Esa vieja impunidad

Leí, escuché y vi en varios medios de comunicación la queja que la joven mujer tlapaneca, Valentina Rosendo Cantú hizo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la agresión y violación de la que fue víctima por parte de soldados del Ejército Mexicano, el 16 de febrero de este año en su comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec.

De igual manera la respuesta que dicha institución castrense hace pública por medio de un boletín de prensa, negando claro está la participación de sus integrantes en dicho delito. Y no es extraño dicho encubrimiento, porque a pesar de conductas delictivas, la jerarquía militar se niega a reconocer la presencia de estos males en sus filas, y busca voltear los señalamientos para encontrar la mejor salida.

Recordemos, aunque doloroso sean, otros hechos semejantes con mujeres de otras comunidades del municipio, denunciadas en años anteriores ante las instancias judiciales y la misma CNDH, por el ex presidente de ese lugar, Antonio García García y que hasta el momento no se ha hecho justicia, por la impunidad con que se mueven los miembros del Ejército.

Las mujeres de Acatepec han sido agraviadas en varias ocasiones. Se ha violentado su libertad, su dignidad e integridad. Todas ellas comparten el hecho de ser miradas por los hombres de verde, como seres sin derecho. Lo anterior, resultado de la construcción mental que algunos individuos tienen de los grupos indígenas, por una parte, y por la otra, a la desvalorización por ser mujeres.

Estas acciones ponen en entredicho la política del gobierno federal con relación a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y el acceso a la justicia. Pero, también pone en el banquillo de los acusados al gobierno estatal de René Juárez Cisneros, cuya Secretaría de la Mujer, antepone su ideología priísta y el sometimiento a las decisiones del Ejecutivo, al cumplimiento de sus ejes pragmáticos, entre ellos, el de proporcionar apoyo jurídico a estas mujeres y exigir la detención y el castigo de los responsables mostrando con ello, no trastocar el poder ejercido por el Ejército Mexicano.

El delito cometido hacia mujeres civiles tiene que ser conocido por las instancias del fuero común e independientemente de la investigación que realicen las del fuero federal o militar. En este proceso, es importante la coordinación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y dentro de estos, los organismos de mujeres.

La lucha contra la impunidad en la que siempre se han movido los integrantes de las tropas en Guerrero y en otras partes del país, requiere de la denuncia de la sociedad civil, porque el hecho de ser miembro de la Defensa Nacional, no le da licencia a ninguno de ellos para actuar fuera de la ley, al contrario, deberían ser el ejemplo en el respeto a las leyes y con ello, a los derechos de las y los humanos.

Por otra parte, los miembros superiores del Ejército deberían entender que estas y otras conductas los han desacreditado, y que la única manera para recuperar la confianza y credibilidad de la población, es emprendiendo una campaña al interior de sus tropas de reconocimiento y respeto a los derechos humanos de la población civil. Al mismo tiempo, sancionar a todos aquellos cuyas acciones violenten las garantías constitucionales de la sociedad civil.

De no parar esta situación y repetirse las mismas conductas delictivas de los soldados, puede generar a futuro un Ejército incontrolable en sus desmanes, y con ello, una gran amenaza para la seguridad de las y los mexicanos.

Sin embargo, todos estos hechos aunque no quiera me provocan recuerdos, me actualiza sentimientos y hace que nazca en mí la desesperación ante tanta impunidad. Y es que una gran parte de mi vida se vio afectada de una u otra manera por la presencia de efectivos del Ejército.

Cuando era niña presencié la toma de mi pueblo por soldados y fui testiga de la violencia ejercida contra los trabajadores ferrocarrileros. Mi abuela logró salvar a muchos de ellos escondiéndolos entre los matorrales de sus inmensos predios. Fue esta mi primera visión sobre el actuar de los soldados mexicanos. Después, no volví a pasar cerca de sus instalaciones en Matías Romero.

Posteriormente, siendo diputada de la 57 legislatura local, dos hechos volvieron a enfrentarme con el Ejército, en uno, un hermano mío fue desaparecido y torturado por sus integrantes, después presentado bajo el cargo de homicidio. Las secuelas del infame acto, mantuvieron durante muchos años a este hombre separado de mi familia, arrastrando alteraciones renales por las lesiones recibidas.

La CNDH se declaró incompetente y tuve que abandonar esa instancia. El otro caso, fue el de Cuixinipa, municipio de Acatepec, pueblo que vivió la violencia de los verdes en 1991, y por cuya denuncia en el pleno de sesiones, fui hostigada y demandada en 1991.

Como ven, la impunidad de los verdes no es nueva, es añeja, y por lo tanto difícil de acabar, más sin embargo, romper el silencio ante tantas barbaridades puede llegar a detener la violencia ejercida hacia muchos de nosotros y nosotras. Para Valentina, mi solidaridad y mi exigencia de justicia.