Se cumplieron nueve años de la noche negra de Iguala y seguimos sin conocer el destino de los 43 muchachos de la Normal de Ayotzinapa y, para colmo, el actual gobierno, lejos de aclarar qué pasó, pretende endilgarnos una versión que en mucho se parece a la mal llamada “verdad histórica”, la que durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto fabricaron funcionarios como Jesús Murillo Karam.
Las familias de los muchachos “desaparecidos” tienen como abogado a Vidulfo Rosales, a quien un lamebotas del gobierno llama litigante “protagónico e incluso exhibicionista”, todo porque rechaza que se criminalice a las víctimas y se ofrezca un informe tendencioso, mientras que los parientes de los normalistas demandan que se aclare el paradero de los jóvenes. ¿Es mucho pedir?
Resulta plausible que –¡por fin!– se haya procedido contra un centenar de imputados, entre ellos dos generales y otros 18 militares, pero seguimos ignorando el paradero de los muchachos de Ayotzinapa, no sabemos si están vivos o si, como lamentablemente nos tememos, fueron asesinados.
El actual gobierno de la República está en deuda no sólo con los estudiantes de la citada escuela normal, sino con la sociedad toda. Los 43 estudiantes –son 41, precisa muy docto un periodista cuatrotero– representan un caso emblemático de los más de cien mil “desaparecidos”, número que otras fuentes elevan hasta 300 mil, lo que convierte a México en el país líder de Latinoamérica en este renglón y también en asesinatos, que son más de 350 mil.
Por supuesto, las autoridades dicen que los números reales son mucho menores, y pretenden que lo creamos, pero lo cierto es que la política de “abrazos, no balazos” ha sido una convincente invitación a delinquir. Las cárceles, es cierto, se hallan atestadas, pero no porque se combata con eficacia a los criminales, sino porque la mitad de los reos no han recibido sentencia y porque hay muchos inocentes en espera de sentencia y con ellos están numerosos presos por motivos baladís, pues ya se sabe que quien roba un bolillo puede pasar años en prisión, mientras que los Lozoyas, los Collados y otros especímenes pueden quedar en libertad y hasta darse el lujo de no reparar el daño, aunque a eso los obligue el fallo, como es el caso de Alonso Ancira, quien ahora vive muy tranquilo en Estados Unidos.
Lamentablemente, no hay base para suponer que las cosas serán distintas. La defensa de los militares detenidos por la desaparición de los 43 quiere que comparezcan ante el juez personajes como Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, Omar Gómez Trejo, quien fungió como fiscal del caso, y hasta dos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, al que se le han negado expedientes militares y cerrado las puertas en varias ocasiones. Los que saben, dicen que los funcionarios mexicanos estarían obligados a comparecer, pero no los miembros del GIEI, que gozan de inmunidad diplomática.
En buena medida, los sinvergüenzas dejan la cárcel por la ineptitud o corrupción de los representantes del Ministerio Público, cuando no porque quienes integran los expedientes, con múltiples errores y vacíos, permiten que lo aprovechen los defensores, lo que es el pretexto para que jueces indignos justifiquen fallos favorables a los delincuentes de cuello blanco.
Con tales datos, es perfectamente explicable que en este sexenio haya crecido el número de asesinados y desaparecidos. No es un fenómeno nuevo, pero muchos mexicanos esperábamos que el actual gobierno combatiera con eficacia a los criminales y a los agentes del orden que incurren en corrupción y otros delitos. Nada hay de eso, como no sean regaños y ataques a figuras del Poder Judicial que no se ciñen al interés del Ejecutivo.
En un año se habrá acabado el sexenio. Lo que sigue, como debe saberlo el gobernante, es el juicio de la historia.