Ante la contundencia cuantitativa y cualitativa del triunfo de Morena en las elecciones de hace cinco semanas, pasó casi desapercibido un hecho por demás relevante e importante: el achicamiento, casi hasta la extinción del PRI, el otrora partido invencible y hoy ubicado en el quinto lugar de las preferencias y la militancia partidista. En cualquier otra democracia, no se diga las más avanzadas como varias europeas o la japonesa, eso hubiera bastado para que el 3 de junio pasado, los dirigentes de los partidos de oposición perdedores (PAN, PRI, PRD, especialmente) hubieran presentado su renuncia.
Pero en México las habas se cuecen de otro modo. Las dirigencias de los partidos políticos derrotados encabezados por Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano, del PRD, no sólo han soslayado los resultados sino que se aferraron a sus puestos de presidentes. El caso más emblemático, algunos analistas califican de patético, es la modificación de estatutos para que Alito Moreno se mantenga como líder del PRI hasta cuando menos 2030.
El espectáculo priísta provoca risa, estupor y pena, aunque por otro lado, es el fiel reflejo de la calidad de democracia que vive México. Bajo el amparo de una candidata ajena, la senadora Xóchitl Gálvez, quien piensa, siente, vive y sobrevive como panista, el PRI obtuvo votos suficientes para no desaparecer del todo y mantener su registro.
La democracia mexicana, como es bien sabido, es de partidos, no de ciudadanos, y aunque haya organizaciones que no representan grandes masas de ciudadanos o votantes, reciben multimillonarios recursos, gracias a un sistema que garantiza su sobrevivencia, y que se mantengan como botín de minorías enquistadas en sus dirigencias, que gastan esos recursos a su total arbitrio, sin tener que rendir cuentas reales.
Para Guerrero, el espectáculo de Alito lleva como protagonista secundario, pero importante al final de cuentas, al senador Manuel Añorve Baños, quien ha tenido que, como San Pedro, negar a sus amigos, o por lo menos así lo ven quienes saben de su añeja amistad con el ahora también senador Manlio Fabio Beltrones, de quien Alito dijo que es una vergüenza para el priismo y Añorve aplaudió sin ganas, o de Miguel Angel Osorio Chong, a quien en esta administración ofreció amistad y lealtad.
El priísmo en el estado, aparentemente, está reducido a su mínima expresión y muy pocos, o casi nadie, lo ven como oposición viable, mucho menos como partido competitivo en los procesos electorales por venir. El hecho es que ante la muerte del príismo emerge el ¡Viva Alito!, sin rubor y sin vergüenza.
En otro orden de acontecimientos, al iniciarse el ya muy próximo mes de septiembre y que la nueva legislatura del Congreso de la Unión entre en funciones, la primera tarea que afrontará, la más urgente, será llevar a cabo la reforma judicial que por estos días se discute por jurisconsultos, expertos e interesados en foros que se llevan a cabo en distintos puntos del territorio nacional.
El tema ha desatado una acalorada polémica, en que han intervenido no sólo los especialistas, sino observadores desde diversos ámbitos y sectores que intuyen que sus intereses podrían ser afectados por un nuevo marco jurídico. No es para menos, el judicial es un poder señalado por la corrupción, los privilegios y el nepotismo que se han arrastrado de manera estructural por décadas, y por su responsabilidad en el altísimo grado de impunidad que nuestro país sufre.
Lograr una justicia expedita a la que cualquier ciudadano pueda acceder sin importar su nivel socioeconómico o su lugar de residencia, es una aspiración largamente postergada, y es el objetivo principal del proyecto de reforma.
Su necesidad fue planteada desde hace año y medio, en el paquete de reformas enviado por el Presidente al Congreso en el aniversario de la promulgación de la Constitución. No caminó entonces porque la polarización producida alrededor de la pasada elección hizo imposible hacer transitar cualquier iniciativa que requiriese de mayoría calificada, es decir, de al menos dos terceras partes de los legisladores en cada cámara.
Tampoco contribuyó la beligerancia alimentada desde la presidencia misma de la Suprema Corte de Justicia, que entró en conflicto con el titular del Ejecutivo y con las mayorías legislativas del Congreso de la Unión.
Pero las nuevas mayorías construidas a partir de los resultados de los recientes comicios seguramente permitirán que la reforma constitucional enviada nuevamente por el Presidente el mes pasado, pueda procesarse sin contratiempos. Ahora mismo, este nuevo escenario ha propiciado los diálogos a los que nos referimos, en que han participado incluso los actuales ministros de la Suprema Corte.
El punto que desata mayor controversia es la elección popular de jueces, magistrados y ministros; quienes se oponen a este método lo ven como una herejía que pervertirá al Poder Judicial y trastocará la impartición de justicia. Lo cierto es que los actuales procedimientos no han construido un sistema transparente y eficaz.
Por el contrario, el rezago acumulado provoca que la resolución de cualquier caso demore por meses y años, que una proporción aberrante del 90 por ciento y más de los delitos permanezcan impunes, y que en contrasentido, haya miles de hombres y mujeres en las cárceles sin que su juicio culmine y se les dicte una sentencia. ¿Qué tipo de justicia es ésta? En todo caso, el análisis público que ahora se lleva a cabo de la reforma judicial, arrojará propuestas de mejora o procedimientos perfeccionados, que nos acerquen al Estado de derecho del que por siglos ha adolecido nuestra nación, y en el que una pieza fundamental es un sistema de impartición de justicia al que todos tengamos acceso y que cumpla con su función eficientemente, en tiempo y forma, como suelen decir los abogados. La elección popular de los jueces puede tener sus bemoles, pero el adefesio que actualmente tenemos es indefendible, y sus resultados, lamentables.
Por lo pronto, el tema ha generado interés en todo el país, y su primer efecto positivo es la discusión que se ha impulsado en todo el territorio. A los foros organizados por el Congreso de la Unión se han sumado otros muchos eventos de información y debate.
Por ejemplo en Guerrero, diversas instituciones universitarias, colegios de abogados y organizaciones empresariales ya realizaron ocho foros distritales para analizar la propuesta, y el partido Morena ha anunciado que la semana próxima llevará a cabo asambleas informativas en las cabeceras de los distritos federales, ocho de ellos en la entidad, para difundir su proyecto. Cuando a fines de esta semana se celebre el Día del Abogado, en las innumerables reuniones de colegios e instituciones que agrupan a ese gremio, el tópico único o principal será la reforma al poder judicial y sus alcances. Ojalá, aprovechando esta coyuntura, se rediseñara también el marco legal que norma la joven democracia mexicana, se deshicieran entuertos y se termine con el régimen de partidos con dirigencias ricas y militancias raquíticas y pobres, también que se reformarán los órganos electorales como el INE y el tribunal electoral, rémoras de una democracia de “a mentiritas” que nunca ha incluído a la ciudadanía y si ha preservado y favorecido el régimen de partidos.
Con esa reforma se inaugurará la nueva legislatura del Congreso de la Unión, y a la vez, servirá de culminación al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Un buen cierre, sin duda.