El viernes se publicó en El Sur un desplegado que en mi opinión es uno de los productos más importantes de la Quincuagésima
Octava Legislatura de Guerrero, “en nombre del pueblo que representan”.
Después de que muchos ciudadanos sufrieron en carne propia los embates de la tormenta Henriette después contemplaron con
desesperación que no podrían hacer un reclamo hacia las inmobiliarias que evidentemente habían cometido un fraude en su
contra. Ni Profeco, ni el MP ni ninguna otra instancia era capaz de ofrecer en ese momento lo que el ciudadano común y
corriente, afectado, engañado, desorientado, necesitaba para proteger su máximo patrimonio familiar: su casa.
Y de la lectura de los periódicos uno se preguntaba si las inmobiliarias involucradas (gigantes del billete e influyentes a nivel
nacional) iban a seguir respondiendo en son de burla hacia esta gente, a la cual inicialmente le hospedaron en hoteles del puerto,
les regalaron hornillas eléctricas y les prometieron restituirles sus pertenencias para después aceptar que sólo iba a ser una
fracción de las mismas. El problema era gravísimo, porque había mucha gente afectada, y era evidente que lo que ocurriera iba a
ser un antecedente, bueno o malo, del comportamiento de estas inmobiliarias para con sus clientes en el futuro.
Pues los diputados locales respondieron a lo que yo creo era lo que se esperaba de ellos. Elaboraron un documento que al leerlo
representa para mi un súper jalón de orejas para todos, desde la federación hasta el municipio, incluyendo inmobiliarias y
constructoras para hacer lo que desde un principio se debió haber hecho, considerando que hubo “violación sistemática de leyes,
normas y reglamentos en materia de desarrollo urbano y ecología, por parte de servidores públicos y particulares”.
Continúo con un extracto del Acuerdo Parlamentario con lo siguientes puntos importantes:
Solicitan a Protección Civil del estado y del municipio un dictamen de las condiciones de riesgo de los nuevos desarrollos (va a
estar fácil, ya no tienen que proyectarse al futuro; sólo tienen que consultar el pasado).
Exhortan a Semarnat para que no cambie la vocación natural (que en la zona de humedales es evidente) del suelo ni el uso de
suelo del Plan de Desarrollo Urbano (con muchos asegunes y errores y con consecuencias graves, como ahora vemos).
Solicitan a Conagua que se deslinde de autorización de obras construidas en su zona de competencia (cauces, vasos, etc).
Que CAPAMA y Conagua indiquen que se ocupa para que no se vuelvan a inundar estos desarrollos inmobiliarios (en mi humilde
opinión, algo casi imposible).
Que las diferentes comisiones del Congreso investiguen la violación sistemática de toda ley de construcción, construcción y
ecología, así como el otorgamiento de licencias y aprobaciones de los desarrollos La Marquesa del I al V, Gaviotas, Villas Paraíso I
y II, La Marquesita, Casas Ara, Costa Dorada, Casas SEGSA, La Ceiba y Residencial Diamante, y quienes fueron para fincar
responsabilidades (Sería encantador también conocer quienes fueron los que hicieron los Estudios de Impacto Ambiental y ver
cómo los torcieron para que pareciera que “no pasaba nada” con una poquita de agua).
Que el municipio no otorgue ni cambios de uso de suelo ni licencias de construcción para desarrollos de alta densidad (yo diría
que de ninguno) en zonas inundables, de humedales o la que su vocación natural no la haga compatible con modificación de
ningún tipo (Atencioooón, esto es muy importante). También piden que Contraloría Municipal cheque el asuntito de los dineros
aquí involucrados.
La legislatura se solidariza y ofrece apoyo jurídico para que las inmobiliarias indemnicen, compensen, devuelvan la lana y se
proceda contra los funcionarios públicos que “cocinaron” con su falta de profesionalismo todo este problema (Se escucha un seco
clac, que es mi mandíbula acabando de abrirse en exceso).
Que el municipio no otorgue licencias de ocupación mientras no se resuelva todo este merequetengue (esto hay que subrayarlo,
porque hace dos sábados todavía Geo ¡intentó venderme cuando los visité en su oficina!).
Que el estado y el municipio ya terminen el Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio, instrumento fundamental para que
¡todo esto no esté ocurriendo!
Y por último –y de gran importancia– se dirige a los inversionistas pidiéndoles que protejan su propio dinero y que eviten hacer
chanchullos con licencias y estudios que les rebotan en pérdidas millonarias como ahora les debe estar ocurriendo. El boomerang
se les regresó muuuy rápido justo ahí, donde duele, en el billete.
Alguien podría decir que los diputados están haciendo lo que se supone que deberían hacer al haber sido nombrados como
representantes del pueblo ante estas grandes broncas. Mucho les hemos reclamado, pero creo en justicia que se les debe
reconocer este esfuerzo que redundará en el futuro en seguridad patrimonial de los que busquen hacerse de una casa, respeto
ambiental al no utilizar zonas que ni siquiera sirven para construir, seguridad para el inversionista que se quiera arriesgar con
nosotros para que no fracase y pueda recuperar su dinero con ganancias razonables, haciendo ver a nuestro municipio como un
lugar atractivo para venir a hacer negocios.
Por todo esto y por lo que supone este documento en el sentido de regular el futuro de la construcción de desarrollos
inmobiliarios que hasta antes de la tormenta Henriette habían tomado camino propio y crecido al estilo Mr. Hyde, yo propongo,
de la manera más respetuosa, otorguemos una ovación de pie para nuestros diputados que han demostrado que reconocen la
importancia de su labor y la cumplen a cabalidad.

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