“Aunque la iniciativa ciudadana 3 de 3 no se aprobó, tendrá un efecto positivo”, nos dijo muy seguro Carlos Cruz, durante la entrevista que Ricardo Castillo y este escribidor le hicimos en Ora qué cosa, la semana antepasada, a propósito de la versión descafeinada que aprobó el Senado y ratificaron los diputados federales.
Carlos fue el único mexicano (al menos el único que leí, escuché y/o supe), que recibió la noticia con optimismo. Todos los demás (entiéndase los ciudadanos de a pie), se encabronaron, indignaron, protestaron y condenaron públicamente a los responsables de la ignominia.
“México se quedó sin representantes populares, los que hay son hologramas sacados de un chafa programa autoritario de gobierno”, reprochó un querido y respetable broder en su muro de Facebook, y declaró fúnebre: “México, en la peor etapa de su historia moderna”.
Con formas y palabras menos elegantes, pero tan contundentes y cáusticas, la mayoría ciudadana dijo lo mismo en redes sociales, sobremesas familiares, mesas del café y recesos laborales: “Qué poca madre, pinches cínicos, deberían dejar de robar y ponerse a trabajar”, resumió certera, una amiga, el sentir del respetable popular.
La verdad, Ricardo y yo escuchamos y miramos el optimismo del invitado con caras de “¿te cai?”, matizadas con el mínimo beneficio de la duda, recordando que algo debía saber Carlos, luego de estudiar su maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo en la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte, una de las universidades privadas más reconocidas en Estados Unidos.
Beneficio mínimo, porque en honor a la neta, las causas del malestar no eran para menos, sino hasta para más. Basta un repasito a los agravantes considerados por el colectivo indignado, para entender el escepticismo.
Uno. En el contexto actual, las demandas ciudadanas más urgentes y unánimes tienen que ver con la violencia criminal y legal, y con la corrupción del manejo de los recursos públicos.
Desde hace ya varias elecciones, los candidatos saben, o deberían saber, que seguridad y honestidad son promesas rigurosas de campaña. Si esas promesas son solo enunciados, si carecen de la más remota idea de cómo cumplirlas, si los electores saben que los candidatos una vez electos se harán patos… eso es lo de menos, porque lo único de más… es ganar.
Dos. La propuesta 3 de 3 es la primera iniciativa ciudadana sometida oficialmente a consideración por el Congreso de la Unión. En un hecho inédito, reunió 600 mil firmas de ciudadanos de todo el país, 480 mil más de las requeridas legalmente.
Tres. El castigo a la corrupción influyó notablemente en la decisión de los electores el pasado domingo 5 de junio.
Cuatro. El revire cínicamente autoritario de los legisladores, al aplicarle a empresarios y comerciantes que hacen negocios con el gobierno la ley 3 de 3, la que no quisieron aplicarse ellos.
En fin, había tantos y tan claros factores para entender la gravedad de un desaire a la iniciativa ciudadana que, al votar en contra, los legisladores merecían el mismo editorial que el diario británico The Economist le dedicó al presidente Peña Nieto, en enero de 2015: no entienden que no entienden.
Por eso, cuando Ricardo y yo escuchamos y miramos el optimismo de Carlos pusimos caras de “¿te cai?”. Perspicaz, explicó ipso facto sus razones, en realidad una: “con la discusión sobre la iniciativa los obligamos a definirse, a favor o en contra del combate a la corrupción. Y en consecuencia, dejarles claro que no volveremos a votar por ellos”. Razón tan concreta y sencilla, que en ese momento nos pareció ingenua, romántica, demasiado simple para tomarse en serio. Pero muy pronto, antes de que el gallo cantara, los hechos sustentaron esa razón.
La reacción social en contra de los legisladores fue inmediata y masiva. Normal, considerando tantas experiencias previas de desahogos colectivos. Sin embargo, ahora el encono popular no generalizó culpables como antes –todos los políticos son iguales–, esta vez los acusados tenían nombre y apellido, rostro e identidad, color y etiquetas partidistas.
En cuestión de horas, los usuarios de redes sociales difundieron las listas de los que habían votado a favor de una versión rasurada de la iniciativa, y en contra de la máxima publicidad de sus declaraciones y el uso de los formatos 3 de 3 en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, destacando los nombres y partidos de sus representantes en cada estado, incluidos dos senadores y seis diputados guerrerenses. Obviamente, la mayoría los tundió con el estilo de siempre, pero mayor enjundia que nunca.
Por su parte, el portal web de las organizaciones ciudadanas que presentaron la iniciativa, convocó a los indignados a enviarle “un tuit a los 77 senadores y 291 diputados que no estuvieron a favor de atender nuestras demandas”.
Tenía razón Carlos, al menos los obligamos a definirse. Pero para ser verdaderamente optimistas, el colectivo deberá superar la amnesia que, más temprano que tarde, usualmente serena el malestar, y nuestra clase política deberá demostrar que es capaz de entender lo que no entendían, o no querían entender.

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