Durante las últimas semanas, Francia ha estado experimentando un ambiente político inédito desde la elección de Emmanuel Macron a la presidencia de la República, en mayo del 2017. Este ex banquero y ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno de François Hollande basó su campaña electoral en el rechazo a las élites políticas tradicionales, posicionándose como un candidato “anti establishment”. Sin embargo, de manera paradójica, su candidatura fue apoyada desde el inicio por buena parte de las élites políticas y económicas de este país.
En poco más de un año de gobierno, Emmanuel Macron ha pasado del estatus de “presidente outsider” que pretende reformar el sistema, al de un “presidente autista”, que impone desde arriba medidas en contra de las grupos más pobres y vulnerables del país. Y efectivamente, las prioridades gubernamentales del equipo del presidente francés y de su primer ministro, Edouard Philippe, han ido en ese sentido. En primer lugar, justo después de su toma de posesión como jefe de Estado, Macron impulsó un proyecto de ley para impulsar la “competitividad” de Francia para atraer y retener a cuadros del sector financiero, y de manera general, de empresarios con (muy) altas remuneraciones, estimando que esta medida contribuiría a aumentar la presencia de corporativos de grandes empresas internacionales. Para ello, el gobierno decidió suprimir el impuesto de solidaridad sobre la fortuna (ISF), que aumentaba la carga tributaria de los mayores salarios en el país, para dar pie a un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario. De tal manera que el capital pasó a ser menos tributado que durante los gobiernos anteriores. Si bien el ISF es un impuesto que pesa poco dentro del presupuesto general del gobierno, su carga simbólica es muy fuerte: se trató de una de las medidas emblemáticas tomadas por el gobierno del presidente François Mitterrand, el primer presidente socialista de la Quinta República, a su llegada al palacio del Eliseo. Desde entonces, el impuesto se mantuvo durante el tiempo, inclusive durante los gobiernos de los presidentes de derecha (con una excepción a mediados de los años ochenta). Por ende, su eliminación suscitó un fuerte debate no sólo durante la campaña presidencial, sino que también fue objeto de polémicas cuando el pleno de la Asamblea Nacional lo suprimió.
Paralelamente a este acto político de consecuencias importantes, el gobierno de Macron suprimió un subsidio que el Estado daba a los gobiernos locales para contratar a personas fuera del mercado laboral, en giros que requieren mucho trabajadores. Como los impuestos ligados a la mano de obra son muy elevados en Francia, sin la existencia de este subsidio, estos puestos de trabajo sencillamente no existirían. De tal suerte que cuando se suprimió este subsidio, varias centenares de miles de personas perdieron su empleo. Esta medida fue muy criticada por los alcaldes y por las asociaciones de lucha contra la pobreza, que vieron aumentar considerablemente el número de personas desamparadas. De tal manera que la asociación entre las medidas a favor de los más ricos, que vieron disminuir sus impuestos, y en contra de los más pobres, que perdieron sus empleos, creó en la sociedad una creciente percepción de aumento de las injusticias y de las desigualdades. El perfil de Macron, un ex banquero de inversión, que ha hecho varias declaraciones arrogantes hacia los desempleados y los pobres en general, también ha contribuido a cristalizar esta percepción de que es un presidente “de los ricos”.
En este contexto surgió el movimiento de los chalecos amarillos, “gilets jaunes”. Este movimiento de composición heterogénea y que rechaza el apoyo de los partidos políticos, ha realizado fuertes manifestaciones en París y en provincia, con saqueos y actos de vandalismo que han sido aprovechados por  el gobiernos para desacreditarlo. Si bien se trata de actos sin ninguna justificación, por ende totalmente condenables, lo que refleja este movimiento es el descontento de la sociedad francesa hacia un gobierno que está rompiendo el pacto social y que agrava las desigualdades. De ahí que a pesar de los destrozos en París, la opinión pública apruebe las protestas, que tienen por primera vez a la defensiva al gobierno de Emmanuel Macron.
* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada