Alicia de los Ríos es una historiadora y docente. Como miles de familiares en todo México, se ha dedicado los últimos lustros de su vida a buscar a su madre. Alicia de los Ríos Merino fue víctima de desaparición forzada en 1978 a manos de la Brigada Especial. También conocida como Brigada Blanca, este grupo policiaco-paramilitar del régimen tenía tareas explícitas de terrorismo de Estado contra sus opositores. Según testigos sobrevivientes, Alicia fue retenida en el Campo Militar Número 1 durante al menos seis meses.
No obstante, Alicia, su hija, manifestó en su cuenta de X, antes Twitter, la desagradable sorpresa de no encontrar a su madre en el más reciente censo realizado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las y los desaparecidos en el país: “Mientras las autoridades federales anuncian que la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (nuevo censo de desaparecidos) no ha borrado a nadie, mi mamá Alicia de los Ríos Merino (desapareció en 1978 y denuncié en la PGR en 2002) no aparece en ninguna categoría. Fue borrada”.
Como en el caso de Alicia, hay decenas de notorias omisiones dentro de esta nueva estrategia presidencial para maquillar el doloroso número de desapariciones en el país ante la inminencia de las elecciones presidenciales. El censo de personas desaparecidas anunciado en junio pasado por AMLO, conocido hoy como Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, tiene como finalidad exclusivamente política demostrar que el sexenio del actual mandatario no es el de mayor número de desapariciones de la historia. Sin embargo, tan sólo 40 por ciento de los reportes de desaparición de este mismo censo han ocurrido durante la actual administración federal, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Un reportaje del periodista Efraín Tzuc para Quinto Elemento Lab y A Dónde Van los Desaparecidos, publicado este lunes 22 de enero, recoge y da voz a varios casos como el de Alicia. Pero no sólo eso. Hace ver con evidencias sólidas e historias humanas que, en efecto, el presidente que ha optado por dar el mayor poder e impunidad a los militares en la historia reciente de México tiene “otros datos” sobre la crisis de desapariciones. Datos equivocados que insultan y revictimizan a miles de familias víctimas de esta tragedia sin fin.
Un primer ejemplo revelador citado por Efraín Tzuc dentro del tramposo censo ordenado por López Obrador, es el del defensor comunal de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia, desaparecido hace un año por luchar contra la imposición de la minera Ternium. Su caso, junto al del abogado Ricardo Lagunes Gasca, adquirió inusual notoriedad a nivel internacional. Sin embargo, dentro de esta nueva “estrategia” desesperada por desaparecer a los desaparecidos, Antonio Díaz Valencia está registrado como “persona ubicada”.
Cita dentro de su reportaje Tzuc a Keivan Díaz, hijo de Antonio: “El hecho de que a mi papá lo tomen en esa categoría es totalmente mentira porque no hay indicios. ¿Qué significa eso? ¿Hay un carpetazo por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda hacia el caso de mi papá? ¿Qué va a pasar? Genera mucha incertidumbre, da bastante coraje”.
La investigación revela aún más: “Bajo las categorías de ‘Personas ubicadas’/’Con indicios’, ‘Se requiere información de identidad’ y ‘Con identidad sin datos adicionales’/’Se busca reportante’ se encuentran víctimas que cuentan con resoluciones internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición, emitidas por los comités contra la Desaparición Forzada (CED) y para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y también casos mediáticos sobre los que las familias buscadoras han hecho declaraciones durante años, según pudo constatar este medio”.
El reportaje señala que las categorías para las desapariciones del censo de AMLO ni siquiera están incluidas en la Ley General de Víctimas y tampoco en la Ley General en Materia de Desapariciones, ni existen en el Protocolo Homologado de Búsqueda que asienta el método y los pasos para la búsqueda de personas desaparecidas. En fin: una ocurrencia.
Todo esto sucede mientras el gobierno federal da muestras de querer reventar las investigaciones del caso Ayotzinapa con miras al final de sexenio. Desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se está litigando para frenar la investigación que el propio presidente de México asumió –arbitrariamente– como responsabilidad personal. Los militares le han puesto freno de mano.
El desastre en el intento por rasurar radicalmente la crisis de desapariciones en México con fines electorales y, sobre todo, pasando por encima de las familias de las víctimas, ocasionará un clima de incertidumbre y desconfianza absolutos. Por no hablar de la carta abierta para que esta pesadilla continúe perpetuándose durante un sexenio más. A fin de cuentas, de lo que hablamos no es de regatear cifras con fin ideológico ni para lavarle la cara a un líder autoritario. De lo que hablamos es de vidas humanas. De lo que hablamos es de dignidad. Algo que a los gobiernos –empezando por los federales– parece serles una cualidad ajena y estorbosa.