En el debate sobre la reforma del Poder Judicial son muy pocos los mexicanos que la reprueban porque al final hasta los miembros prominentes de ese poder han terminado por reconocer que la percepción popular es que ha incumplido su deber de impartir justicia.
El presidente de la República que está más al tanto de la opinión de los mexicanos ha insistido en que ese poder erigido para hacer justicia ha traicionado la aspiración del general Morelos quien fue el primer estadista en el México independiente que imaginó un Poder Judicial de la nueva nación al servicio de la justicia, de los derechos humanos, de la educación del barretero y por la abolición de la esclavitud.
Norma Lucía Piña Hernández, la primera mujer en ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha puesto en entredicho la honestidad de su género al convertir en faccioso el poder que representa interviniendo en el proceso electoral buscando favorecer al bloque opositor en componendas con el presidente del PRI.
El ministro Luis María Aguilar, presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura ha defendido la autonomía del Poder Judicial calificando como un atropello todo intento de reformarlo porque, según él, la autonomía e independencia de ese poder lo protege de todo intento popular para hacer un ajuste de cuentas por tantos años de injusticia que ha validado a favor de la élite y de los poderes fácticos que se adueñaron del país.
Él mismo mantuvo resguardado por diez meses, sin ningún pudor, el expediente de un corporativo evasor de impuestos que adeudaba 25 mil millones de pesos. Le importó más defender al deudor del pueblo que el presupuesto público que financia los programas sociales.
La estrategia del Poder Judicial después de que fue creado en 1827 devino en un aparato beneficiario de los poderosos, manteniéndose en la opacidad, alejado del pueblo, ignorante e ignorándonos a todos los que sabíamos de sus corruptelas y privilegios en que viven jueces y ministros.
Gracias a que el pueblo se hizo gobierno, a lo largo de estos seis años hemos documentado todas las incongruencias del Poder Judicial que actúa en contra de los intereses populares.
En la conferencia mañanera del 20 de julio del presente año la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde aseguró que de los 2 mil 500 funcionarios que ilegalmente ganan más que el presidente de la República, 2 mil 300 son del Poder Judicial, o sea que quienes están para velar que nadie esté por encima de la ley son los primeros en violarla.
Ya decía Carlos Marx que el capitalismo ha construido todo el andamiaje legal como un medio artificioso para favorecer a los dueños del dinero poniendo en ese lugar a sus personeros que actúan protegidos con la artimaña de la autonomía.
Si en la aparición de la propiedad privada está el origen de todas las injusticias, como sostiene el francés Joseph Proudhon, hagamos cuentas de tantos años que lleva favoreciendo a los suyos empezando por la Iglesia católica que en nuestro país se apropió de los mejores bienes seculares hasta que en su momento el Benemérito hizo justicia.
Y parafraseando al diputado Gerardo Fernández Noroña, más que una reforma del sistema judicial necesitamos hacer una revolución de la que nazca un nuevo poder que quite los privilegios que se otorgan para sí mismos los ministros de la Corte, y que se reduzcan los gastos que el pueblo paga para mantener a un poder ajeno a sus intereses y derechos.
La elección de jueces y magistrados, la reducción del número de integrantes de la Corte, observando la paridad de género en su composición, son decisiones irrenunciables porque el actual Poder Judicial ni ha mantenido la coordinación con los otros poderes y mucho menos ha atendido las demandas de justicia de particulares; por eso nuestro país se ubica en el primer lugar de impunidad.
El presidente de la República ha denunciado en esta misma semana que ahora el Poder Judicial parece inmune a toda exigencia de rectitud porque trata de ayudar a 13 de los más grandes contribuyentes en el país en el pago de un adeudo al SAT que llega a los 130 mil millones de pesos.
Por eso el mandato de la mayoría de los electores que votaron por la continuidad de la 4T implica someter a los más altos funcionarios del Poder Judicial al imperio de la ley reduciendo sus salarios a lo que establece la Constitución porque, como todos sabemos, los jueces y magistrados se opusieron a esta medida encaminada a favorecer a los mexicanos más vulnerables.
Los más ilustres miembros del Poder Judicial son incapaces de presentar argumentos razonables contra la elección de jueces y ministros. Norma Piña defiende la situación actual hablando de la importancia que tiene la experiencia para ejercer dichos cargos, negando con ello la capacidad de discernir que tienen los electores, aunque como dice el presidente Andrés Manuel, vale más el sentido común para juzgar que toda la experiencia del mundo si se está para favorecer a los poderosos.
Pero tampoco olvidemos que hacer prevalecer la justicia en nuestro país tiene que ver con la renovación de todo el aparato, desde la policía municipal, las fiscalías estatales y la federal y el servicio de la asistencia legal gratuita y con traductores.
Los pobres no están equivocados cuando afirman que en México la justicia es para los que tienen para pagarla porque todo el aparato está corrompido. Los policías de cualquier servicio y rango son ladrones con credencial. En lo poco que se ha avanzado durante el presente sexenio es que ya en los pueblos la gente ha dejado de presumir de su amistad y compadrazgo con los mañosos. Los narcos ya no se exhiben con sus fiestas y conductas estrafalarias para que el pueblo los admire y les tema. Hasta puede ser que haya cambiado aquel ejemplo que usaba don Julio Scherer de Proceso cuando ilustraba el temor que causaba al pueblo un policía. Decía aquel ilustre periodista que si un ciudadano va por la calle y tiene qué decidir si toma la acera de la derecha o la izquierda, opta por la que ocupa un transeúnte común para no toparse con un policía en la otra acera.
Estoy convencido que el pueblo se sentirá muy satisfecho si con el nuevo gobierno, en Guerrero, se refuerza la presencia de la autoridad en las calles para inhibir la violencia, pues recordemos que cada miembro de la Guardia Nacional nos cuesta y debemos ser vigilantes de su desempeño. Que la autoridad pinte bien su raya y se distinga de la delincuencia, no importa que se hayan tardado en usar los drones para combatirla. Si en Acapulco se logra desterrar la inseguridad y la violencia podemos pensar que todavía es posible recuperar la paz y la tranquilidad que requieren nuestras familias. Votemos por la revolución en el aparato de justicia.