Ramón Sosamontes H.  

El pasado 17 de marzo el gobierno de la ciudad de México rindió merecido homenaje al guerrerense, profesor y camarada                               Othón Salazar Ramírez, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, conmemorando sus 80 años de vida y al mismo tiempo su liderazgo moral y político en el movimiento magisterial.

Unas horas después el guerrerense Carlos Vega Memije, subprocurador                               de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, anunció la solicitud para el Congreso de la Unión representado en la Comisión Permanente “para que se inicie el procedimiento de declaración de procedencia penal respectivo, en virtud de que el servidor público referido goza de fuero (y) no obedeció la suspensión definitiva otorgada por un juez, ya que omitió evitar que se bloquearan y cancelaran los accesos al predio” El Encino, que posibilitaba la construcción de una calzada hacia el hospital privado ABC en Santa Fe.

Es decir, que se inició el procedimiento para juzgarlo por desobediencia al Poder Judicial. Si no lo hacia, el responsable y juzgado sería el general y licenciado Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la Republica, a decir, con razón jurídica, de Santiago Creel, secretario de Gobernación.

Podríamos aceptar la tesis de que la PGR lo hace para evitar que AMLO sea                               candidato a la Presidencia de la República y quizás se aprovechen de esta falta judicial del gobierno del DF para ello, pero no podemos quedarnos con sólo ese argumento político, porque no podríamos cuidar lo más preciado para nuestro país que es la legalidad y estabilidad para garantizar los cambios y la transición democrática que sólo la izquierda y los demócratas pueden garantizar.

La izquierda no quiere violentar el derecho y desde años escogimos la vía electoral para cambiar al país y de ahí no nos debemos mover. La respuesta de AMLO debe ser el respeto a ley y el cuidado de la Constitución. Al PRD le queda la defensa de la legalidad y del proyecto hacia el 2006 sin buscar romperla, porque los que saldríamos perdiendo es la izquierda.

Con esa acción se inició la primera confrontación innegable, jurídica y política,                               entre dos poderes encabezados por                               miembros de diferentes partidos en una misma entidad federativa, por un lado el jefe del Ejecutivo federal Vicente Fox miembro del PAN y por otro Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del DF y miembro del PRD. El PRI mirando.

Cabe mencionar que es en la ciudad de México donde residen los poderes de la federación, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por lo que el estatus jurídico constitucional del DF es especial. Para seguir con el proyecto de estado 32 de la federación                               debemos demostrar que pueden convivir dos o más poderes encabezados por diferentes partidos.

Este enfrentamiento legal con consecuencias inéditas y sin ruta podría llevar a la capital de la Republica a una crisis de ingobernabilidad que afectaría a sus habitantes, en sus niveles de calidad de vida diaria y nos podría llevar a una confrontación de niveles incalculables, que afectaría, por la coyuntura política nacional, a todo el país.

El tamaño de la crisis política que vivimos en México se demuestra en la debilidad de las instituciones, cuando                               asuntos legales que deberían quedarse en los limites de barandillas, hacen que se enfrenten poderes entre sí; países como Cuba y México y se afecten acuerdos internacionales con Estados Unidos.

En la conferencia de prensa del 18 de marzo AMLO se presentó con su gabinete de seguridad, dando a entender el nivel de la lucha que va a dar. Por el otro, Vicente Fox                               es el jefe legal de la policía y la Procuraduría del DF. Y en la Cámara de Diputados hacen mayoría PAN y PRI. En el Senado están Diego Fernández de Cevallos y Enrique Jackson, precandidato a la Presidencia de la República. Las fuerzas están señaladas y no conviene sacar de la legalidad esa disputa.