Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas cada 30 de agosto, que desde el año 2011 hace visible este doloroso tema, fui invitado por el colectivo Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos a participar en un conversatorio sobre los derechos de las víctimas de ese delito. Ahora quiero hacer algunas consideraciones sobre dos temas relacionados con las familias que viven buscando a sus desaparecidos.
El primero tiene que ver con los derechos conculcados de los desaparecidos, como víctimas directas, y de sus familias, como víctimas indirectas. Hay una larga lista de derechos humanos de las víctimas directas (los desaparecidos) e indirectas (sus familiares y amigos) que nos son garantizados ni prevenidos ni atendidos, pero ahora sólo me quiero referir a aquellos de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Me refiero a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños. Por fortuna, en nuestro país, crece el número de familias que se han estado agrupando en colectivos para organizar las búsquedas con la conciencia de estos derechos delante de la sociedad y del Estado mexicano.
Pero por otro lado, hay un inmenso número de familias que tienen familiares desaparecidos que desconoce este derecho por diversas razones. Guardan silencio, se encierran en su miedo, no pueden levantar su voz ni ante los amigos ni ante la autoridad. Viven su dolor de manera oculta; es más, no quieren dar a conocer el drama profundo en el que viven y se resignan en sus miedos y en su desesperanza. Ni siquiera quieren saber de sus derechos por el contexto de desconfianza hacia las autoridades. Ni se atreven a denunciar ni a hacer pública su situación. Se conforman con sobrevivir. Suele ser muy complicado convencerlas para que se dejen ayudar por los colectivos de familiares de desaparecidos porque han perdido toda esperanza para encontrar a sus familiares.
¿Quién es el responsable de buscar la verdad y encontrarla para cada caso de desaparición? Para eso está el Estado por medio de sus instituciones. Para eso está la investigación documental y de campo. Para eso están los análisis y los diagnósticos del contexto de las desapariciones. Al parecer, hay una discapacidad crónica de las instituciones del Estado para hacer este trabajo debido a carencia de personal competente y capacitado y a carencia del presupuesto necesario para investigar los muchos miles de casos rezagados.
Ante esta situación, los colectivos han puesto sobre sus espaldas tareas de investigación, buscando información de campo, incluso haciendo llamados a los delincuentes para obtener información que les ayude a hacer sus búsquedas en vida o sin vida en fosas clandestinas.
En cuanto a la justicia como derecho, hay que afirmar que también está pendiente. Si no hay verdad, tampoco hay justicia. El clima de alta impunidad que prevalece en el país hace pensar que hay una imposible justicia. Al respecto, tenemos que decir que al principio de este sexenio que está por terminar, hubo una gran propuesta para establecer algunos mecanismos de justicia transicional, que en algunos países se han desarrollado, adaptadas a las condiciones de cada nación.
Cuando se han violentado los derechos humanos de mil maneras y de manera multitudinaria después de periodos de conflicto, represión o violencia a gran escala, como en el caso de México, hay países que han recurrido a los mecanismos propios de la justicia transicional, para abatir los rezagos en esa materia, con cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta propuesta no fue aceptada por el gobierno federal y ahora tenemos que padecer mayores niveles de impunidad que entre los factores que la explican están los tres poderes de la federación, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que no hacen bien su trabajo.
Otro gran derecho que tienen las víctimas de desaparición es la reparación de los daños. Este es otro pendiente. Es doloroso mirar a mujeres con picos y palas haciendo excavaciones en el campo, buscando cuerpos de desaparecidos, cuando esta es una responsabilidad del Estado que, al menos pone vigilancia y apoya con algunas medidas estas acciones de las familias.
El segundo tema que quiero tocar, relacionado con los derechos de las víctimas de desaparición, es la discapacidad institucional del Estado para responder a las necesidades y a los derechos de las víctimas de las violencias. Hasta ahora el Estado no ha querido medir el impacto real de esta gran herida social que sigue multiplicando las víctimas de tantas violencias (desplazamiento forzado, desaparecidos, homicidios, extorsiones, cobro de piso, feminicidios, comercio de órganos, trata de personas, etc.). Hay un dolor que crece en el país y el Estado no tiene las condiciones institucionales necesarias para responder a ese dolor con medidas proporcionales.
En el caso de las víctimas de desaparición se hace necesario un fortalecimiento institucional jurídicamente competente. De hecho, hay instituciones que tienen que atender el problema de las desapariciones, que no tienen la fortaleza institucional con personal competente y presupuesto suficiente. Así la respuesta debiera estar al nivel de una Secretaría de Estado. A esta altura debiera estar su respuesta. Y no vemos que haya una voluntad política ni políticas públicas encaminadas a sanar esta herida nacional de tantos miles de víctimas directas e indirectas.
Contamos con instituciones estatales como la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense. A la par están las instituciones federales como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Todo este entramado institucional no ha sido capaz de dar resultados sustanciales que respondan a los derechos de las víctimas de desaparición porque no ha habido la voluntad política necesaria para afrontar el dolor, la rabia, el sufrimiento de miles de familias que sufren al tener sillas vacías en la mesa de su casa.
Para terminar, quiero decir que, si este dolor nacional encarnado en miles de familias de este país, no se atiende para responder a estos derechos, el país puede encaminarse a mayores niveles de violencia en todas sus formas. Hay que atender situaciones de salud integral (mental, emocional, espiritual y física) de personas, de familias y de comunidades. Y, a su vez, hay que atender todos los demás derechos que tienen. Las violencias se han combatido como si fueran sólo un asunto policiaco, cuando es un problema de salud pública en el que se requiere la reconstrucción de la sociedad y también la reconstrucción del Estado para que sea competente en la garantía de los derechos de quienes sufren los estragos de las violencias que permean amplias regiones del país.
Se necesita un alineamiento del Estado, de la sociedad, de las comunidades, de las organizaciones (colectivos de víctimas, sociales, empresariales, universitarias, educativas y religiosas) para construir la paz como el gran tema que nos puede abrir un camino de reconciliación social y política. Si no ponemos a las víctimas en el centro del interés del país, no tendremos salida digna para nadie.
Hay que reconocer que las víctimas de las violencias aún no son prioridad, ni para los gobiernos estatal y federal, ni para la sociedad misma. Eso lo pagaremos con creces a futuro, pues las secuelas de esta negligencia van a ser muy atroces. Por esto es necesario poner a las víctimas en el centro para la sanación de esa herida nacional, con verdad y con justicia. Y, desde luego, eso pasa por la ruta del reconocimiento y la garantía de sus derechos y por las capacidades institucionales del Estado para responder a dichos derechos. Y para que esto suceda, se necesita una tremenda voluntad política del gobierno que viene.