El fin del sexenio reclama un conjunto de revisiones de las políticas públicas, las enmiendas legales y sus resultados. Una de las más importantes y complejas se refiere a la reforma laboral de 2017-2019. Si bien los cambios constitucionales se llevaron a cabo en el sexenio anterior, las reformas a la Ley Federal del Trabajo y su implementación correspondieron al periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para tratar de analizar este asunto, propongo observarlo en diferentes planos: 1) La ley, es decir, el texto de las reformas; 2) Las instituciones encargadas de su implementación; 3) El entorno político y económico en que se aprobó y se ha puesto en práctica; y 4) la respuesta de los trabajadores mexicanos a dicha reforma.
Cada una de estas dimensiones del análisis tiene características propias, pero al mismo tiempo están interrelacionados. De esta manera, si alguna se modifica, se puede alterar el conjunto. Sin embargo, es necesario discutir cada una de ellas en lo particular para después integrar el análisis y entender las posibilidades de una transformación de las relaciones laborales y el surgimiento de un nuevo movimiento sindical en México. Aquí un resumen de este examen:
El texto de la ley. La reforma constitucional y las enmiendas a la LFT fueron propuestas por el presidente de la república en turno (Peña Nieto en 2017; y AMLO en 2019) y votadas por el Congreso de la Unión. No obstante, ambas fueron discutidas y aprobadas en un lapso relativamente breve. La participación de las organizaciones de trabajadores, abogados y especialistas fue escasa. Lo anterior fue resultado de las presiones internacionales para aprobar las reformas y paradójicamente de algunas presiones internas para no hacerlo. En lo que toca a las reformas a la LFT, el flamante gobierno de AMLO y los legisladores de Morena seguramente pensaron que era el momento propicio para poner en los textos legales un conjunto de propuestas que se habían discutido al menos durante veinte años por abogados y sindicalistas democráticos; incluso fueron propuestas en la Cámara de Diputados varias veces por dirigentes de la UNT (pilotos y telefonistas) que habían sido electos como diputados bajo las siglas del PRD.
A pesar de la premura, los textos aprobados tienen una virtud innegable: recogen la idea de un sindicalismo democrático y participativo, y la necesidad de una nueva justicia laboral suprimiendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Así, construyeron, en el papel, una realidad inédita, completamente nueva en el país.
Las Instituciones. Las reformas crearon nuevas instituciones, particularmente el Centro de Conciliación Federal y los estatales; y los juzgados laborales del Poder Judicial. Ninguna de estas instituciones tenía antecedentes ni legales ni prácticos en la vida del país. Por ejemplo, los jueces laborales eran figuras completamente ajenas a la realidad y la normatividad legal de nuestro país. De esta manera, se habilitaron togados laborales prácticamente de un día para el otro. El resultado ha sido dispar, aunque parecería que ha privado la actuación de jueces que poco entienden de asuntos laborales, o interpretan mal su función, o francamente han decidido apoyar a las empresas.
En cierto modo, lo anterior refleja la baja estima que el derecho laboral ha tenido en nuestra sociedad en las últimas décadas. Y es que los asuntos del trabajo dejaron de ser una preocupación del Estado mexicano: las relaciones obrero-patronales y los conflictos laborales fueron sometidos a una forma peculiar de regulación, basada en contratos de protección y sindicatos fantasma. Además, las instituciones laborales como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dejaron de funcionar en la práctica. Los incrementos se decidían en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda.
Por lo anterior, el Centro de Conciliación y los juzgados laborales empezaron a funcionar con profesionistas que no recibieron la preparación académica adecuada ni han tenido una práctica profesional ad hoc. Sin duda, se requiere una capacitación intensiva de nuevos funcionarios y un diálogo con las universidades del país para que actualicen y mejoren la preparación académica de sus alumnos, acorde con las nuevas instituciones.
A pesar de todo, la implementación de la reforma en sus primeros años consistió en la desaparición de miles de contratos colectivos y sindicatos ficticios, lo que a mi modo de ver puede considerarse un gran logro ya que removió estos instrumentos que eran legales, pero al mismo tiempo un obstáculo para la organización libre de los trabajadores.
El entorno político y social. Las reformas constitucionales y a la LFT fueron resultado de un conjunto de circunstancias históricas que se presentaron en corto tiempo y que propiciaron una situación inédita: la presión de los socios comerciales de un tratado que construyó Estados Unidos para tratar de frenar la influencia de China; la sorpresiva derrota de los demócratas en las elecciones de 2016 en ese país frente a un candidato ajeno al establishment político; luego, el propio fracaso del personaje, Trump, para reelegirse; y la victoria de Biden, el cual tuvo que rehacer sus relaciones con los sindicatos y redefinir sus políticas públicas en materia de trabajo y economía. Uno de los resultados de estos cambios, fue el nuevo TMEC y su capítulo laboral. Por otro lado, ocurrió el triunfo de AMLO en las elecciones de 2018, lo que trajo una nueva política, sobre todo en materia de los salarios mínimos. Posteriormente, con la presión estadunidense, el gobierno presentó un proyecto de reformas a la LFT en materia de democracia sindical y justicia laboral.
Esta sucesión de mudanzas reflejó algo más profundo. El mundo sufrió una transformación en la medida en que los gobiernos de los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, abandonaron el esquema del libre comercio para adoptar el del comercio regulado por razones políticas internas y su creciente pugna con China. En el caso de México, con el TMEC, dicho cambio se tradujo en que, ahora, el gobierno de Estados Unidos vigila que las empresas multinacionales respeten los derechos de los trabajadores en México. Un fenómeno imposible de imaginar hace muy poco tiempo.
El problema es que la integración económica con Estados Unidos ha sido afectada por los vaivenes de la política interna de nuestro vecino norteño. Las elecciones de noviembre y el triunfo de Trump podrían cambiar radicalmente la relación bilateral incluyendo los asuntos laborales.
Así las cosas, el avance de la reforma laboral no depende exclusivamente de las políticas internas del gobierno de México. Sin embargo, la opinión de los trabajadores y sus organizaciones sindicales serán indispensable para la toma de decisiones del futuro gobierno de la presidenta Sheinbaum, sobre todo, si se presenta una grave confrontación con Estados Unidos.
La respuesta de los trabajadores. La reforma laboral, como hemos expuesto, se construyó en una coyuntura excepcional. Por ello, los trabajadores han asimilado muy lentamente las oportunidades que abrieron los cambios ocurridos entre 2017-2019. A lo anterior hay que agregar la existencia de una “cultura” laboral que se fomentó durante décadas debido a la existencia de sindicatos ficticios o acostumbrados a pactar con las empresas dócilmente sin consultar a sus agremiados. También, con una política laboral que trató de mantener un mercado de trabajo controlado con bajos salarios, pobres condiciones de trabajo y cero conflictos.
En este contexto, los sindicatos se convirtieron en organizaciones ajenas a los trabajadores, distantes de sus problemas cotidianos (sus condiciones de trabajo: accidentes, insalubridad, abusos patronales, impago de horas extras, inmovilidad del escalafón, etc.) e incapaces de proporcionar una mejoría de sus ingresos laborales.
Bajo estas circunstancias, los trabajadores se acostumbraron a la inmovilidad, el conformismo e incluso el rechazo a la organización colectiva. Se generalizó la cultura de la resignación, el individualismo y la ignorancia de la Ley y las experiencias de lucha sindical.
Cambiar esa cultura es indispensable para el avance de la reforma laboral. Para ello se requiere una acción concertada entre las organizaciones democráticas y el gobierno federal para difundir los derechos laborales. Pero también y, sobre todo, las organizaciones sindicales tienen que demostrar que son capaces de conquistar nuevos logros, como la semana de 40 horas. Asimismo, que pueden renovarse y abrir espacios para las nuevas generaciones. Y que la toma de decisiones colectivas debe ser un modo de vida cotidiano.
En cualquier caso, debe quedar claro que la democratización de los sindicatos no dependerá de la voluntad de las autoridades laborales sino de la movilización de los trabajadores. La reforma laboral abrió un camino. Después de tantos años de silencio, la voz de los trabajadores empieza a escucharse. Para algunos débilmente, para otros con mayor claridad que en el pasado inmediato. Lo que parece innegable es que se ha iniciado una ruta de cambio. Ya veremos quienes se estacionan en el pasado y aquellos que apuestan al futuro.

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