Han transcurrido poco más de dos semanas desde que el gobierno de Estados Unidos acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de tener vínculos estrechos con el narcotráfico –en particular con Los Chapitos– y el escenario político ha cambiado de forma trepidante: la presidenta Claudia Sheinbaum invocó la soberanía nacional y la necesidad de pruebas como primera reacción; después Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador del estado; más tarde hizo lo mismo el alcalde de Culiacán y ahijado de Rocha, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza, también acusado, no ha pedido licencia pero ha dejado de ir al Senado, y el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, fue obligado a separarse del cargo luego de una enorme presión social.
Esa fue la primera etapa, pero desde ayer entramos a una segunda vertiginosa. Ya se confirmó que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, llegó a Hermosillo, Sonora, y se entregó a Estados Unidos el pasado 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona. La entrega por sí misma es una aceptación de culpas, no sé si del tamaño de la acusación estadunidense, pero sí en algún grado que ya veremos.
Gerardo Mérida no es cualquier funcionario: es un militar, y no cualquier militar: es un general retirado, y no cualquier general: es un general de División, el grado más alto entre los generales. Enseguida de su rango sólo queda el secretario de la Defensa Nacional.
El exfuncionario estuvo muy poco tiempo en el cargo, hay que decirlo. Llegó en septiembre de 2023 y fue despedido en diciembre de 2024. Los delitos que le achaca Estados Unidos, como a todos los involucrados, son graves. Señalan que recibía sobornos de Los Chapitos y, a cambio, él les avisaba, les echaba pitazos de los operativos que afectaban sus intereses, como la destrucción de laboratorios de drogas o detenciones. Mérida tenía fuertes contactos en la Sedena, toda una carrera militar de élite, y tenía ojos y oídos en prácticamente todas las estrategias de seguridad federales.
A Mérida le tocó ser secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el 25 de julio de 2024, cuando en una huerta de Culiacán, Joaquín Guzmán López secuestró a Ismael El Mayo Zambada García, lo subió en un avión privado y lo entregó en Estados Unidos. Allí, en esa misma huerta, mataron al exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda, y fue Mérida el que le avisó de la muerte de Cuén, según dijo días más tarde el entonces gobernador en activo Rocha Moya.
A partir de ese día fue muy notoria la ausencia de Mérida. En los medios se preguntaban por qué no daba la cara. Se tardó 25 días en aparecer ante la prensa, de acuerdo con registros que consulté, cuando ya era muy complicado que rindiera cuentas sobre lo que había sucedido, cuando ya había un montaje de hechos y narrativo echado a andar.
El otro caso es el de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, es decir, el que controlaba todo el dinero del gobierno. La entrega de Díaz Vega a autoridades de EU fue confirmada por fuentes oficiales la tarde de este viernes.
Con Mérida, el gobierno estadunidense tendrá toda la información que requiere en materia de seguridad, operativa, de calle, logística, de los acuerdos con los grupos criminales e, incluso, de un grado de la narcopolítica, pero es aún más valiosa la aportación probatoria que pueda hacer Díaz Vega.
Follow the money –“sigue la pista del dinero”–, dice una vieja enseñanza periodística, y el exsecretario las tiene todas. Primero, Estados Unidos lo acusa de que en las elecciones a gobernador en las que Rocha Moya resultó triunfador, fue el encargado de entregar a Los Chapitos una lista de nombres de oponentes políticos para que éstos fueran amenazados. Además, una vez en el poder, Díaz Vega habría operado junto con Inzunza la colocación de funcionarios corruptos afines a los hijos de El Chapo Guzmán, y ambos habrían funcionado como enlaces de comunicación entre Rocha Moya y Los Chapitos.
Pero aquí hay una fibra aún más sensible que tiene que ver con dos hipótesis que han trascendido en medios y las comento porque tienen sentido con los hechos y con los datos que he ido recolectando: el hilo del financiamiento a otras campañas de Morena en México, y el ejercicio del gasto en la obra pública, donde pudieran estar beneficiados los hijos de Rubén Rocha a través de sus empresas constructoras. Esas dos vertientes son todavía más explosivas para Rocha Moya y Morena.
La historia apenas inicia, pero por lo pronto Estados Unidos ya tiene al hombre operativo en seguridad pública y, según los trascendidos no desmentidos hasta el cierre de edición, al cerebro financiero de la estructura.
Las pruebas llegaron de manera física… pero a Estados Unidos.