Las recientes derrotas de Bolsonaro en Brasil y de la mayoría de los candidatos republicanos alineados a Donald Trump en Estados Unidos son una excelente noticia para las democracias occidentales. Sin embargo, esto no quiere decir hayan dejado de estar en peligro.
Para que una democracia funcione, es fundamental que los ciudadanos confíen en sus instituciones y en los medios. Infelizmente, en América Latina, la situación es preocupante.
Por un lado, las plataformas digitales –donde se lleva a cabo buena parte del debate político hoy en día– han hecho de la “libertad de expresión” un mantra que ha permitido la proliferación de falsas noticias y de contenidos de odio, principalmente por parte de movimientos de extrema derecha, sin que las políticas de regulación de contenidos funcionen correctamente. Por otro lado, los organismos a cargo de organizar las campañas –que, en América Latina, disponen de facultades para regular los contenidos de los medios en tiempos de campaña– usan un diseño institucional inadaptado a la nueva realidad digital, lo cual contribuye a generar polémicas en torno a sus decisiones.
El mundo digital no puede ser un territorio sin ley. Para ello, es necesario que los candidatos, las plataformas y los organismos electorales interactúen más y mejor para generar normas que permitan restaurar la confianza en las democracias.
Tras el fin de los regímenes autoritarios (la mayoría, dictaduras militares) durante los años 1980, buena parte del esfuerzo para darles credibilidad a las elecciones, y por ende, a las democracias, pasó por la estructuración de leyes y mecanismos de regulación de las campañas que permitan una mayor confiabilidad, transparencia y equidad. A pesar de que la institucionalidad democrática regional siga siendo débil, la mayoría de los organismos electorales latinoamericanos han conseguido instituir marcos regulatorios robustos, en particular, en lo relativo al manejo de los contenidos en radio y televisión.
Sin embargo, la llegada de las plataformas, como Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram o Tiktok trajo consigo una modificación sustancial de los patrones de consumo de información, así como de los procesos de toma de decisión en materia electoral. Esta situación tuvo un impacto particular en Latinoamérica, que se ha vuelto la segunda región del mundo en cuanto al uso de redes sociales, con más de 390 millones de usuarios.
Esta tendencia se ha ido acompañando de un proceso de pérdida de interés en la información política en América Latina. Según el del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, Brasil es el país donde la situación es peor: el 54 por ciento de los brasileños evita las noticias, muy por encima de la media mundial, que es del 38 por ciento. Hace cinco años, el 27 por ciento de los brasileños prefería no consumir noticias, ligeramente por debajo de la media mundial de entonces, que era del 29 por ciento.
Frente al desinterés creciente de los electores para la información, y el aumento de la frustración con la política y de la polarización social en la región, los equipos a cargo de las campañas han aumentado los gastos en publicidad en las plataformas digitales, haciendo de estas últimas un elemento central de sus campañas electorales.
El problema principal es que estas últimas, cuando deciden regular contenidos, respaldan sus decisiones con base en la “violación a los términos de uso de la plataforma” en vez de remitirse a las normas del árbitro electoral. ¿Cuál es el problema aquí? Las leyes electorales son asumidas como teniendo un rango inferior a las normas establecidas por la propia plataforma, de manera que el contencioso electoral se vuelve un asunto de derecho privado, en el cual no existe la posibilidad de ejercer un recurso de apelación, y hacer valer cualquier tipo de jurisprudencia para defenderse.
Esto tiene que cambiar. Contrariamente a las decisiones recientes de Elon Musk para Twitter, las plataformas digitales deberían aumentar el presupuesto dedicado a la moderación y verificación de contenidos, en particular en otras lenguas que no sean el inglés. Por otro lado, parece indispensable dar más transparencia a los ingresos ligados a la publicidad política en las plataformas, para evitar que su funcionamiento transnacional impida la tarea de monitoreo y de fiscalización de las campañas por parte de las autoridades electorales.
Si la falta de regulación de las plataformas contribuyó decisivamente a la llegada al poder de líderes de extrema derecha como Jair Bolsonaro o Donald Trump, esperemos que los poderes públicos decidan actuar junto con las plataformas para evitar el retroceso democrático sea aún mayor.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

Twitter: @Gaspard_Estrada