco.
Tan contentos y orondos andaban al terminar la sesión, que el diputado Ismael del Toro, de Movimiento Ciudadano, declaró con pecho henchido que Jalisco “puso el ejemplo nacional de cómo se debe estrechar la brecha entre ciudadanos y políticos”, y resaltó que a partir de ya, “ningún funcionario que cometa un delito tendrá protección constitucional”.
Con el acuerdo, al menos mil 598 servidores públicos dejarán de tener fuero, entre ellos el gobernador, el fiscal general y obvio, los propios legisladores.
Por eso, luego-luego los legisladores jalisquillos presumieron en las redes sociales que esa decisión beneficiará a la ciudadanía.
Luego-luego también, la raza feisbuquera y tuitera aplaudió la victoria democrática, porque “los pinches diputados, vividores y culeros, encima de tener sueldazo, viaticazo, aguinaldazo, carrazo, y un chingo de prestaciones de ley muy por encima de la perrada azteca, también gozan de impunidad garantizada por ley, para que a nadie se le ocurra querer meterlos al bote”.
Y cómo no cacarear semejante huevote, siendo ése uno de los reclamos más gritados por la ciudadanía. Cómo no festejar, me cái que hasta el Ángel de la Independencia hubiéramos ido todos.
“¿Pero por qué nada más los diputados de Jalisco perderán el fuero?”, pensé con ánimo de reclamo, como seguro buena parte del respetable popular. “Que Peña Nieto haga algo bueno para variar, que se ponga cabrón y ordene de inmediato la eliminación del fuero a escala nacional”.
Por eso el sarcasmo envidioso.
Porque en una encuesta de la empresa Parametría, el 70 por ciento de la población estuvo en desacuerdo con que se otorgue ese privilegio a los legisladores, y sólo el 20 por ciento lo apoyó. Pero el pequeño detalle del sondeo, es que la enorme mayoría de los que rechazaron furiosamente el fuero constitucional, no tenía la menor idea en qué consiste exactamente, y que, al explicarle a los encuestados la naturaleza del fuero –como prerrogativa que busca la protección de la libertad de expresión de los legisladores–, el rechazo de los ciudadanos bajó al 61 por ciento.
Se me hace que andamos tan norteados en asuntos democráticos que creemos que en los países civilizados, los demócratas en serio pues, donde los políticos de veras se cuadran con la gente y respetan las leyes, los funcionarios no tienen fuero, lucubré en mis adentros.
Y digo andamos y creemos, porque cuando leí el pequeño detalle de la encuesta de Parametría, me sentí obligado a remojar la barba, para investigar y aprender sobre el tema, reconociendo que mi convencido rechazo al fuero constitucional también tenía hondas lagunas informativas, y precario sustento.
Pronto descubrí que, por el contrario, el fuero constitucional es riguroso y normal en casi todas las democracias occidentales, particularmente en las más adelantadas, como Inglaterra, Estados Unidos, España e Italia, pero también en varias naciones con realidades políticas similares a la nuestra, como Argentina, Uruguay y Chile.
En España, por ejemplo, el rey y la reina en ejercicio (y también el monarca anterior y su esposa, tras su abdicación), su familia directa y los diputados y senadores, ya sean del parlamento nacional o de alguno de los parlamentos autonómicos, gozan de fuero propio según la Constitución. Sin embargo, a diferencia de México, el fuero les da prerrogativas limitadas.
En España, el parlamentario no podrá ser perseguido judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. Los diputados y senadores sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, y es necesario solicitar la autorización del parlamento para poder ser inculpados o procesados y sólo pueden ser juzgados en el Tribunal Supremo.
Actualmente en España existen más de 10 mil personas aforadas, y sólo una quinta de ellas están relacionadas con la política.
En Italia, la Constitución establece inmunidad material (diputados y senadores son inviolables, civil y penal, para cualquiera de sus opiniones, palabras y votos), e inmunidad formal (diputados y senadores no podrán ser detenidos, salvo en el acto de crimen).
En síntesis, tan democrático es el espíritu del fuero parlamentario, que tiene su origen en la separación de poderes y la búsqueda de la independencia del Poder Legislativo con respecto al Ejecutivo, sobre todo en el caso de las monarquías parlamentarias (no muy diferentes al poder oligárquico que aún padecemos).
En un comienzo, era habitual que cuando un parlamentario se oponía a los deseos del rey, éste buscara pretextos para, utilizando el Poder Ejecutivo, acusarlo de algún delito y buscara apartarlo de la vida pública.
O sea, que la bronca en México no es el fuero, sino quienes lo interpretan como carta blanca para hacer y deshacer sin rendir cuentas de todos sus actos, aunque éstos nada tengan que ver con su chamba.
Aún más grave es la bronca de que, a pesar de que los diputados mexicanos cuenten con la protección del fuero, la cultura del sometimiento al poderoso sigue siendo una ley no escrita de la política.
El ejemplo más claro y triste fue Veracruz, en donde los diputados locales del PRI y algunos de otros partidos, ignoraron los abusos, la corrupción y los probables crímenes del gobernador Javier Duarte.
O sea, pensé ya con sarcasmo de subestimación, que al eliminar el fuero constitucional en Jalisco, es más probable que los legisladores y funcionarios de ese estado se sometan con mayor facilidad a la voluntad y caprichos del poder, en vez de representar y defender, con más ahínco, valor e independencia, los intereses de sus electores.
Cruel paradoja.

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