Los próximos jueves y viernes, más de sesenta jefes de Estado y de Gobierno, jefes de las principales organizaciones internacionales, representantes de las instituciones financieras mundiales, del sector privado y de la sociedad civil se reunirán en París, a invitación del presidente francés, Emmanuel Macron. Este encuentro internacional tiene como objetivo definir las bases de un nuevo sistema financiero, más justo y solidario, para hacer frente a retos globales: lucha contra la pobreza, cambio climático, protección de la biodiversidad. Según el gobierno francés, la cumbre permitirá “definir los principios de las futuras reformas y marcar el camino hacia una asociación financiera más equilibrada entre el Sur y el Norte”. En pocas palabras, se trata de repensar la arquitectura financiera creada justo después de la segunda guerra mundial, durante la conferencia de Bretton Woods, que dio origen al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM).
Sin embargo, dentro de las delegaciones de algunos países en vías de desarrollo (en particular de América Latina), crece la sensación de que la iniciativa tiene que analizarse con detenimiento antes de ser aprobada. En efecto, las propuestas que han surgido ignoran en parte la tesis de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en el calentamiento climático. Para ella, las economías de los países más desarrollados tienen una responsabilidad histórica por los problemas de emisiones ya acumulados y necesitan asegurar la transferencia de recursos para combatir el problema. Los países desarrollados aumentarán la presión en París para que países de ingresos medios como China, Brasil e India paguen por combatir el cambio climático, desestabilizando el balance de las discusiones de los últimos 15 años.
En cierto modo, esta postura ya viene ocurriendo en varios otros foros desde hace mucho tiempo, pero se ha acelerado. Básicamente, los países desarrollados quieren aumentar el porcentaje de acción climática en la cartera de los bancos multilaterales sin destinar nuevos recursos, reduciendo el espacio para financiar otras áreas como pobreza, educación, salud. Como posible solución para aumentar los recursos, estos países quieren utilizar algunos instrumentos que se consideran interesantes, como el capital público-privado, pero que aumentan el costo de operación para países de ingresos medios como Brasil, India y otros. Es decir, apalancan a los bancos multilaterales de desarrollo, aumentan su costo, obligan a estas instituciones a hacer una agenda que no necesariamente incluye las prioridades de los clientes, y no pagan por el hecho de que ellos fueron los que más contribuyeron a la crisis climática.
Para algunas cancillerías de países en desarrollo, esta visión ha sido impulsada en los documentos preparatorios de la cumbre de París. En las últimas semanas se ha acelerado la presentación de propuestas, que no reflejan un equilibrio en las posiciones de los distintos países. A pesar de la enorme presión que enfrentan, los países emergentes se inclinan a firmar solo una declaración genérica, sin acordar detalles. Entre los países emergentes, no se ignora que necesitan invertir sus propios recursos en la lucha contra el cambio climático. Eso es lo que hace China. Brasil también tendrá que hacer su transición energética utilizando sus propios recursos.
Sin embargo, la visión en las capitales emergentes es que no hay forma de reducir el financiamiento para combatir la pobreza y para la salud, por ejemplo. Es decir, el crédito para enfrentar el calentamiento climático debe ser adicional. Los países más pobres deben ser priorizados, y los desarrollados deben garantizar el prometido 0.70 por ciento de su ingreso nacional como ayuda al desarrollo en lugar del 0.33 por ciento actual. Pero no habrá solución con estas naciones solas. Los países de medianos ingresos deben volver a estar al frente de la agenda de financiamiento. Un compromiso de financiamiento climático establecido en 2009 tenía como objetivo movilizar 100 mil millones de dólares al año para los países en desarrollo a partir de 2020. Ese compromiso, que nunca ha sido respetado por las naciones ricas, expirará en 2025. De ahí la importancia de rediscutir la arquitectura financiera del financiamiento al desarrollo, y de cumplir después lo que ahí se decida.

* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

Twitter: @Gaspard_Estrada