Hoy, 30 de agosto, se conmemora, desde el año 2011, cuando la Asamblea General de la ONU aprueba la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que abre oportunidades para considerar las condiciones en las que se vive este flagelo en nuestro país y, particularmente, en el estado de Guerrero. Más de 90 mil desaparecidos desde 1964 hasta hoy en el país, y más de 52 mil cuerpos sin reconocer siguen en las morgues del Servicio Médico Forense, de los cuales 751 corresponden a las de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Así de grande es esta herida nacional representada en estos datos, experimentada en las familias de cada uno de ellos, y visualizada por colectivos y personas particulares que viven luchando por encontrarlos. Hay que decir que la respuesta a esta herida es desproporcionada, pues no corresponde a su dimensión real. Las fiscalías, los juzgados, las legislaturas, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda y las correspondientes comisiones estatales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las respectivas comisiones locales, son las instituciones del Estado que están directamente responsabiliadas de atender todos y cada uno de los casos de desaparecidos en México. Los gobiernos federal y estatales son, en cualquier caso, los últimos responsables de las políticas públicas orientadas a prevenir, investigar y hacer justicia.
Hay que reconocer que todas estas instituciones están rebasadas en lo que toca al cumplimiento de sus responsabilidades. En el estado de Guerrero hay rezagos legislativos, forenses y en las acciones de búsqueda de quienes sufren desapariciones. La causa de los desaparecidos, gestionada tanto por colectivos como por familias particulares no ha sido valorada lo suficiente como para dedicar los recursos suficientes para todo lo que se refiere a garantizar sus derechos. Hay rezagos en personal calificado, en recursos institucionales, financieros y legales, que no permiten soluciones satisfactorias. Mientras tanto, el rezago de estas instituciones sigue siendo el principal factor para que esta herida nacional siga creciendo y continúe doliendo.
El dolor de las víctimas de hoy es incalculable y sus consecuencias a futuro son impredecibles. Lo que sí se puede prever es que, si esta herida nacional no se atiende satisfactoriamente, se van a derivar conflictos aún mayores en el futuro que afectarán el desarrollo, la democracia y la paz. No puede haber una paz sostenible con heridas dolorosas ocultas.
Lo que hay que resaltar en el tema de los desaparecidos es el papel que están desarrollando muchos colectivos de familias de víctimas de desaparición, a lo largo y ancho del país, que han asumido como propia la tarea de buscar a sus familiares y amigos desaparecidos, con sus propios recursos y empujando diversas iniciativas para hacer avanzar su agenda común. Estos colectivos han mostrado una fuerza imponente, con la que han presionado a las instituciones del Estado a que colaboren y pongan en marcha acciones legislativas, forenses, institucionales y de apoyo a las búsquedas. Hay que decirlo con claridad: han estado cubriendo los vacíos que las autoridades han dejado y han estado haciendo lo que les toca a las diversas instituciones, como es la búsqueda directa y de campo de sus familiares desaparecidos y, aun, de todos los desaparecidos.
En Acapulco, el colectivo Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos, tiene programada para hoy por la tarde, una misa a las 6 de la tarde en la Nueva Catedral de Cristo Rey, seguida de una marcha hasta el Asta Bandera que está en la Playa Papagayo, en cuyas inmediaciones se ha estado pintando un mural con los retratos de algunos de los desaparecidos en Acapulco. Este colectivo pretende visibilizar los cientos de casos conocidos y no conocidos de desaparición, a la vez que alentar a la sociedad a realizar acciones de prevención y de respuesta ante esa herida nacional que tiene en Acapulco una de sus manifestaciones. Hay que señalar que aún siguen cientos casos de desaparición sin documentar, cuyos familiares no confían en las instituciones de procuración y administración de justicia y, además, asumen la opción de sobrevivir en medio del miedo y la inseguridad.