Después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio, Perú tiene un nuevo presidente de la República. O al menos, debería tenerlo. Sin embargo, a pesar de que el 100 por ciento de los votos ha sido contabilizado por la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Instituto Nacional Electoral del Perú, y que los resultados, si bien son estrechos –poco menos de 45 mil votos de diferencia entre el primer y el segundo lugar– no dejan lugar a dudas, Pedro Castillo, el candidato del partido Perú Libre, respaldado por un número importante de personalidades de centro izquierda, encabezadas por la ex candidata presidencial Verónika Mendoza, ganó la contienda frente a Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori y tres veces candidata del partido Fuerza Popular. Esta última, a pesar de haber asegurado que aceptaría y reconocería los resultados, ha denunciado un fraude, desautorizando los procedimientos e instancias electorales oficiales, promoviendo entre sus seguidores la idea de que existe un engaño invisible, un delito que no se puede demostrar. Es una apuesta política que tiene como objetivo instalar una falla de origen en el próximo gobierno y agitar emocionalmente los peores fantasmas de una sociedad dividida.
En este sentido, la renuncia de Luis Arce, uno de los miembros de la autoridad electoral del Perú, contribuyó a enturbiar todavía más el proceso. Arce, quien actualmente está siendo investigado por tráfico de influencias y corrupción, invoca la transparencia y acusa de parcialidad a los demás miembros de la institución, que son mayoría y que quieren declarar a Pedro Castillo como presidente electo a la brevedad.
Aunque ninguna de sus denuncias electorales ha prosperado legalmente, Keiko Fujimori no ha retrocedido, al pedir que se anulen votos e inclusive convocando a una vigilia pública para rezar por la “defensa de la libertad y la democracia”. Ese mismo día, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, denunció que fue agredido por supuestamente avalar un fraude electoral para el cual no hay pruebas. De manera que el clima político es cada vez más tenso en Perú, a poco más de quince días del bicentenario de la independencia del país, el 28 de julio de 2021, cuando el nuevo presidente de la República tiene que tomar posesión.
Desde fuera, este escenario es percibido con inquietud, sobre todo a raíz del papel que jugaron los observadores internacionales durante la contienda, ya sea la Organización de Estados Americanos (OEA), la Internacional Progresista, o bien la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL). Todas las misiones de estos organismos respaldaron el proceso electoral, al no encontrar ningún tipo de fraude. Ante esta situación de incertidumbre, varios gobiernos decidieron pronunciarse y respaldar el proceso –así como la futura presidencia de Pedro Castillo. En este sentido, los comunicados del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea fueron vistos como un balde de agua fría para las ambiciones golpistas de Keiko Fujimori, quien tuvo que contentarse con un artículo de opinión de Mario Vargas Llosa en El País como principal sostén de sus aspiraciones a nivel internacional. El fracaso de la exportación de la narrativa del “fraude” a nivel internacional sin duda alguna significó un duro revés para Fujimori. Sin embargo, esta última sigue disponiendo del apoyo de buena parte de las élites de la capital, Lima, que tienen un miedo infundado hacia Pedro Castillo, a pesar de que éste ha moderado considerablemente su discurso, al pedir al actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, mantenerse en su puesto (Velarde ha sido presidente del BCRP desde hace quince años, y el garante de la estabilidad macroeconómica del país).
Por otro lado, Castillo dejó entender que su futuro ministro de Economía será el profesor universitario y ex economista del banco mundial, Pedro Francke. Con estos mensajes, podríamos suponer que los medios empresariales peruanos estarían más tranquilos. Pero por lo visto, el problema no se resume a la economía: se trata ante todo de un problema de privilegios, que la élite limeña tiene miedo de perder. En Perú, para parafrasear a Vargas Llosa, se viven “tiempos recios”.

* Director Ejecutivo de Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada