Crónica de un fraude anunciado

 Cuando el 13 diciembre del año pasado se discutían en el Consejo Universitario los criterios para la integración de la Comisión Electoral, se dio un fuerte debate entre miembros del Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), y los de la llamada Alianza Estratégica Universitaria (AEU).

Debate que versó, de manera fundamental, en torno a la exigencia del FAUG de que la Comisión Electoral se integrara plural y equitativamente considerando las candidaturas, como elemento que ayudaría a dar certeza de que la conducción del proceso electoral sería imparcial y apegado a derecho.

Pero ni los argumentos y propuestas, incluso la de insaculación, para integrar esta Comisión, valieron. Al más viejo estilo de la intolerancia, ante el “irrebatible” argumento del “ejercicio de la mayoría”, la mayoría del rector se impuso.

Este hecho me dio indicios claros de cual sería el comportamiento de las autoridades universitarias durante el proceso. Sólo fue el anuncio de lo que sucedería después. La imposición numérica se impuso y en esos mismos términos se integró una Comisión Electoral parcializada. Situación de la que incluso presumió el propio candidato oficial Nelson Valle López.

La reiterada negativa a la participación de los representantes de los candidatos en las sesiones de la Comisión Electoral por parte de esa mayoría sometida a AEU, contribuyó grandemente a la pérdida de credibilidad en el proceso. No se trata de un asunto de mero trámite, sino de tener presente que nuestra participación en las sesiones de la Comisión Electoral, le hubieran dado un mínimo y elemental grado de apertura, que no de representación democrática, pero pesó más la intolerancia y la cerrazón.

Esta actitud –por ejemplo– en el caso del secretario técnico, Carlos Rubén Silva García, como la comunidad universitaria podrá ver y explicarse en unos pocos meses, quedará evidenciada con mayor claridad cuando se le haga efectiva una beca de Año Sabático, que se dice, le fue autorizada por el rector. Hoy desde luego, no podemos afirmarlo, pero más adelante este hecho lo podremos constatar, entonces veremos y entenderemos el por qué de su nefasto proceder durante todo el transcurso del proceso.

Una de las solicitudes que también reiteradamente presentamos, es la relativa al padrón electoral. Desde el 11 de febrero demandamos que nos entregaran copia del padrón inicial, enviado como base por los directores de las escuelas, facultades y dependencias y claro, no tuvimos respuesta; pero al día siguiente 12 de febrero enviamos oficio a la Comisión Electoral para informarle que en el padrón del Servicio Médico de Chilpancingo aparecían enlistadas ocho personas que meses atrás habían realizado su servicio social, mismo que por no ser trabajadores no debían aparecer en el mismo.

Más aún, el 10 de marzo, contra reloj y con horas y horas de trabajo, un equipo de compañeros pudimos presentar en tiempo y forma la impugnación global al padrón que constó de 21 hojas, por las siguientes causales:

1.–El padrón nos fue entregado en fotocopia a las nueve de la noche del 7 de marzo.

2.–Enlistó indistintamente a estudiantes y trabajadores sin contener ni matrícula, ni número de empleado, sabiendo de antemano que estudiante sin número de matrícula no es estudiante, ni trabajador sin número de empleado no es trabajador, por lo que no tenían derecho al ejercicio del voto, lo que por lo menos generaba sospecha por no poder confrontar esa información con la base de datos oficial, entonces cabe la pregunta ¿a quién se credencializó? y ¿cómo y con quiénes se hizo el padrón?

3.–Contenía 555 nombres repetidos de igual número de electores, que al no depurarse permitía el doble voto, pues se trata de estudiantes que a su vez son trabajadores de la institución.

4.–El padrón contenía 35 mil 545 electores de preparatorias cuando la matrícula oficial es de 37 mil 490 de ese nivel, lo da una diferencia de mil 945 estudiantes.

5.–Además se encontró que en algunas escuelas el padrón se infló en mil 132 nombres en escuelas que en las que les resultarían votos favorables y en sentido contrario se rasuró al suprimir 3 mil 116 estudiantes. Impugnación que para no variar, no tuvo respuesta.

Aunado a lo anterior, se encuentra el proceso de credencialización, que con tiempos establecidos se supone estuvo organizado desde la propia Comisión Electoral. Este proceso se efectuó sin el cuidado de hacerlo sólo con aquellos estudiantes que estuvieran legalmente inscritos, lo que genera serias dudas sobre el mismo.

Asimismo, está otro elemento: el proceso de credencialización corresponde a la preparación del proceso, es un momento antecedente a la jornada electoral, pero fuera de todo procedimiento y de los tiempos establecidos, e incluso auspiciados por miembros de la Comisión Electoral plegados a AEU: directores y subdirectores de diversas escuelas expidieron credenciales el mismo día de la votación, a pesar de que el Reglamento Electoral indica que la forma de acreditarse para votar, en el caso de los estudiantes, es la credencial expedida por la propia Comisión (en el proceso de credencialización) y la credencial del IFE, por ello resulta aberrante que el secretario técnico de la Comisión Electoral minimice este hecho, cuando sabe a ciencia cierta que los estudiantes no podían acreditarse para votar con cualquier credencial.

De esta manera, entre los nombres repetidos, las incontables homonimias (de las que podemos decir, son cuando menos de 50 a 150 casos por escuela, que en casos de dos y tres nos pueden llegar a dar totales verdaderamente escandalosos), así como con las duplicaciones de votantes (como trabajadores y como estudiantes), la credencialización oficial sin la rigurosidad que el caso requería, más todavía la efectuada el propia día de las votaciones, y la falta de aplicación de tinta indeleble en toda la Tierra Caliente, como consta en propias declaraciones de un miembro de la Comisión Electoral al el diario El Sur.

Así, el rector (presidente de todas las Comisiones del Consejo Universitario), la Comisión Electoral y los directores de escuelas trabajaron arduamente para lograr el “triunfo” del delfín del rector, ensuciando el proceso sin recato, en tanto llamaban a la cordura.

Pero todavía es más escandaloso que en este proceso electoral, el rector desde octubre del año pasado estuviese aprobando ascensos de categoría para trabajadores de ambos sindicatos, violentando también la normatividad contractual (contratos colectivos y convenios signados bilateralmente), que claramente establecen el procedimiento para ello.

Asimismo, violentó lo discutido y aprobado en el Tercer Congreso General Universitario efectuado en Acapulco y el Estatuto de la universidad, (todavía no publicado hasta la fecha), en el que textualmente se establece: “Queda estrictamente prohibida la promoción de categorías, el uso del patrimonio universitario o la presión de funcionarios y trabajadores que tengan como fin una labor proselitista”.

En nuestra impugnación presentada a la Comisión Electoral planteamos en cuando menos dos ocasiones esta situación y la necesidad de que la Comisión asumiera el compromiso de llamar al rector a la cordura y a la suspensión de dichos actos.

Estos hechos muestran que el rector que recientemente llamaba a la concordia, lo hacía mientras se convertía en el principal promotor del candidato oficial Nelson Valle; que el rector que pugnaba por la emisión de un voto libre, ya había ejercido las presiones que consideró necesarias para orientar la voluntad de una parte de los universitarios, léase maestros, que a su vez irían a presionar a sus alumnos.

Sus acciones nos muestran a un rector que mientras plantea que quienes apoyamos la candidatura de Rogelio Ortega somos violentos, con conciencia y en abuso y extralimitación del encargo que le dimos los universitarios, ha ejercido violencia al presionar a estudiantes de casas del estudiante y a los trabajadores para que votaran por su candidato; vemos a un rector que se desgarra las vestiduras y dice que se llena de vergüenza ante las pintas realizadas en Rectoría, pero no lo hace con sus propios actos.

El fraude se consumó el 12 de marzo, pero estuvo anunciado desde el momento en que se integró de manera parcial a la Comisión Electoral y el rector decidió dar mal uso a la mayoría que todavía tiene en el Consejo Universitario, para garantizar que –como nos los dijo un día–, se mantenga en Rectoría alguien “leal” que permita que un proyecto personal, léase la candidatura a la gubernatura de Armando Chavarría, pueda ser menos tortuosa.

Por esto afirmamos que en el reciente proceso electoral se enfrentaron dos proyectos distintos, contrapuestos: uno que gira en torno a intereses personales y otro que intenta rescatar lo mejor de las luchas universitarias para que la institución retome el rumbo, para que deje de mal educar a los estudiantes corrompiéndolos en los procesos electorales, y genere las bases de una educación crítica, comprometida socialmente, humanista, con un alto sentido de la necesidad de brindar la mejor formación académico profesional a los jóvenes guerrerenses.

*Trabajadora de base de la Dirección de Planeación y Desarrollo Universitario. Miembro de la dirección de CD-MAR.